Vox y el voto obrero: misterio para unos, evidencia para otros.

Ante los datos que revelan que Vox lidera ya la intención de voto en el CIS entre los desempleados, buena parte de los asalariados más humildes y quienes se consideran pobres, la prensa progresista se pregunta, con asombro, cómo es posible que las clases trabajadoras voten a lo que ellos consideran “señoritos a caballo”.

No se puede ser más ciego ni estar más alejado de la realidad. La izquierda hace tiempo que dejó de responder a las inquietudes de los trabajadores para entregarse de lleno a la agenda 2030, cuyos beneficiarios no son, precisamente, sus votantes tradicionales. Ofrecer a la gente de barrio un paquete de globalismo, climatismo, feminismo, ideologías queer y multiculturalismo, envuelto en “talante y tolerancia”, puede colar un tiempo… hasta que los destinatarios descubren lo que hay detrás del mundo woke.

Porque, al final, esa fiesta se paga con dinero público y beneficia, sobre todo, a una nueva élite que disfruta de privilegios exclusivos mientras se mira el ombligo y se permite decir a los demás que “están salvando el mundo” … a nuestro pesar. Detrás del globalismo se esconden intereses de multinacionales que sobornan a políticos y financian a sus voceros. Detrás del feminismo radical se percibe un ataque feroz a la familia, tradicional pilar de defensa para los más desfavorecidos. Detrás del multiculturalismo se encuentra una inmigración descontrolada que copa los beneficios del Estado del bienestar y expulsa a las clases trabajadoras del sistema.

Y claro, prohibirle al currante circular con su diésel de 12 años para salvar el planeta es complicado cuando ve al intelectual progresista llegar a la tertulia en un Tesla de 60.000 euros. Lo mismo que pretender que la prioridad de un camarero o una peluquera sea la autodeterminación de género, cuando lo que de verdad le preocupa es llegar a fin de mes. Ni hablemos de convencerle de que debe compartir su centro de salud o su vivienda protegida con inmigrantes ilegales, mientras los predicadores de estas políticas viven en barrios con hospitales y colegios privados y sin esa ordinariez de centros de MENAs a la puerta de sus casoplones.

Por eso, el hartazgo de quienes padecen el wokismo seguirá aumentando al mismo ritmo que crezcan sus efectos negativos. Y, llegado el momento, no dudarán en votar a quien simplemente les ofrezca soluciones reales a sus necesidades.

Mientras tanto, la progresía —de derechas y de izquierdas— seguirá en su burbuja. Y cuando la realidad les estalle en la cara, se preguntarán, como María Antonieta, por qué el pueblo se queja de no tener pan… habiendo brioche.

El feminismo de vida alegre.

 

Lo del feminismo, la izquierda siempre lo ha tenido claro, pero nunca tanto como ahora. Ya decía Zapatero que el feminismo “hace mejores personas, da otra sensibilidad”. Y se pusieron manos a la obra con las cuotas, las paridades y las manifestaciones.

Pero cuanto más de izquierdas, más feminismo, y por eso era necesario Podemos para dar otra vuelta de tuerca y “feminizar la política”, que todavía quedaba mucho “machista frustrado”, como decía el Coletas. Lo de la igualdad de derechos y la no discriminación —que, por cierto, está en la Constitución del 78— no era suficiente. Había que feminizar desde el lenguaje hasta la ciencia. Y así pasamos del tradicional “señoras y señores”, que se decía al hablar en público, al “todos y todas” (lo de “todes” da para otro artículo) y “nosotros y nosotras”, para, a continuación, acabar diciendo “portavoces y portavozas” y, por último, suprimir el masculino y usar simplemente “vosotras”, aunque te estés dirigiendo a una asamblea de mineros del carbón. O aplicar la perspectiva de género a las matemáticas, porque los números son heteropatriarcales y las númeras están discriminadas.

Es cierto que algunos detalles hacían suponer que el sistema no estaba del todo logrado. Las intenciones de Pablo Iglesias de “azotar a Mariló Montero hasta hacerla sangrar”, confesadas a Monedero —otro ilustre aliado feminista— revelaban ciertos fallos del modelo. O lo de ir cambiando de novia y mandando a las anteriores al gallinero del Congreso… que le pregunten a Tania Sánchez. Pero nadie es perfecto, como decía Jack Lemmon a Tony Curtis, adelantándose a su tiempo.

Nuestro actual Gobierno no se queda atrás. Sánchez es feminista hasta en inglés. “Only through feminism will we build the best democracies”, decía, dando lecciones de feminismo a toda Europa. Su vicepresidenta Yolanda no se queda atrás y, como no sabe inglés por culpa del heteropatriarcado que no le convalida sus másteres, se queda en la parte nacional y propone cambiar la “patria” por la “matria”.

