Yo ya voté al Príncipe.

La abdicación del Rey Juan Carlos es una buena noticia. En unos momentos en que los españoles desconfían de unas instituciones que han defraudado sus expectativas, debemos acoger la renovación de la primera de ellas con cierta alegría, incluso los no monárquicos. Pero no faltan quienes han aprovechado la ocasión para poner sobre la mesa la necesidad de legitimar la coronación del Príncipe Felipe mediante las urnas,  con el argumento de que, a falta de un plebiscito, su reinado no sería democrático.

No debemos dejarnos engañar por los presuntos campeones de democracia pues, ni en España ni en ninguna de las monarquías parlamentarias modernas, la sucesión en la Corona ha de ser refrendada por una votación. Y hablamos de países tan poco sospechosos de carencias democráticas como Noruega, Holanda, Gran Bretaña o Dinamarca. No puede ser de otra manera, porque si la monarquía tuviera que ser revalidada por votaciones a requerimiento de sus enemigos, dejaría de serlo. Precisamente, la base de la institución es dar estabilidad a los estados, ser símbolo de su unidad y permanencia, como dice la Constitución. Y eso es incompatible con convertirla en motivo de debate y confrontación periódicamente.

Los antimonárquicos esgrimen también el argumento de que la Constitución legitimadora de nuestra monarquía tiene casi 40 años y muchos de los ciudadanos actuales no la votamos. Es cierto, pero ningún estadounidense votó su Constitución, que tiene más de 200, y nadie discute su vigencia ni su legitimidad. Ahí sigue, como la de infinidad de países democráticos, cubriendo con su manto el destino de más de 300 millones de americanos sin grandes modificaciones (la última enmienda es de 1992 y la anterior nada menos que de 1971).

La clave de un régimen democrático no está en que todo se someta a votación, cosa más propia de los soviets comunistas, en que las votaciones estaban a la orden del día pero siempre las ganaban los mismos. La verdadera clave está en el respeto al principio de legalidad, que exige que las leyes se modifiquen por otras leyes posteriores. Por eso quien quiera modificar la forma del Estado Español no puede exigirnos a los demás someter la candidatura del Príncipe a votación, porque ya le votamos todos, cuando votamos a su padre unos, y el resto al ratificar nuestro régimen monárquico votación tras votación. El contrario al régimen es quien debe someter su propuesta a votación. Además, seguro que en unos comicios el Príncipe barrería, pues muchos no monárquicos lo votaríamos sin dudar. Pero los antisistema saben que el mero hecho de cuestionar su legitimidad, sometiéndola a referéndum, sirve a sus propósitos torticeros. Y más si, aunque se impusiera por una mayoría aplastante, no la consiguiera en alguna provincia, lo que daría alas a independentistas y republicanos para cuestionarla nuevamente.

Entiendo el enorme enfado de quienes quieren acabar con la monarquía al ver que la pieza, que ya creían fácil, se les escapa y es sustituida por un blanco más escurridizo, pues las sombras que han acompañado últimamente al reinado del padre no se transmiten con la corona.  La posibilidad, bien real, de que el heredero eleve la institución, les pone muy nerviosos. Tienen motivos, porque una corona fuerte y respetada es un obstáculo insalvable para los que pretenden traernos el tipo de “democracia” representada por los regímenes bolivarianos.

Es un momento para que los verdaderos demócratas nos congratulemos con la regeneración de una institución clave para España. Esperemos que cunda el ejemplo y se produzca también la necesaria regeneración de la clase política, que dé paso a nuevas caras libres de amiguismo y corrupción. No será fácil, pero que la máxima representación del Estado se nos aparezca con una historia limpia de sospechas es una gran noticia que hace que monárquicos y no monárquicos tengamos sobrados motivos para gritar: Viva el Rey!