martes, 27 de octubre de 2015

El procés, esa criatura abortiva.




La iniciativa del Parlament de Cataluña para comenzar de forma inmediata el proceso hacia la independencia, está provocando algunos ríos de tinta, tampoco demasiado caudalosos, además de cierta inquietud en la sociedad catalana y el resto de España. A mi juicio, hay al menos tres razones para que ni la mayoría de catalanes, que todavía conservan el seny, ni los demás españoles, debamos preocuparnos demasiado.
En primer lugar, la falta absoluta de legitimación en las urnas. El proceso recibió una herida de muerte cuando las elecciones autonómicas otorgaron mayoría de votos a quienes se oponían a la independencia. No es que de haber ganado el supuesto plebiscito, que no eran sino unas elecciones como las que se celebran en el resto de comunidades autónomas, el plan hubiera tenido éxito. Pero el haberlas perdido, porque en los plebiscitos solo se gana con mayoría absoluta de síes, ha sido un golpe mortal.
En segundo lugar, el imperio de la ley. Aunque algunos hablen de suspender la autonomía, acudir a las fuerzas armadas y adoptar medidas de excepción, eso no va a ser necesario. Para crear una nación independiente hay unas condiciones mínimas, inherentes al Estado Moderno: reconocimiento internacional, capacidad para recaudar tributos y monopolio de la fuerza. Y ninguna de esas las tienen los promotores de este esperpento, a quienes no recibe ningún líder europeo, les está sacando las castañas del fuego el Estado español, a través de transferencias, para que puedan pagar sus facturas y como única fuerza pública, cuentan con unos mossos que no van a jugarse sus trabajos vulnerando la legalidad vigente. La prueba es que las fuerzas de seguridad del Estado están investigando los delitos de los promotores del procés, sin otro obstáculo que una ridícula multa de aparcamiento, impuesta por un policía local con pocas luces.
Sin olvidar al Poder Judicial, de titularidad estatal exclusiva, encargado por la Constitución de  “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”. Poder que, si en las repúblicas bananeras es utilizado para encarcelar opositores, en los países democráticos tiene la potestad de condenar a quien vulnera la legalidad vigente.
Por último, la ausencia de líderes creíbles para sacarlo adelante. Al frente de este proceso no se encuentra un William Wallace, dotado de liderazgo para entusiasmar a sus partidarios y motivarlos frente a los peligros de la aventura. Por el contrario, nos encontramos con una colección de medianías acosadas por la corrupción. Personajes que ven en la independencia un clavo ardiendo al que agarrarse para escapar de la Justicia, que les acosa por haber saqueado a aquellos mismos a quienes ahora pretenden capitanear para situarlos al margen de la ley.
Cierto que esto no es bueno para nadie, porque las turbulencias políticas no ayudan a la recuperación económica, pero no nos engañemos viendo leones donde sólo hay tigres de papel. Bastó una sentencia del Tribunal Constitucional, por cierto ahora reforzado con nuevos poderes, para echar abajo aquel engendro de Estatut hurdido por Zp. Simplemente manteniendo la calma, desde la firmeza y el poder que da la Ley a quienes están legitimados y, al mismo tiempo, obligados a hacerla cumplir, el proceso se disolverá como un azucarillo. Mientras, sus actores acabarán con los huesos en la cárcel, no como mártires del independentismo, sino como ladrones que penan sus delitos contra las arcas que tenían el deber de administrar honradamente.

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