Lo que no sabíamos los del patriarcado es que el feminismo fuera tan suelto de bragueta, que si no más de uno lo habría abrazado con entusiasmo. Y así nos hemos enterado de que los aliados feministas del puño y la rosa dedicaban buena parte del presupuesto a empoderar al sector de las prostitutas. Desde Ábalos, que las colocaba en TRAGSATEC con ayuda de la fontanera, cuando no las paseaba por el Parador de Teruel en plena pandemia, hasta Koldo, experto en la gestión de “scorts” para la trama del Peugeot.

Los de Podemos no pagan prostitutas porque les basta con acosar a las podemitas. Y así nos enteramos de que Errejón, con esa pinta del plasta que no se comía un rosco en la Uni, resultó ser una especie de Rocco Siffredi que, en las fiestas, se sacaba el aparato en cuanto se daba la vuelta cualquier afiliada. Aunque no fue el primero, porque eso parece que se aprende en la Facultad de Ciencias Políticas. Allí Monedero puntuaba a las alumnas más por lo que se movieran en la piltra, que diría un castizo, que por lo que escribieran en el folio.

Por eso, cuando tocaron poder y pasaron de cambiar sexo por notas a cambiarlo por cargos remunerados, vino el desmadre. Alguien decía que los de Podemos vinieron a la política a follar, y parece que no les ha ido mal. Pero ojo, que eso no invalida sus firmes convicciones feministas. Como manifestó Errejón al juez, cuando le preguntaba si “solo sí es sí”: “Eso lo he visto escrito en la denuncia, pero en la vida real la gente no va con consignas”.

Las escuchas de Koldo también plantean algunas dudas existenciales, pues no sabíamos que el nuevo feminismo socialista consistiera en decirle a las señoritas cosas como: “Que se vea la teta” o “Gorrión, estoy yo pensando que por qué no me traes una cubanita para este fin de semana”. Pero estoy seguro de que, como Errejón, también tendrán alguna forma de explicarlo ante los jueces. Porque yo no pierdo mi fe en Pedro Sáunez, digo Sánchez y, como él, estoy “roto de dolor” por su error en “haber confiado en personas que tienen ese tipo de conversaciones vergonzosas sobre las mujeres”. ¡Aguanta, Pedro, por la igualdá!

Mentiras arriesgadas

 

En España, ya no hace falta Netflix para encontrar ficción: basta con leer los currículums de nuestros políticos. En cuestión de días, una oleada de expedientes “creativos” ha dejado claras dos verdades: la primera, que de un político no te puedes creer ni la filiación, y la segunda, que la formación de quienes nos gobiernan tiene más agujeros que un queso suizo.

El fuego mediático lo encendió Noelia Núñez, flamante vicesecretario de movilización y reto digital del PP, que se presentaba como una empollona, capaz de compaginar su actividad política con estudios de Derecho, Ciencias Jurídicas y Filología Inglesa. “Hay tiempo para todo si te esfuerzas”, decía con desparpajo la impostora. Hasta que descubrimos que lo único que había sacado durante el tiempo que pasó en la universidad era un envidiable bronceado.

Pero no está sola en el partido. Juanma Moreno Bonilla, por ejemplo, empezó presentándose como licenciado en Económicas y su currículum se ha ido encogiendo con cada legislatura: ahora puede presumir de un cursillo en protocolo y un máster de esos sobre “liderazgo en la administración” que se imparten en escuelas privadas, hechos a medida para políticos, cómo no, con factura al contribuyente.

En el PSOE, lo de los falsear títulos es casi una religión. Óscar Puente tiene un máster expedido por una fundación afín al partido (por asistir, básicamente, a un campamento juvenil para futuros cuadros socialistas); el ingeniero Patxi López consiguió no pasar de primer curso en diez años de ingeniería (sus padres aún deben de estar orgullosos); y Pedro Sánchez sigue ostentando una tesis doctoral que no sabemos si es de política, de ficción o un copia-pega del “Rincón del Vago”. Han conseguido la excelencia en la materia hasta el punto de otorgar cátedras universitarias a personas sin estudios para que expidan títulos a los demás. ¡Toma del frasco!

Si echamos la vista atrás, la diferencia asusta. Los tecnócratas del franquismo y los ministros de Suárez, González o Aznar tenían carreras profesionales sólidas, oposiciones ganadas a pulso o experiencia empresarial o académica real. Podían ser brillantes o mediocres en su gestión (y muchos se revelaron como auténticos chorizos), pero al menos sus currículums no se deshacían al contacto con la realidad.

La cuesta abajo empezó con Zapatero, que aplicó al pie de la letra la máxima del mediocre: rodearse de personajes aún más mediocres para que nadie le hiciera sombra. Desde entonces, la prioridad ha pasado de la preparación a la cuota de paridad, el marketing y, sobre todo, la obediencia ciega al líder. El nuevo modelo es claro: obediencia primero, currículum después. No faltan personas preparadas en España, pero a los partidos no les interesan. Un ministro con ideas propias y jerarquía es un problema. Un ministro obediente, aunque su única experiencia previa sean años de peloteo al líder de turno, desde la temprana afiliación a las juventudes del partido, es una apuesta segura.

