Del copago que viene

La viabilidad de nuestro sistema de salud pone en cuestión la gratuidad total del mismo, a pesar de que los de siempre pongan el grito en el cielo cada vez que se insinúa la posibilidad del copago: “ya está los neoliberales tratando de hacer recaer sobre los humildes el precio de la crisis”. Lo de menos es escuchar la verdad, esto es que el copago se ha implantado hace años en países nórdicos que no tienen que recibir ninguna lección de socialdemocracia de los socialistas de estos lares, caracterizados por una gestión de los servicios públicos que los ha puesto al borde del colapso. El copago es moneda común en Suecia o en Noruega, por no hablar de USA, Canadá y de la casi totalidad de países de nuestro entorno.

Pero al margen de las comparativas y estadísticas, que pueden consultarse en cualquier hemeroteca, para enterarse de cómo va el tema lo mejor es preguntar a quienes están en el meollo. Y el otro día un cirujano, ferviente partidario del copago como la mayoría de sus colegas, me comentaba el uso que el españolito medio hace del sistema sanitario debido al gratis total. Así, los casos en que una intervención quirúrgica programada con semanas de antelación es suspendida a instancia del paciente que llama el día antes diciendo que “no puede ir porque viene su familia de Barcelona”. Y como los médicos no quieren convertirse en los malos del sistema, ajustan las intervenciones programadas para “entremeterlo” la semana siguiente.

También ejemplos como el de quien, después de que el centro de salud le recete analgésicos para un dolor de cabeza, considera que el diagnóstico es equivocado y acude a urgencias hospitalarias a pedir un scanner cerebral porque lo suyo tiene que ser un tumor o algo grave. Cuando, tras un examen, el equipo médico de urgencias confirma el diagnóstico inicial, el sujeto no se queda satisfecho y decide acudir a una tercera opinión, ¡¡¡en urgencias hospitalarias de otro centro de la ciudad!!! Y finalmente la cefalea del feliz usuario le cuesta un Congo al sistema de salud, movilizando a tres equipos médicos en perjuicio del normal funcionamiento del mismo. Por no hablar del gasto farmacéutico que crece y crece en el marco de una política que considera que a nuestros mayores se les pueden racionar las pensiones pero no las píldoras.

Es cierto que la asistencia sanitaria es un bien público básico, pero el abastecimiento de agua también y nadie cuestiona que hay que pagar por ella para evitar su despilfarro. Porque la racionalidad en el uso es la clave que impedirá una congestión y deterioro que al final se traducen en servicios de segunda para ciudadanos de segunda, mientras quienes tienen recursos económicos se refugian en las clínicas privadas. Y debe ser timbre de orgullo para nuestro país tener unos servicios públicos de calidad, que sean considerados dignos por todos los ciudadanos al margen de su nivel de renta.