Casi cinco años después, volvemos a la carga.
En parte espoleado por algunos amigos, pero, sobre todo, por
la situación en que nos encontramos. Jamás, como hoy, los derechos fundamentales
de los españoles han estado tan en peligro, hasta el extremo de que algunos consideran que nos encontramos en una dictadura “de facto”.
No entraremos, por ahora, en los
errores y tropelías del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la
gestión de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Errores que, en gran medida, han dado lugar a la mayor catástrofe humanitaria que ha padecido España desde la
Guerra Civil, como atestiguan las cifras y las escenas que hemos podido ver de
hospitales, geriátricos y tanatorios. Nos centraremos en los atentados a
nuestros derechos constitucionales, que no dependen del virus o de la economía,
sino de la voluntad, conscientemente totalitaria, de los políticos que rigen
nuestro destino.
Porque los repetidos atentados contra
nuestro derecho a la libertad de circulación, aun arbitrarios y estúpidos,
podrían justificarse por la pandemia. Pero ésta no justifica la toma de control
de la práctica totalidad de los medios de comunicación. Mediante la técnica del
palo, censurando y despidiendo a los levantiscos, y la zanahoria, untando a los
afines, se han usurpado a la sociedad los medios de garantía del derecho constitucional
a comunicar y recibir información veraz. Así, la información ha sido sustituida
por la censura, la mentira y la propaganda al servicio del poder.
Se ha vulnerado el derecho a la
intimidad, mediante la utilización de las fuerzas de seguridad, espoleadas por órdenes
directas del ministro Marlaska, para el rastreo de las redes sociales en busca
de opiniones críticas con el Gobierno,
no sabemos con qué oscuros fines.
Se ha vulnerado el derecho a no
ser sancionado al margen de los supuestos previstos en las leyes. Cientos de miles
son las multas impuestas por cosas como ir a comprar pan a destiempo o
cerveza sin prescripción facultativa.
También se ha vulnerado la tutela
judicial efectiva y el principio de separación de poderes. La destitución,
rastrera y totalitaria, de un mando de la Guardia Civil, por no plegarse a las instrucciones del Gobierno de
desobedecer a los tribunales y vulnerar su deber de secreto, es más propia de
la antigua Unión Soviética que de un país de la UE.
Por todo esto y más, no es el
momento de callar. Dante sitúa en la antesala del Infierno a los tibios y
pusilánimes, como pecadores mediocres, condenados a ser devorados por insectos
asquerosos. Lo que estamos viendo en España no puede dejarnos indiferentes. Y, copados
los medios oficiales por el poder, las redes sociales nos ofrecen la
posibilidad de resistirnos a sus propósitos. La tibieza y la cobardía no son una
opción, porque conllevan, como en la antesala del infierno, el castigo de ser
devorados por este gobierno indecente.
Delenda est Sánchez.
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