Cuando el torero Juan Belmonte le preguntó a un antiguo banderillero suyo, nombrado gobernador de Huelva, cómo se había metido en política, recibió la genial repuestas “ea, maestro, degenerando”. Pues ahora, a fuerza de degenerar, llegamos a la frase culmen de la ministra Yolanda Díaz —auténtica zote, cuyo currículum previo al ministerio cabe en una servilleta—: “Me encantaría que tuviéramos un ministro o una ministra limpiadora o albañil”. A estas alturas yo propongo lo contrario: que los ministros actuales dejen el maletín y cojan la fregona. No por populismo, sino por utilidad pública. Así, al menos, harían algo productivo entre rueda de prensa y rueda de molino.

Porque, si de desbarrar se trata, prefiero un gobierno de limpiadoras antes que uno de licenciados de pega. Las primeras saben madrugar, rendir cuentas y dejar el suelo limpio. Los segundos solo dominan la técnica de barrer debajo de la alfombra… especialmente cuando se trata de su propio currículum.

“Nunca vayas contra la familia (política)”

 

En un post anterior hablaba de los inconvenientes del bipartidismo español, esa coreografía política que podríamos resumir con la frase: “de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas”.

Muchos aún creen que esa alternancia pactada entre “los míos” y “los tuyos” es el modelo perfecto de estabilidad: un carrusel democrático que siempre vuelve al mismo sitio, pero con diferente pegatina en la puerta.

Los últimos días, el bombardeo de noticias sobre corrupción en el PSOE, dignas de un manual de delincuencia organizada (enchufismo, chanchullos en contrataciones, fraudes en subvenciones, dinero tropical en Dominicana y Venezuela, nepotismo al cubo… aderezado con un desfile de “chicas de la vida” y grabación de películas porno en saunas gay) han puesto en cuestión este supuesto equilibrio. Parecía que, tras tantas revelaciones, había llegado el momento de pasar página y cambiar de turno, hasta que llegó la noticia que rompió el guion. La imputación de Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda del partido alternativo que gobernó tres legislaturas (y cuyo homólogo en la primera tampoco salió precisamente limpio), cambió por completo el escenario.

Montoro está siendo investigado por haber impulsado reformas tributarias presuntamente diseñadas a medida para beneficiar a grandes empresas vinculadas al despacho fiscal del que él mismo había sido socio antes de asumir el cargo. Es decir, leyes hechas “con nombre y apellidos” para quienes, casualmente, también formaban parte de la cartera de clientes de su antiguo bufete.

Este hecho, más allá de su gravedad, simboliza a la perfección lo que algunos ciudadanos sospechaban desde hace tiempo: que lo ocurrido en España durante los últimos 40 años no es un sistema de alternancia entre dos opciones políticas, sino un auténtico reparto del país y de sus recursos entre dos clanes, con distinto color corporativo pero idéntica voracidad.

Al igual que en los años 20 en USA, la Banda de Chicago, las Cinco Familas de NY o el Gang de Detroit se repartían los negocios del juego, la prostitución, la protección y el alcohol, las dos grandes familias políticas de este país, “los azules” y “los colorados”, (con el apoyo de clanes menores como los "recogenueces" o "la banda del tres per cent") han gestionado, con similar disciplina, su propio “negocio”: desde el nepotismo y la corrupción en contratos públicos hasta la prevaricación y, en algunos episodios turbios, el uso de métodos más propios de gánsteres que de políticos (de Amedo y Domínguez a los sicarios presuntamente enviados por el ministro Jorge Fernández para secuestrar en su domicilio a la familia de Bárcenas y recuperar la contabilidad B del Partido Popular).

Si acaso, podríamos reconocer al “gang colorado” un sector donde parece llevar ventaja: el mercado de saunas y clubes de ocio, así como el de las películas X, nichos que domina con notable eficiencia.

Esto, que podría parecer una exageración, no lo es con el actual Código Penal en la mano. Porque ambos partidos cumplirían sobradamente las condiciones para ser imputados como organizaciones criminales (al margen de la responsabilidad personal de los autores materiales) por varios de los delitos imputables a las personas jurídica: cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partidos políticos, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales o delitos contra la intimidad y descubrimiento de secretos, como mínimo. Multitud de sentencias y procesos penales en curso evidencian la responsabilidad por culpa “in eligendo” e “in vigilando” de ambos partidos (Filesa, Gürtel, Roldán, ERE, Púnica, Marea, Tarjetas Black, Montoro..). Y que no lo estén ya se debe fundamentalmente a que, hasta 2015, se preocuparon muy mucho de excluir a partidos y sindicatos de cualquier responsabilidad penal. Solo por presión de la Unión Europea se corrigió esa “peculiar” laguna en nuestra normativa.

