Juanma el diplomático.

Hace un par de meses, el PP declaraba la guerra a las "falsas embajadas" catalanas y exigía su cierre en el Parlament. Y todo ello supuestamente en defensa de su modelo de “recortar estructuras políticas en favor de la inversión en la mejora de los servicios públicos”. Pues bien, la semana pasada nos enterábamos del fallecimiento de la “Delegada de la Junta de Andalucía en Cataluña”.  Porque resulta que Juanma Moreno, el principal barón del Partido Popular, ha montado una serie de embajadas, pero no en el exterior sino en el interior de España. Son catorce delegados en el resto de comunidades autónomas, a 65-67.000 euros por barba, según complementos, con funciones como "atender a los ciudadanos andaluces en el exterior", es decir, en Badajoz o en Pontevedra.

Este es el partido que, de vez en cuando, se escandaliza por el uso de pinganillos en el Congreso, alegando que los españoles no necesitan traducción para entenderse, y al mismo tiempo mantiene estructuras institucionales que replican entre comunidades lo que critican en el exterior. Lo irónico es que ni siquiera ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para eliminar los pinganillos. Parece que el ruido solo molesta cuando lo provocan otros.

La muerte de la delegada de la Junta de Andalucía en Cataluña ha puesto nuevamente el foco sobre estas oficinas autonómicas que no son sino parte de una red clientelar que convierte los boletines oficiales en catálogos de favores y cuotas. El problema no es la corrupción que revelan las escuchas de Koldo porque, al menos, esa puede combatirse en vía policial y judicial. El problema es la que brota todos los días y a la vista de todos en los múltiples boletines oficiales, porque goza de la impunidad más absoluta.

Vivimos en un sistema donde la corrupción no solo se tolera, sino que se administra desde las estructuras mismas del poder. Los nombramientos, contratos y subvenciones se reparten entre afines como parte de un juego político donde lo privado se suplanta por lo público y, paradójicamente, lo público se privatiza en beneficio de partidos, familias y redes de influencia.

Y mientras tanto, se repite la farsa de la alternancia: PSOE y PP se turnan el poder como si eso fuera suficiente para hablar de democracia. Pero no hay regeneración posible cuando los mecanismos politicos están controlados por quienes se benefician del deterioro institucional. La ranciedumbre de nuestro sistema político nos lleva hasta el podrido sistema de la restauración y a la frase atribuida a Alfonso XII en su lecho de muerte, dirigida a su mujer: “Cristinita, de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas”. Todos sabemos cómo acabó aquello. Porque el bipartidismo no es una garantía de estabilidad; es un dique contra cualquier transformación real. Son las dos caras de la misma moneda.

Demasiados hijos de puta.

Las comisiones de Koldo durante la pandemia; las de Santos Cerdán en las adjudicaciones de obra pública; las prostitutas de Ábalos contratadas en empresas públicas; el hermano "músico”, que no sabía dónde trabajaba, la mujer "catedrática" sin estudios; la “fontanera” de La Moncloa; las maletas de Delcy; los vuelos a la República Dominicana… y todo lo que falta por salir —Armengol, Víctor Torres y las compras COVID, el rescate de Air Europa—. La simple enumeración de los escándalos que empapan (más que salpican) al Gobierno de Sánchez bastaría para llenar una entrada de blog.

La pregunta es: ¿cómo hemos podido llegar a esta situación?

Y la respuesta, incómoda para muchos, es que lo hemos permitido desde el principio. Porque esto no empezó ayer. Lo inauguraron Juan Guerra, FILESA, Roldán, PSV, BOE-Ibercorp con González. Continuó con Gescartera, caso Aguiar, Rato, Zaplana, bajo Aznar. Siguieron los ERE, Mercasevilla, caso Campeón, caso Pretoria, las ayudas a la minería asturiana en la era Zapatero. Y con M. Rajoy llegaron Bárcenas, Gürtel, Lezo, Púnica, las tarjetas black, Nóos, Kitchen…

Recordemos la cínica frase atribuida a Franklin D. Roosevelt y popularizada luego por Henry Kissinger sobre el dictador nicaragüense Anastasio Somoza:

«Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta».

Así, apoyando a nuestros hijos de puta, hemos conseguido que prosperen y saqueen España hasta extremos inimaginables mientras los animábamos con nuestras bufandas y banderitas.

Hubo un breve paréntesis en el que emergieron partidos como UPyD y Ciudadanos, con políticos que parecían honestos y defendían la regeneración democrática: reforma electoral, combate al nacionalismo, lucha contra la corrupción. Pero fueron flor de un día. Fracasaron —más allá de sus errores— porque, sencillamente, no eran nuestros hijos de puta.

