Se tramita a bombo y platillo en
nuestro parlamento la Ley de Transparencia, que ha de suponer la regeneración
de la vida política y la devolución a la ciudadanía de la confianza en sus
representantes. Además, va a ser una ley innovadora pues incluirá a todas las
instituciones, hasta a la Corona. Se trata, en suma, de que los mismos que, aun
estando sometidos al código penal, las leyes de incompatibilidades de cargos
públicos y el control de los diversos tribunales de cuentas, han saqueado el
erario público, sean purificados a través de una ley cuya aplicación correrá
por cuenta de un órgano compuesto por ellos mismos. Anda ya!
A mí, cuando me hablan de
transparencia, me viene a la cabeza aquella frase que decíamos de pequeños
cuando alguien se interponía entre nosotros y la pantalla de televisión:
“Aparta, que la carne de burro no es transparente”. Pues eso, entre nosotros y
la decencia política se interponen un montón de burros, con las alforjas llenas por
cierto, a los que es ineludible apartar de nuestro camino si queremos restaurar
la confianza en la cosa pública. O de verdad piensan que los españoles somos tan
estúpidos como para creernos la Ley de Transparencia mientras Ana Mato, Pepiño
Blanco, los Pujol o Griñán sigan en primera fila de la política? Seguro que la
Corona queda libre de sospecha por publicar sus ingresos presupuestarios
mientras se trata de evitar a toda costa que la Infanta sea investigada por los
que obtenía a través de empresas dedicadas al
tráfico de influencias?
Por qué no se pone en marcha el
sistema de listas abiertas que, sin ser la panacea, puede servir para apartar a
los corruptos de la vida política? Por qué no se establece como medio de
adjudicación de licencias la declaración responsable del ciudadano y su control
posterior, evitando trabas previas y la posibilidad de “mordidas”? Por qué no
se imponen límites temporales a la permanencia en cargos públicos? Por qué no
se suprime definitivamente la figura del aforamiento, residuo histórico que
carece hoy de fundamento? Por qué no se aplica la Ley de Prevención de Blanqueo
de Capitales a los políticos españoles, que se excluyeron expresamente dejando
en cambio a los extranjeros ("vaya morro!", que diría mi hija) La respuesta es
sencilla: se trata de cambiar para que nada cambie.
Algunos argumentan, poniendo el
carro delante de los bueyes, que Dinamarca tiene una ley de transparencia
política y la corrupción es insignificante. No será que lo que tiene son
políticos honrados? Cuando vea a los
políticos honestos, que todavía los hay, expulsar de sus partidos a los
deshonestos, empezaré a creer en la transparencia y regeneración. Mientras,
seguiremos pensando que quieren aparecer ante nosotros vestidos con una nueva
ropa pero, eso sí, sin haberse duchado antes. Y el cambio de hábito no va a
poder disimular el olor a podredumbre que actualmente acompaña a la política en
nuestro país.
“Res non verba”.
Ah, no, por ahí no paso. A Ana Mato que no me la toquen.
ResponderEliminar¿Cómo iba a saber quién pagaba el viaje a Disney?
¿Cómo iba a saber quién pagaba la comunión de los niños?
¿Cómo iba a saber quién pagaba el Jaguar de ocho cilindros?
Es verdaderamente injusto. Ella se siente como Calimero.
¿Y Pepiño qué?
ResponderEliminarTotal, por equivocarse con la manguera del gas-oil.