La corrupción y la primera piedra.

Salta la noticia de que la empresa catalana FCS Select Products, principal proveedor de mascarillas del Gobierno, ha tomado la de Villadiego tras cobrar 253 millones de euros sin presentar sus cuentas desde 2020. Nadie podrá decir que esto no se podía saber, porque bastaba con leer el BOE durante la pandemia para intuir que el latrocinio que se venía iba a superar todo lo conocido hasta el momento.

Cuando, por ejemplo, en 2020 se publicó la adjudicación de un contrato para compra de hisopos, por importe de 4,3 millones de euros,  a una empresa sin dirección, con dos empleados y especializada en moda, quedó claro que lo que se avecinaba no era una crisis sanitaria, sino un saqueo de manual. Nuestros políticos, con gran generosidad, debieron pensar que no bastaba con meternos el palito sólamente por la nariz.

Parece ser que hasta los chinos alucinaban viendo las comisiones y sobrecostes que aplicaban los contratistas locales a suministros tan sofisticados como una mascarilla o un bastoncillo con un algodón. ¿Quién nos iba a decir a los españoles que ahora nos tocaba a nosotros entregar el oro a cambio de baratijas? Aunque ojo, que no era solo cosa nuestra, porque la contratación de vacunas por parte de la emperatriz Von der Leyen daría para un capítulo del Buscón. La pandemia supuso un salto cualitativo en los métodos de enriquecimiento ilícito. ¿Qué 3% ni qué 3%? Se añade un cero y todo queda mucho más redondo... y divisible.

El problema de la corrupción en la contratación pública es que se parece mucho al crimen perfecto. Quienes la niegan suelen alegar que no hay pruebas, como si las corruptelas se documentaran con contratos, facturas, recibís y pólizas notariales. Y eso de pedir factura por el pago de comisiones para desgravarlas, solo lo ha hecho un club de fútbol al vicepresidente de los árbitros. Spoiler, no salió bien del todo.

Los corruptos que siguen el procedimiento reglamentario lo hacen con más pudor. Se licita un contrato por un importe hinchado, se establecen criterios de adjudicación a medida del contratista “adecuado”, se adjudica, se ejecuta, se paga, y el contratista abona la comisión al político o funcionario trincón mediante una transferencia a una empresa interpuesta. Si, además, la empresa está radicada en el extranjero —pongamos, la República Dominicana—, miel sobre hojuelas.

¿Y no se pueden detectar estos delitos?, dirán algunos. Pues sí. Y es bien fácil, porque basta con aplicar la coplilla chulapa: “¿De dónde saca pa tanto como destaca?”. No nos engañemos: cualquier político, o sus familiares y allegados sin oficio conocido, que llevan un tren de vida muy por encima del que permiten sus ingresos oficiales deberían estar en el punto de mira. Nos referimos a expresidentes que compran caballos con billetes de 500 euros, ministros que se hacen con pisos en el centro de Madrid sin hipoteca, o los áticos puestos a nombre de sociedades administradas por el abogado del novio.

Un conocido gay decía: “Todos los que lo parecemos, lo somos… y muchos que no lo parecen, también”. Podemos aplicar su frase a la política sin temor a equivocarnos: todos los políticos que parecen corruptos lo son… y muchos que no lo parecen, también.

La prueba de lo dicho es que, si de verdad se pretendiera perseguir estos delitos, existen mecanismos de sobra. Siguiendo el rastro del blanqueo saltarían sorpresas que, paradójicamente, no sorprenderían a nadie. El problema es la falta de voluntad. Porque, a estas alturas, lo único vigente es la frase bíblica: “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. Y no parece que gobiernos —estatales, autonómicos o locales— ni oposición estén muy por la labor de acercarse a la cantera.