Quizá ha llegado el momento de dejar de otorgar nuestra confianza a hijos de puta, propios o ajenos. No solo porque desprecian a quienes los votan y los usan en beneficio propio, sino porque España no se merece tanto hijo de puta.

La ´NdranghAEAT

 

Que Hacienda somos todos… aunque unos más que otros, es algo sabido por cualquier español mínimamente informado.

Pero parece que ha llegado la hora de que lo sepan también en el resto de Europa. Así, el bufete Amsterdam & Partners LLP ha presentado en Madrid una macro causa colectiva contra la AEAT —esa institución que alegra tus mañanas con requerimientos certificados— ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El despacho acusa a Hacienda de violar sistemáticamente los derechos fundamentales de los contribuyentes españoles. ¿Y cómo lo hace? Pues con una serie de prácticas que harían las delicias de la mafia calabresa:

Persecución selectiva, sin garantías ni controles previos, en lo que vendría siendo una “caza del contribuyente” indiscriminada.

Utilización de medios propios de un thriller, como geolocalizar el móvil de Shakira para probar su residencia fiscal, husmear en redes sociales o emplear inteligencia artificial para detectar perfiles de defraudadores. (¿Big Brother? No, Big Hacienda).

Elusión del control judicial en casos de grandes liquidaciones. Esto se logra disuadiendo al contribuyente del recurso a la vía contencioso-administrativa mediante la amenaza de acciones penales si no acepta el “acuerdo” propuesto. Ahí tenemos el caso de Xabi Alonso, quien —a diferencia de Cristiano o Messi— se negó a pactar y fue perseguido con tenacidad bíblica. Todavía le buscan las cosquillas, a pesar de haber sido revolcados en los tribunales una y otra vez.

Y si a los grandes contribuyentes les aplican técnicas de caza, a los pequeños les aplican técnicas de pesca. Pero no de curricán, sino de arrastre. ¿Te equivocaste en una casilla del IVA? ¿Te faltó un punto y coma en una declaración trimestral? ¡Enhorabuena! Hacienda te premia con una sanción de 100 €, que saben que no vas a recurrir porque cuesta más el café con el asesor que la propia multa. Y así, millones de pequeñas sanciones injustas van llenando el estómago insaciable del fisco. Porque todo es bueno para el convento, que decía el fraile.

Para hacer funcionar este sistema perverso se ha implantado un sistema de bonus igualmente retorcido: inspectores con incentivos económicos por abrir expedientes según volumen de recaudación, rapidez y acuerdos con los contribuyentes. La calidad técnica, la equidad o la seguridad jurídica son, al parecer, cuestiones secundarias. En Hacienda, abrir una investigación injustificada también tiene premio. Y, como en Los Soprano, los de abajo llenan el sobre de los de arriba, mientras reciben el suyo propio.

Por no hablar del goteo constante de casos de corrupción individual que se suceden discretamente. El último afecta nada menos que al presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central, acusado de recibir sobornos a cambio de estimar recursos. Todo un ejemplo para los contribuyentes.

Lo preocupante no es que la AEAT actúe como un organismo sin control judicial real, con un poder desproporcionado y una capacidad de presión propia de regímenes totalitarios. Lo más grave es que este sistema se aplica de forma desigual, según las ideas o contactos del contribuyente. Si eres un youtuber independiente, que quiere escapar del infierno fiscal, te geolocalizarán el móvil o revisarán las cámaras de la frontera, a ver si pueden residenciarte en España por haber ido al IKEA de Badalona. Pero si eres hermano del Presidente del Gobierno puedes percibir un sueldo fijo de la Diputación de Badajoz y declarar que resides en Portugal. Y los inspectores de la AEAT redactarán un informe jurídico que certifique que este fenómeno paranormal de bilocación tributaria es perfectamente legal. ¡Con un par! Tanto es así, que un exdirector de la propia AEAT, el prestigioso Ignacio Ruiz-Jarabo, ha afirmado que la Agencia presentó un informe falso.

Ahora, con la causa colectiva en marcha y la opinión pública internacional atenta, se abre la posibilidad de que el Estado español tenga que responder en Estrasburgo por su trato a los contribuyentes. Sería el momento de poner sobre la mesa reformas como suprimir el viciado sistema de incentivos, recuperar el carácter vinculante de los planes de inspección —para poner coto a la arbitrariedad y garantizar la seguridad jurídica— o reforzar los canales de denuncia y protección frente a represalias.

Pero, siendo honestos, no tengo demasiadas esperanzas. La ´Ndrangheta lleva siglos operando en Calabria sin que se haya podido poner fin a sus desmanes, hasta el punto de que un informe de Europol la considera la organización criminal más rica del mundo. Eso es que Europol todavía no ha investigado a la ´NdranghAEAT.

