Solo puede quedar uno.

 

Lo más destacado de las elecciones autonómicas en Extremadura es, sin duda, el ascenso de Vox, un fenómeno que se ha interpretado desde múltiples claves. Entre parte del electorado del Partido Popular se percibe una mezcla de sorpresa e incluso de satisfacción ante la posibilidad de que Vox actúe como complemento, como ese empujón que permita al PP “derechizarse” y desprenderse de algunos complejos históricos frente a la izquierda. De ahí surgen discursos sobre pactos de gobierno en comunidades autónomas, reparto de responsabilidades y entendimientos estables.

Pero la política no funciona así. Pensar que un partido político va a saltar al terreno de juego con la vocación de ser un segundón permanente, una muleta al servicio de otro, no tiene ningún sentido. Nadie crea un partido para terminar sosteniendo la escalera mientras otro ejerce el poder. Y menos aún cuando los programas del PP y Vox son distintos y, en muchos aspectos, radicalmente incompatibles. Que una parte del electorado popular no quiera asumirlo tiene probablemente más que ver con el miedo a mirar de frente la verdadera ideología del partido al que vota.

Las diferencias son profundas y estructurales. En la agenda verde, por ejemplo, el PP la ha asumido prácticamente como dogma —“el Evangelio”, en expresión del exministro García-Margallo—, mientras que para Vox es una ideología a combatir. En inmigración ilegal, el PP apuesta por fórmulas de regularización más o menos encubiertas, mientras que Vox defiende la repatriación de los irregulares.

En el modelo territorial, el PP ha interiorizado el sistema autonómico hasta convertirlo en una estructura de taifas profundamente arraigada, con barones que se equiparan al líder nacional, convertido en un primus inter pares. Para Vox, ese mismo sistema es la causa principal de la división de España y de profundas insolidaridades entre territorios.

En materia LGTBI y normativa de violencia de género, el PP pasó de una aceptación tibia a asumirla como parte de su acervo político —“líneas rojas”, en palabras de María Guardiola—. Vox, por el contrario, plantea directamente su derogación o modificación.

En fiscalidad, el PP se limita a prometer contención y límites a las subidas, mientras que Vox habla abiertamente de una “motosierra” sobre el gasto público, especialmente el político, como paso previo a una bajada sustancial de impuestos.

A todo ello se suma un factor no ideológico, pero determinante para cualquier pacto serio de gobierno: la regeneración democrática de las instituciones. Ambos partidos la exigen pero resulta difícilmente compatible con uno de ellos,  salpicado por múltiples escándalos de corrupción que afectan a todas sus estructuras: desde la sede nacional, reformada con dinero procedente de mordidas en la contratación pública, hasta diputaciones provinciales —la de Almería es el último ejemplo—, pasando por redes de corrupción calificadas judicialmente como organización criminal en comunidades como Madrid.

Desde estas premisas se entiende que Vox no tenga especial interés en entrar en gobiernos regionales, máxime cuando los antecedentes demuestran la escasa voluntad real del Partido Popular de compartir poder. Y también se entiende que el PP mire a Vox con una mezcla de necesidad y recelo, deseando en el fondo su desaparición.

Veremos cómo lo ocurrido en estas elecciones se replica y amplifica en próximas citas autonómicas, con un tercer actor, el PSOE, en caída libre. La prueba de fuego llegará en las elecciones generales, cuando Vox exija entrar en un gobierno nacional conforme a su representación parlamentaria, que —si las encuestas no se equivocan— podría situarse en torno a 110–130 escaños para el PP y entre 70–90 para Vox. En ese momento comprobaremos si el PP es capaz de pactar con Vox, lo que implicaría un giro radical de sus políticas nacionales y una ruptura de facto con sus aliados europeo, o si, por el contrario, opta por seguir el ejemplo de otros partidos conservadores europeos y buscar un acuerdo con un PSOE ya sin Sánchez.

La pista la dio un peso pesado de la ejecutiva popular, Esteban González Pons, en un debate televisado durante la campaña electoral de 2023, cuando recordó, “por si alguien no se había enterado”, que “en Bruselas el PP es coalición con el PSOE y con los Verdes y seguiremos siendo coalición con el Partido Socialista y los Verdes”.

Al final del camino, los votantes de derechas tendrán que elegir. Y, como en la película de Los Inmortales, el desenlace es inexorable a medio plazo: solo puede quedar uno.