¿Cómo se ha mantenido este escenario durante tanto tiempo?

Por la misma razón que en la América de la Ley Seca: políticos comprados, funcionarios complacientes, policías en nómina y una prensa demasiado cómoda para incomodar a nadie. Un sistema perfecto donde la indignación ciudadana rara vez pasaba de ser un murmullo y donde el ciclo de “quítate tú que ahora me toca a mí” parecía inquebrantable.

Por suerte, la arrogancia y torpeza de unos y otros, junto con la existencia todavía de jueces y policías honestos, pueden evitar que España acabe hundiéndose definitivamente en el lodo. No será fácil, pero la historia ofrece motivos para la esperanza. Ya hemos estado gobernados por ladrones antes: desde el Duque de Lerma —aquel que, para evitar ser ahorcado, se vistió de cardenal— hasta los Romanones o los gánsteres del Gobierno Popular de la Segunda República. Y, aun así, el país logró sobreponerse, demostrando esa fuerza de la que hablaba Bismarck cuando decía que “España es el país más fuerte del mundo, porque los españoles llevan doscientos años intentando destruirla y no lo han conseguido”.

Llegados a este punto, la pregunta no es si se debe actuar, sino cómo. Y quizá la respuesta esté en las palabras de Malone en Los Intocables:

“Él trae un cuchillo… tú llevas un arma… si manda a uno de los tuyos al hospital, tú mandas a uno de los suyos a la morgue. ¡Así es como se hace en Chicago!”

En nuestro caso tal vez no haga falta tanta pólvora, pero sí reformas estructurales (ley electoral, transparencia, separación efectiva de poderes, control institucional) aderezadas con una escoba lo bastante grande para barrer la inmundicia acumulada por décadas de bipartidismo tóxico. Pero eso requerirá, en primer lugar, que nos quitemos la venda de los ojos, tratemos de ver la realidad como es, no como nos gustaría que fuera, y tengamos el coraje de admitir que hemos sido engañados. Y luego la determinación de no permitir que vuelva a repetirse nunca más. Porque  “no se trata solo de atrapar a Capone. Se trata de demostrar que la ley aún significa algo.”

El paraíso multicultural (Buenos días y Allah akbar, por si acaso)

 

Se dice que en cada generación hay un selecto grupo de gilipollas convencidos de que el socialismo no funcionó simplemente porque no lo dirigieron ellos. A ese grupo, plenamente vigente hoy en día, podríamos añadir otro aún más creativo: el de quienes aseguran que la integración del islam en Occidente no está funcionando… porque no la gestionan ellos.

El islam, como casi todos sabemos, ha sido siempre enemigo acérrimo de Occidente, y las diferencias se han resuelto, básicamente, con alfanjes y arcabuces. Y no podía ser de otra forma, antes y ahora. Porque, cuando una religión se presenta también como un sistema político completo —incluyendo normas sobre cómo vestir, qué comer, con quién casarse o qué castigos aplicar—, la convivencia con culturas liberales se vuelve, digamos, intensa. Y no es que quieran imponer su sistema político: es que Dios se lo ordena.

Por eso, el multiculturalismo —esa palabra mágica que arregla todo desde la distancia— empieza a hacer aguas cuando hay que integrar cosmovisiones tan diferentes. Mientras a cualquier occidental le puede parecer bien, higiene aparte, tener un kebab en la esquina, difícilmente veremos a una asociación musulmana aceptando las salchichas en el menú escolar. Y no se van a limitar a pedir que sus niños no las coman, sino que pretenderán (ya lo hacen) que se eliminen del menú, porque la simple existencia del embutido es una ofensa intolerable.

La cosa se pone más interesante cuando llegamos a la vestimenta, las manifestaciones religiosas, la igualdad de género o la orientación sexual… La receta del multiculturalismo funciona muy bien mientras los ingredientes no se repelen entre sí. Pero aquí tenemos una mezcla con una reacción química que produce, como resultado, unos compuestos muy particulares: islam combinado con homosexualidad produce ahorcamiento público; mujer más minifalda origina ramera; paseante con perro es animal impuro; o cerveza con tapa de jamón supone cárcel.

Aun así, nuestros líderes —ese selecto grupo de estrategas que nunca falla una— han decidido que hay que integrar al islam tradicional en las sociedades occidentales. Aunque, en realidad, no se trata tanto de integrarlo como de reconstruir la cultura occidental desde cero y sustituirla por un nuevo modelo dirigido por ellos mismos. Como siempre, por nuestro bien.

