Si se mueve múltalo!

Hace unos meses, el Ayuntamiento de Madrid me sancionó por no identificar al conductor de mi vehículo, cosa harto complicada dado que en ningún momento me notificaron la obligación  de identificar a nadie. De nada sirvieron mis protestas, ni mi infructuosa solicitud de puesta de manifiesto del expediente, como marca la Ley. Inexorablemente fui recibiendo sucesivas cartas-tipo en la que desestimaban todas mis alegaciones y recursos sin mencionarlos siquiera, en un alarde de incompetencia y/o mala fe administrativa a resultas de la cual todavía desconozco el hecho que motivó la multa.

Esta es la moneda común de unas administraciones que utilizan torticeramente sus potestades sancionadoras para hacer caja, pero a las que en el fondo les importa un pimiento el cumplimiento de sus propias  leyes, que ni siquiera se molestan en dar a conocer, lo que tampoco es extraño habida cuenta que solo el Gobierno y el Parlamento aprueban 50.000 páginas anuales, diez veces más que USA en siete u ocho años. Nada menos que  1.676 decretos estatales llevamos aprobados en 2012, el último de los cuales comienza, literalmente, diciendo cosas tan útiles y novedosas como “el café son las semillas sanas y limpias procedentes de las diversas especies del género botánico «Coffea»". Unido a la normativa autonómica, provincial y municipal, el resultado son kilómetros de páginas llenas de mandatos de todo tipo que hacen buena la frase de Tolstoi “es más fácil hacer leyes que gobernar”.

Y si al menos nos quedara el consuelo de ver a las administraciones cumpliendo las normas que nos imponen a los demás. Pero recuerdo la indignación de un amigo a quien paralizaron la apertura de una guardería por carecer de unas pegatinas señalando la salida, mientras a unos pocos cientos de metros abría sus puertas un colegio público sin terminar, donde los niños entraban y salían entre excavadoras y grúas, en una sonrojante demostración administrativa de la ley del embudo. Por no hablar de las golfadas que nos muestran los diarios, protagonizadas por los mismos que dictan las reglas del juego, campando a sus anchas mientras a los ciudadanos cumplidores un despiste les supone el descuadre del presupuesto mensual, haciendo que en un país plagado de normas vivamos en la anormalidad más absoluta.

La necesaria regeneración democrática debería empezar por mandar a la basura toneladas de papel de diarios oficiales, y sustituir tantas reglas absurdas por unas pocas sensatas, creíbles y que se hicieran cumplir por todos.  Podríamos aprender de los americanos que, antes de Obama, tenían un comité para decidir si era realmente imprescindible aprobar cualquier regulación y que tuviera el mínimo impacto en la libertad de las personas. Aunque no estoy seguro de que la propuesta tuviera éxito aquí, pues los españoles llevamos dentro un Torquemada pronto a indignarse ante el primer suceso que ocupe un titular de prensa, exigiendo normas y castigos, casi siempre para los demás,  sin asumir que la realidad no puede cambiarse con palabras sino con decencia y hechos.

Así seguimos en el “vivan las caenas”, que gritaban los partidarios de Fernando VII, sustituido el monarca absolutista por un Estado omnipresente dotado del poder de regular cosas que el propio rey felón no se hubiera atrevido a soñar. Decia Montesquieu que “las leyes inútiles debilitan a las necesarias”. No seré yo quien lleve la contraria al maestro, pero me permitiría añadir una cosa: sobre todo debilitan nuestra libertad.