El esperpento autonómico y la unidad de mercado.

La Constitución consagra el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la nación española,  lo que está muy bien aunque el 99,9 % de los españoles no tiene ni idea de la diferencia entre nación y nacionalidad. Para subsanar esta laguna un método puede ser el señalado en la Biblia para distinguir los verdaderos profetas de los falsos, condensado en la frase “por sus obras los conoceréis”.

Pues bien, el análisis de las obras resultantes de las autonomías española nos hace movernos entre el estupor y el sonrojo. No se trata ya de las grandes cuestiones relativas a la unidad de España, en tela de juicio por las reivindicaciones catalana y vasca. Se trata de que cuando miras a cualquiera de los reinos de taifas en que se ha convertido esto, no se ven más que personajillos dedicados a crear problemas que inmediatamente les superan.

El desquiciado taifa catalán, desgobernado por una camarilla dedicada a llevarse el dinero público vía comisiones a paraísos fiscales. El vasco, donde los logros de un pueblo laborioso, que ha dado lo mejor de sí mismo en su historia española, peligran por la atribución de parcelas de poder a unos tipos que solo se diferencian de los integristas musulmanes en que la religión que predican es laica. Los andaluces, con un gobierno implicado de lleno en tramas corruptas pero que ahí sigue. Los valencianos, entre la quiebra y la sospecha. Y eso lo más notorio, porque los que no salen en la foto como extremeños, asturianos o aragoneses tampoco resisten la visión crítica de sus paisanos.

Así, nos encuentramos con gobiernos de chichinabo incapaces de resolver los problemas básicos de sus electores como la educación, pero jugando a resolver los de la humanidad. Patéticas las plataformas, agencias y observatorios autonómicos contra el cambio climático, la igualdad de la mujer o la solución del hambre en África, dedicados a copiar en pequeño lo que ven en Internet que hacen los grandes, con gran alegría para los amigos que se colocan en los puestos creados a tal fin. Por no hablar del sector financiero, donde la casi totalidad de las entidades controladas por las autonomías ha dado quiebra y un inmenso agujero para las arcas públicas.

Se tramita ahora la Ley de Unidad de Mercado, para evitar disparates como el que una empresa holandesa pueda operar en todo el territorio español con una licencia de Holanda y, en cambio, una empresa española requiera diecisiete licencias. Pues ya han saltado los politicos autonómicos en defensa de sus competencias, porque la defensa de sus administrados en el fondo les importa un pimiento.

Esperemos que esta ley sea el comienzo de un proceso de racionalización que ponga algo de orden en este gazpacho de organismos, boletines oficiales y burocracia infinita. Aunque si me preguntan a mí, vistos los resultados opino que lo mejor es tirar las autonomías al pilón.