El problema es que esto no va a funcionar. No porque seamos malvados intolerantes, sino porque hay realidades que no se pueden reconciliar a base de eslóganes. Cuando se trata de la relación entre Occidente y el islam tradicional, la cosa es simple: o ellos, o nosotros. Y si queremos que el “nosotros” incluya libertades civiles, igualdad de género y separación entre religión y política, tendremos que tomar decisiones algo menos estéticas que los hashtags solidarios.

Eso implicará —¡qué escándalo!— reconsiderar deportaciones masivas de ilegales y delincuentes, proteger las fronteras y eliminar el negocio humanitario de ciertas ONG que, bajo apariencia de compasión, gestionan flujos de personas como si fueran operadores logísticos del caos, eso sí, cobrando sus fletes, tarifas y comisiones. Ahí está Open Arms, por ejemplo, o los acuerdos tácitos con sátrapas de países emisores que están vaciando sus cárceles para exportarnos talento en pateras. El caso de Mohamed VI es digno de estudio: alguien debería darle un premio a la externalización de la delincuencia.

Y todo esto no es teoría conspirativa: basta mirar a Francia, Alemania o, mejor aún, a Suecia. Ese país que fue emblema del civismo nórdico y que, gracias a sus activas políticas pro inmigración se ha convertido en un estercolero multicultural. De Thores y valquirias con estética IKEA, hemos pasado a bandas armadas resolviendo conflictos al margen de las asambleas vecinales. Así, uno de los países más seguros del mundo, en 2023 se posicionó como el segundo país con más muertes por armas de fuego por cada 100.000 habitantes ¡Quién lo podía a suponer!

En España no íbamos a ser menos. Lo de Torre Pacheco no es una excepción, es un avance: la punta del iceberg de esa añorada recuperación de Al-Ándalus (que, para los del turbante, llega hasta Covadonga). De los tiempos en que la integración consistía en “dame un segarro, amigo”, hemos pasado a violaciones grupales, ancianos asaltados por diversión y personajes con machetes deambulando por las calles como parte del mobiliario urbano. Y, además, puesto que en los barrios céntricos, donde viven nuestros solidarios dirigentes, no hay bandas de Menas asaltando a los menores para robarles el móvil o las deportivas, pues fenomenal: “ojos (de político) que no ven, corazón que no siente”.

Y los que consideran que todo esto es racismo, islamismo y xenofobia deberían darle una vuelta al tema de por qué los chinos, por ejemplo, que llevan años conviviendo con nosotros, no han dado nunca lugar a los lamentables episodios que se producen actualmente a diario, aunque los medios tradicionales traten de ocultarlos.

No quisimos ver las barbas del vecino pelar, y ahora tenemos la cuchilla del barbero pegada a nuestro cuello. O reaccionamos pronto, o descubriremos —demasiado tarde— que algunas políticas pueden revertirse, pero otras, como las invasiones culturales consentidas, no. Porque llegará un punto en que los que decidirán si la cosa tiene marcha atrás ya no seremos nosotros. Serán ellos.

La vuelta a la cesta de los pollos.

Al final va a resultar que el kit de supervivencia de 72 horas que recomendaba la Comisión Europea tenía todo el sentido… al menos en España.

Primero, por los apagones, esa agradable novedad introducida por el Gobierno de Sánchez en nuestras vidas, en pro del noble anhelo de retroceder a la Edad Media tras el pendón del cambio climático.

Pero donde de verdad están pasando la prueba del fuego los dichosos kits es en los viajes en tren. Hoy en día, subirse a un tren en España con solo una maleta es un acto de temeridad. Todo lo que no incluya un bidón de agua, una potabilizadora, raciones de emergencia, linterna, navaja suiza y botiquín básico, es un desafío al destino.

Hemos vuelto a los orígenes, sí, pero con estilo europeo: la cesta de pollos y la tortilla de patatas en los expresos del siglo pasado, hoy se llama “kit de resiliencia personal”.

Aunque ojo, tampoco es recomendable olvidarse del kit en los viajes por carretera. El estado de la red viaria hace posible que caigas en un socavón y tengas que vivir en él durante días, hasta que algún alma caritativa decida enviarte una grúa.

Que un país con infraestructuras modélicas hace apenas 15 años haya llegado a este punto, tras siete años de gobierno socialista, se explica observando atentamente a quienes han estado al frente del Ministerio de Transportes.

Primero, José Luis Ábalos, maestro de formación, cuya experiencia logística más notable fue el transporte de prostitutas en furgonetas desde Valencia al parador de Teruel.

Después, Raquel Sánchez, exalcaldesa de Gavà, que no consideró relevante que los túneles tenían que ser más anchos que los trenes que iban a circular por ellos. ¡Tanta medición ni tanta medición!

Y finalmente, Óscar Puente, el remate perfecto. Más aficionado a los Mercedes todoterreno de lujo que a los trenes, ha conseguido culminar la catástrofe ferroviaria. Hoy, montar en tren en España es como entrar en una versión moderna del cuento de la bruja, y no estaría de más colocar un cartel en cada vagón con la frase:

“De irás y no volverás.”

