El silencio no honra a las víctimas.

 

Cuando se produce una tragedia como el accidente ferroviario de Adamuz, lo primero es siempre solidarizarse con las víctimas y sus familias, y rogar para que sean atendidas de la forma más eficaz y rápida posible.

Dicho lo anterior, no vale el argumento de que no se trata de buscar culpables, ni de que hay que guardar un prudente silencio en respeto a los fallecidos y esperar a que se aclare lo sucedido.

No vale porque el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios había advertido en agosto de 2025 del mal estado de la red y de sus consecuencias en la degradación del material rodante y en el confort de los pasajeros. Y lo comunicó a los máximos responsables de la Seguridad Ferroviaria, solicitando la reducción de la velocidad a 250 km/h, sin que se atendieran sus demandas.

No vale porque este Gobierno había colocado a las prostitutas de cabecera del ministro de Transportes en Renfe y Adif como pago a sus servicios sexuales, dilapidando recursos que podrían haberse invertido en mejorar o vigilar la red.

No vale porque el responsable de Renfe es un individuo, sin experiencia previa en transporte ferroviario, que ha nombrado, a su vez, a una cúpula de amiguetes igualmente incompetentes para la responsabilidad encomendada.

No vale porque el gobierno heredó una red de alta velocidad con prestigio mundial y la ha convertido en una red de segunda categoría, en la que los incidentes y los retrasos son el pan de cada día.

No vale porque este gobierno criminal ha invertido cientos de millones de euros en infraestructuras ferroviarias de Marruecos y Egipto, en pago de favores —o no sabemos qué—, en lugar de invertirlos en mejorar nuestra propia red.

No vale porque no pueden pedir prudencia quienes, en anteriores tragedias, no dudaron ni un segundo en utilizar a las víctimas de la forma más miserable para obtener réditos políticos, sin esperar a las investigaciones e incluso cuando la responsabilidad recaía directamente sobre ellos (Yak, Alvia, residencias COVID, DANA…).

No vale porque es una utopía pretender que quienes todavía no han dado explicaciones sobre el apagón eléctrico del año pasado vayan a ser transparentes en un caso en el que sus responsabilidades han derivado en la pérdida de 39 vidas.

Sobre todo, no vale porque al mando tenemos un gobierno corrupto hasta la médula, que no respeta ni las leyes ni a las personas, y que nos lleva a pasos forzados al tercermundismo, donde la vida humana tiene menos valor. Y cada día que esta banda criminal sigue al mando es un día más en el que los derechos y las vidas de los españoles corren peligro.