Que Hacienda somos todos… aunque
unos más que otros, es algo sabido por cualquier español mínimamente
informado.
Pero parece que ha llegado la
hora de que lo sepan también en el resto de Europa. Así, el bufete Amsterdam
& Partners LLP ha presentado en Madrid una macro causa colectiva contra la
AEAT —esa institución que alegra tus mañanas con requerimientos certificados—
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
El despacho acusa a Hacienda de
violar sistemáticamente los derechos fundamentales de los contribuyentes
españoles. ¿Y cómo lo hace? Pues con una serie de prácticas que harían las
delicias de la mafia calabresa:
Persecución selectiva, sin
garantías ni controles previos, en lo que vendría siendo una “caza del
contribuyente” indiscriminada.
Utilización de medios propios de
un thriller, como geolocalizar el móvil de Shakira para probar su residencia
fiscal, husmear en redes sociales o emplear inteligencia artificial para
detectar perfiles de defraudadores. (¿Big Brother? No, Big Hacienda).
Elusión del control judicial en
casos de grandes liquidaciones. Esto se logra disuadiendo al contribuyente del recurso a la
vía contencioso-administrativa mediante la amenaza de acciones penales si no
acepta el “acuerdo” propuesto. Ahí tenemos el caso de Xabi Alonso, quien —a
diferencia de Cristiano o Messi— se negó a pactar y fue perseguido con
tenacidad bíblica. Todavía le buscan las cosquillas, a pesar de haber sido
revolcados en los tribunales una y otra vez.
Y si a los grandes contribuyentes
les aplican técnicas de caza, a los pequeños les aplican técnicas de pesca.
Pero no de curricán, sino de arrastre. ¿Te equivocaste en una casilla del IVA?
¿Te faltó un punto y coma en una declaración trimestral? ¡Enhorabuena! Hacienda
te premia con una sanción de 100 €, que saben que no vas a recurrir porque cuesta más el café con el asesor que la propia multa. Y
así, millones de pequeñas
sanciones injustas van llenando el estómago insaciable
del fisco. Porque todo es bueno para el convento, que decía el fraile.
Para hacer funcionar este sistema
perverso se ha implantado un sistema de bonus igualmente retorcido: inspectores
con incentivos económicos por abrir expedientes según volumen de recaudación,
rapidez y acuerdos con los contribuyentes. La calidad técnica, la equidad o la
seguridad jurídica son, al parecer, cuestiones secundarias. En Hacienda, abrir
una investigación injustificada también tiene premio. Y, como en Los Soprano,
los de abajo llenan el sobre de los de arriba, mientras reciben el suyo propio.
Por no hablar del goteo constante
de casos de corrupción individual que se suceden discretamente. El último
afecta nada menos que al presidente del Tribunal Económico-Administrativo
Central, acusado de recibir sobornos a cambio de estimar recursos. Todo un
ejemplo para los contribuyentes.
Lo preocupante no es que
la AEAT actúe como un organismo sin control judicial real, con un poder
desproporcionado y una capacidad de presión propia de regímenes totalitarios.
Lo más grave es que este sistema se aplica de forma desigual, según las ideas o
contactos del contribuyente. Si eres un youtuber independiente, que quiere
escapar del infierno fiscal, te geolocalizarán el móvil o revisarán las cámaras
de la frontera, a ver si pueden residenciarte en España por haber ido al IKEA
de Badalona. Pero si eres hermano del Presidente del Gobierno puedes percibir
un sueldo fijo de la Diputación de Badajoz y declarar que resides en Portugal.
Y los inspectores de la AEAT redactarán un informe jurídico que certifique que
este fenómeno paranormal de bilocación tributaria es perfectamente legal.
¡Con un par! Tanto es así, que un exdirector de la propia AEAT, el prestigioso
Ignacio Ruiz-Jarabo, ha afirmado que la Agencia presentó un informe falso.
Ahora, con la causa colectiva en
marcha y la opinión pública internacional atenta, se abre la posibilidad de que
el Estado español tenga que responder en Estrasburgo por su trato a los
contribuyentes. Sería el momento de poner sobre la mesa reformas como suprimir
el viciado sistema de incentivos, recuperar el carácter vinculante de los
planes de inspección —para poner coto a la arbitrariedad y garantizar la seguridad jurídica— o reforzar los
canales de denuncia y protección frente a represalias.
Pero, siendo honestos, no tengo
demasiadas esperanzas. La ´Ndrangheta lleva siglos operando en Calabria sin que
se haya podido poner fin a sus desmanes, hasta el punto de que un informe de
Europol la considera la organización criminal más rica del mundo. Eso es que
Europol todavía no ha investigado a la ´NdranghAEAT.