Eso sí, hay que reconocerles algo: han conseguido el objetivo de la igualdad ferroviaria. Las comunicaciones por tren en Extremadura se han puesto al nivel del resto de España… pero no porque hayan llevado el AVE allí, sino porque lo han desmantelado en todas partes. ¡Arreglao!

Lo único que de verdad tranquiliza es saber que, como se ha visto en las últimas horas, los transportes en furgones hacia las penitenciarías funcionan perfectamente. Esperemos, por nuestro bien, que tengan suficiente capacidad para absorber la creciente demanda.

Juanma el diplomático.

Hace un par de meses, el PP declaraba la guerra a las "falsas embajadas" catalanas y exigía su cierre en el Parlament. Y todo ello supuestamente en defensa de su modelo de “recortar estructuras políticas en favor de la inversión en la mejora de los servicios públicos”. Pues bien, la semana pasada nos enterábamos del fallecimiento de la “Delegada de la Junta de Andalucía en Cataluña”.  Porque resulta que Juanma Moreno, el principal barón del Partido Popular, ha montado una serie de embajadas, pero no en el exterior sino en el interior de España. Son catorce delegados en el resto de comunidades autónomas, a 65-67.000 euros por barba, según complementos, con funciones como "atender a los ciudadanos andaluces en el exterior", es decir, en Badajoz o en Pontevedra.

Este es el partido que, de vez en cuando, se escandaliza por el uso de pinganillos en el Congreso, alegando que los españoles no necesitan traducción para entenderse, y al mismo tiempo mantiene estructuras institucionales que replican entre comunidades lo que critican en el exterior. Lo irónico es que ni siquiera ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para eliminar los pinganillos. Parece que el ruido solo molesta cuando lo provocan otros.

La muerte de la delegada de la Junta de Andalucía en Cataluña ha puesto nuevamente el foco sobre estas oficinas autonómicas que no son sino parte de una red clientelar que convierte los boletines oficiales en catálogos de favores y cuotas. El problema no es la corrupción que revelan las escuchas de Koldo porque, al menos, esa puede combatirse en vía policial y judicial. El problema es la que brota todos los días y a la vista de todos en los múltiples boletines oficiales, porque goza de la impunidad más absoluta.

Vivimos en un sistema donde la corrupción no solo se tolera, sino que se administra desde las estructuras mismas del poder. Los nombramientos, contratos y subvenciones se reparten entre afines como parte de un juego político donde lo privado se suplanta por lo público y, paradójicamente, lo público se privatiza en beneficio de partidos, familias y redes de influencia.

Y mientras tanto, se repite la farsa de la alternancia: PSOE y PP se turnan el poder como si eso fuera suficiente para hablar de democracia. Pero no hay regeneración posible cuando los mecanismos politicos están controlados por quienes se benefician del deterioro institucional. La ranciedumbre de nuestro sistema político nos lleva hasta el podrido sistema de la restauración y a la frase atribuida a Alfonso XII en su lecho de muerte, dirigida a su mujer: “Cristinita, de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas”. Todos sabemos cómo acabó aquello. Porque el bipartidismo no es una garantía de estabilidad; es un dique contra cualquier transformación real. Son las dos caras de la misma moneda.

Demasiados hijos de puta.

Las comisiones de Koldo durante la pandemia; las de Santos Cerdán en las adjudicaciones de obra pública; las prostitutas de Ábalos contratadas en empresas públicas; el hermano "músico”, que no sabía dónde trabajaba, la mujer "catedrática" sin estudios; la “fontanera” de La Moncloa; las maletas de Delcy; los vuelos a la República Dominicana… y todo lo que falta por salir —Armengol, Víctor Torres y las compras COVID, el rescate de Air Europa—. La simple enumeración de los escándalos que empapan (más que salpican) al Gobierno de Sánchez bastaría para llenar una entrada de blog.

La pregunta es: ¿cómo hemos podido llegar a esta situación?

Y la respuesta, incómoda para muchos, es que lo hemos permitido desde el principio. Porque esto no empezó ayer. Lo inauguraron Juan Guerra, FILESA, Roldán, PSV, BOE-Ibercorp con González. Continuó con Gescartera, caso Aguiar, Rato, Zaplana, bajo Aznar. Siguieron los ERE, Mercasevilla, caso Campeón, caso Pretoria, las ayudas a la minería asturiana en la era Zapatero. Y con M. Rajoy llegaron Bárcenas, Gürtel, Lezo, Púnica, las tarjetas black, Nóos, Kitchen…

Recordemos la cínica frase atribuida a Franklin D. Roosevelt y popularizada luego por Henry Kissinger sobre el dictador nicaragüense Anastasio Somoza:

«Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta».

Así, apoyando a nuestros hijos de puta, hemos conseguido que prosperen y saqueen España hasta extremos inimaginables mientras los animábamos con nuestras bufandas y banderitas.