No hay dos sin tres. Y en fraude electoral tampoco.

 

“No se pueden robar unas elecciones en Estados Unidos”, dijo Nixon, tras ver a JFK alcanzar la presidencia gracias a un fraude monumental en Texas e Illinois, facilitado por algunos colaboradores influyentes y la inestimable ayuda de la Mafia.

En España, muchos repiten el mantra de que aquí tampoco es posible robar unas elecciones. ¡Ah, la democracia española! Ese sistema tan robusto, tan confiable, tan transparente… Los americanos deberían aprender de nosotros. Resulta curioso que en un país con una arraigada tradición en el fraude electoral, hasta el punto de tener una palabra propia —pucherazo—, se piense que eso es cosa de los antiguos y no nos puede pasar a nosotros.

Tal vez es por ello que la UCO tiene abiertas investigaciones por presunto fraude electoral en la mitad del territorio, desde Tenerife hasta Mojácar. O que hay directivos de Correos que denuncian prácticas tan inusuales en la gestión del voto por correo como que fuera Leira Díaz, responsable del área de filatelia puesta a dedo, quien lo validara con su firma, en lugar del director de operaciones.

Según el propio CIS (sí, el oráculo de Tezanos), el voto por correo al PSOE y Sumar fue estadísticamente muy superior al presencial. Concretamente del 51% por correo, mientras se quedaba en el 44% en mesa. Anomalía estadística que solo cabe explicar porque, como todo el mundo sabe, los votantes del PSOE y Sumar son los más ocupados de España y no tienen un domingo libre para acercarse a una urna. ¿O vais a hacer que Pepe Álvarez, el incombustible secretario de UGT, interrumpa la preparación del arroz con bogavante y vaya a votar presencialmente?

En las películas policiacas el detective de homicidios siempre anda a vueltas cuadrando los tres elementos del crimen: móvil, oportunidad y medios.

Aquí el móvil es claro: había que seguir gobernando. O como dicen en Ferraz, “seguir transformando España desde el BOE”. Porque una vez se ha probado el Falcon, cuesta volver al cercanías. O al trullo.

La oportunidad la tenían en el verano de 2023, con media España en la playa y la otra media en modo automático. Era el momento oportuno para que un aumento en el voto por correo pasase desapercibido. Igual que los ladrones aprovechan el estío para desvalijar casas, algunos supieron aprovecharlo para desvalijar las sacas de votos que durmieron días bajo custodia de Correos. Esa institución cuya profesionalidad es tan incuestionable como la de su presidente, nombrado por Sanchez como premio por acompañarle en el periplo para su vuelta a la Secretaría del PSOE.

En cuanto a los medios, ahí tenemos, entre otros, a Leire Díez, la fontanera del PSOE, que se presentaba a sí misma como responsable de más de 2.500 oficinas de Correos, presumiendo de estar “mano a mano” con el voto por correo el 23J. Una exconcejala sin experiencia conocida en logística ni procesos electorales, pero con el carné del partido en vigor. Y miles de empleados colocados a dedo, estómagos agradecidos entre los que no parece muy difícil encontrar a algunos dispuestos a devolver los favores y a hacer carrera en la administración. Meritocracia en estado puro.

—"Tonterías", dirán algunos. "No se pueden manipular millones de votos."—
Es que no hacen falta millones. Basta con unos pocos miles bien distribuidos en circunscripciones clave. En el Congreso, muy pocos escaños arriba o abajo pueden marcar la diferencia entre un "Gobierno Progresista" y un “vuelvan ustedes mañana”. En las del 23, concretamente, bastaba con cambiar el sentido de seis escaños.

Por supuesto, el castillo de naipes se desmorona si consideramos que Sánchez nunca haría algo así. ¿Cómo iba a hacerlo quien trató de colocar una urna tras un biombo para realizar una votación secreta en su propio partido?

Tal vez la UCO se aburra y los funcionarios exageren. Tal vez sean todo coincidencias y cosas de conspiranoicos. Pero se me ocurre que, si anda como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, tal vez sea un pato.

Y si hubo un pato en las elecciones que auparon al poder al Frente Popular en 1936, otro en las del verano de 2023, y la oposición sigue en la inopia, esperando que la democracia se autorregule sola... nos podemos encontrar con el tercer pato en las siguientes.

Mientras tanto, sigamos confiando en el sistema. Total, ¿qué podría salir mal cuando el zorro cuida del gallinero y los votos duermen en sobres apilados en el sótano de la oficina de correos, junto a la máquina de café?