Hubo un breve paréntesis en el que emergieron partidos como UPyD y Ciudadanos, con políticos que parecían honestos y defendían la regeneración democrática: reforma electoral, combate al nacionalismo, lucha contra la corrupción. Pero fueron flor de un día. Fracasaron —más allá de sus errores— porque, sencillamente, no eran nuestros hijos de puta.

Quizá ha llegado el momento de dejar de otorgar nuestra confianza a hijos de puta, propios o ajenos. No solo porque desprecian a quienes los votan y los usan en beneficio propio, sino porque España no se merece tanto hijo de puta.

La ´NdranghAEAT

 

Que Hacienda somos todos… aunque unos más que otros, es algo sabido por cualquier español mínimamente informado.

Pero parece que ha llegado la hora de que lo sepan también en el resto de Europa. Así, el bufete Amsterdam & Partners LLP ha presentado en Madrid una macro causa colectiva contra la AEAT —esa institución que alegra tus mañanas con requerimientos certificados— ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El despacho acusa a Hacienda de violar sistemáticamente los derechos fundamentales de los contribuyentes españoles. ¿Y cómo lo hace? Pues con una serie de prácticas que harían las delicias de la mafia calabresa:

Persecución selectiva, sin garantías ni controles previos, en lo que vendría siendo una “caza del contribuyente” indiscriminada.

Utilización de medios propios de un thriller, como geolocalizar el móvil de Shakira para probar su residencia fiscal, husmear en redes sociales o emplear inteligencia artificial para detectar perfiles de defraudadores. (¿Big Brother? No, Big Hacienda).

Elusión del control judicial en casos de grandes liquidaciones. Esto se logra disuadiendo al contribuyente del recurso a la vía contencioso-administrativa mediante la amenaza de acciones penales si no acepta el “acuerdo” propuesto. Ahí tenemos el caso de Xabi Alonso, quien —a diferencia de Cristiano o Messi— se negó a pactar y fue perseguido con tenacidad bíblica. Todavía le buscan las cosquillas, a pesar de haber sido revolcados en los tribunales una y otra vez.

Y si a los grandes contribuyentes les aplican técnicas de caza, a los pequeños les aplican técnicas de pesca. Pero no de curricán, sino de arrastre. ¿Te equivocaste en una casilla del IVA? ¿Te faltó un punto y coma en una declaración trimestral? ¡Enhorabuena! Hacienda te premia con una sanción de 100 €, que saben que no vas a recurrir porque cuesta más el café con el asesor que la propia multa. Y así, millones de pequeñas sanciones injustas van llenando el estómago insaciable del fisco. Porque todo es bueno para el convento, que decía el fraile.

Para hacer funcionar este sistema perverso se ha implantado un sistema de bonus igualmente retorcido: inspectores con incentivos económicos por abrir expedientes según volumen de recaudación, rapidez y acuerdos con los contribuyentes. La calidad técnica, la equidad o la seguridad jurídica son, al parecer, cuestiones secundarias. En Hacienda, abrir una investigación injustificada también tiene premio. Y, como en Los Soprano, los de abajo llenan el sobre de los de arriba, mientras reciben el suyo propio.

Por no hablar del goteo constante de casos de corrupción individual que se suceden discretamente. El último afecta nada menos que al presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central, acusado de recibir sobornos a cambio de estimar recursos. Todo un ejemplo para los contribuyentes.

Lo preocupante no es que la AEAT actúe como un organismo sin control judicial real, con un poder desproporcionado y una capacidad de presión propia de regímenes totalitarios. Lo más grave es que este sistema se aplica de forma desigual, según las ideas o contactos del contribuyente. Si eres un youtuber independiente, que quiere escapar del infierno fiscal, te geolocalizarán el móvil o revisarán las cámaras de la frontera, a ver si pueden residenciarte en España por haber ido al IKEA de Badalona. Pero si eres hermano del Presidente del Gobierno puedes percibir un sueldo fijo de la Diputación de Badajoz y declarar que resides en Portugal. Y los inspectores de la AEAT redactarán un informe jurídico que certifique que este fenómeno paranormal de bilocación tributaria es perfectamente legal. ¡Con un par! Tanto es así, que un exdirector de la propia AEAT, el prestigioso Ignacio Ruiz-Jarabo, ha afirmado que la Agencia presentó un informe falso.

Ahora, con la causa colectiva en marcha y la opinión pública internacional atenta, se abre la posibilidad de que el Estado español tenga que responder en Estrasburgo por su trato a los contribuyentes. Sería el momento de poner sobre la mesa reformas como suprimir el viciado sistema de incentivos, recuperar el carácter vinculante de los planes de inspección —para poner coto a la arbitrariedad y garantizar la seguridad jurídica— o reforzar los canales de denuncia y protección frente a represalias.

Pero, siendo honestos, no tengo demasiadas esperanzas. La ´Ndrangheta lleva siglos operando en Calabria sin que se haya podido poner fin a sus desmanes, hasta el punto de que un informe de Europol la considera la organización criminal más rica del mundo. Eso es que Europol todavía no ha investigado a la ´NdranghAEAT.

No hay dos sin tres. Y en fraude electoral tampoco.

 

“No se pueden robar unas elecciones en Estados Unidos”, dijo Nixon, tras ver a JFK alcanzar la presidencia gracias a un fraude monumental en Texas e Illinois, facilitado por algunos colaboradores influyentes y la inestimable ayuda de la Mafia.

En España, muchos repiten el mantra de que aquí tampoco es posible robar unas elecciones. ¡Ah, la democracia española! Ese sistema tan robusto, tan confiable, tan transparente… Los americanos deberían aprender de nosotros. Resulta curioso que en un país con una arraigada tradición en el fraude electoral, hasta el punto de tener una palabra propia —pucherazo—, se piense que eso es cosa de los antiguos y no nos puede pasar a nosotros.

Tal vez es por ello que la UCO tiene abiertas investigaciones por presunto fraude electoral en la mitad del territorio, desde Tenerife hasta Mojácar. O que hay directivos de Correos que denuncian prácticas tan inusuales en la gestión del voto por correo como que fuera Leira Díaz, responsable del área de filatelia puesta a dedo, quien lo validara con su firma, en lugar del director de operaciones.

Según el propio CIS (sí, el oráculo de Tezanos), el voto por correo al PSOE y Sumar fue estadísticamente muy superior al presencial. Concretamente del 51% por correo, mientras se quedaba en el 44% en mesa. Anomalía estadística que solo cabe explicar porque, como todo el mundo sabe, los votantes del PSOE y Sumar son los más ocupados de España y no tienen un domingo libre para acercarse a una urna. ¿O vais a hacer que Pepe Álvarez, el incombustible secretario de UGT, interrumpa la preparación del arroz con bogavante y vaya a votar presencialmente?

En las películas policiacas el detective de homicidios siempre anda a vueltas cuadrando los tres elementos del crimen: móvil, oportunidad y medios.

Aquí el móvil es claro: había que seguir gobernando. O como dicen en Ferraz, “seguir transformando España desde el BOE”. Porque una vez se ha probado el Falcon, cuesta volver al cercanías. O al trullo.

La oportunidad la tenían en el verano de 2023, con media España en la playa y la otra media en modo automático. Era el momento oportuno para que un aumento en el voto por correo pasase desapercibido. Igual que los ladrones aprovechan el estío para desvalijar casas, algunos supieron aprovecharlo para desvalijar las sacas de votos que durmieron días bajo custodia de Correos. Esa institución cuya profesionalidad es tan incuestionable como la de su presidente, nombrado por Sanchez como premio por acompañarle en el periplo para su vuelta a la Secretaría del PSOE.

En cuanto a los medios, ahí tenemos, entre otros, a Leire Díez, la fontanera del PSOE, que se presentaba a sí misma como responsable de más de 2.500 oficinas de Correos, presumiendo de estar “mano a mano” con el voto por correo el 23J. Una exconcejala sin experiencia conocida en logística ni procesos electorales, pero con el carné del partido en vigor. Y miles de empleados colocados a dedo, estómagos agradecidos entre los que no parece muy difícil encontrar a algunos dispuestos a devolver los favores y a hacer carrera en la administración. Meritocracia en estado puro.

—"Tonterías", dirán algunos. "No se pueden manipular millones de votos."—
Es que no hacen falta millones. Basta con unos pocos miles bien distribuidos en circunscripciones clave. En el Congreso, muy pocos escaños arriba o abajo pueden marcar la diferencia entre un "Gobierno Progresista" y un “vuelvan ustedes mañana”. En las del 23, concretamente, bastaba con cambiar el sentido de seis escaños.

Por supuesto, el castillo de naipes se desmorona si consideramos que Sánchez nunca haría algo así. ¿Cómo iba a hacerlo quien trató de colocar una urna tras un biombo para realizar una votación secreta en su propio partido?

Tal vez la UCO se aburra y los funcionarios exageren. Tal vez sean todo coincidencias y cosas de conspiranoicos. Pero se me ocurre que, si anda como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, tal vez sea un pato.

Y si hubo un pato en las elecciones que auparon al poder al Frente Popular en 1936, otro en las del verano de 2023, y la oposición sigue en la inopia, esperando que la democracia se autorregule sola... nos podemos encontrar con el tercer pato en las siguientes.

Mientras tanto, sigamos confiando en el sistema. Total, ¿qué podría salir mal cuando el zorro cuida del gallinero y los votos duermen en sobres apilados en el sótano de la oficina de correos, junto a la máquina de café?