Las vendas azules, o cuando la corrupción deja de tener color político.

 

El espectáculo judicial que se está desarrollando ante nuestros ojos está provocando un auténtico terremoto político, especialmente en el votante de derechas. Ese votante siempre sostuvo que el elector socialista era inmune a la corrupción de su partido e incapaz de castigarla en las urnas, pero rara vez se aplicaba a sí mismo ese criterio.

Así, evidencias que llevaban años delante de sus ojos eran ignoradas. Los casos de corrupción de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy no impidieron que ambos siguieran siendo referentes del Partido Popular, aplaudidos en mítines y utilizados como activos electorales. ¿Corrupción en el PP? Para muchos, siempre era discutible, exagerada o cosa del pasado.

Ahora los tribunales han colocado los hechos sobre la mesa con toda crudeza: la corrupción es corrupción, y tan responsable es quien se sienta en el banquillo con las siglas socialistas como quien lo hace con las populares. Además, no hablamos de episodios aislados, sino de un patrón que revela una amarga realidad: la democracia española lleva décadas secuestrada por una casta política que se ha alternado en el poder para utilizarlo en su propio beneficio.

El PSOE, pionero con el caso FILESA, acumula escándalos recientes de enorme impacto: los casos de Begoña, Ábalos-Koldo o Delcy-Plus Ultra, entre otros muchos, que alimentan la percepción de un partido estructuralmente contaminado por la corrupción.

Lo que empieza a cambiar ahora es que el votante de derechas descubre que el Partido Popular no le va a la zaga. Y las comparaciones son incómodas. ¿Qué es más grave, otorgar una cátedra a tu mujer, a pesar de su carencia de titulación académica oficial, como Sánchez, o mandar a unos matones a recuperar la contabilidad B del partido, como en el caso Kitchen? ¿Colocar a prostitutas en empresas públicas como Ábalos o diseñar beneficios fiscales a medida a cambio de mordidas, como se investiga en el entorno del exministro Cristóbal Montoro? ¿Cobrar comisiones por contratos sanitarios durante la pandemia desde el poder central, bajo la batuta de Salvador Illa, o hacerlo desde administraciones autonómicas y locales gobernadas por el PP? La conclusión es evidente: la corrupción ha sido cosa de todos y no tiene distinto rango moral según la ideología de quien la protagoniza.

Este vodevil judicial ha colocado ante el electorado conservador una realidad incómoda. José María Aznar y Mariano Rajoy ya no aparecen como referentes incuestionables, sino como símbolos de una etapa marcada por tramas, financiación irregular, condenas judiciales y operaciones policiales para ocultar pruebas. La caída de las vendas azules de los ojos está siendo dolorosa.

Ha habido reacciones propias de la fase de negación, etapa inicial del duelo, como tratar de defender que el PP actual no tiene nada que ver con el anterior. Pero, no nos engañemos, esa línea de ruptura no existe. Los actuales dirigentes fueron políticamente criados y ascendieron bajo aquellos liderazgos y, además, siguen apareciendo nuevos casos de corrupción vinculados al partido. La continuidad política es evidente.

Más significativo aún es que la dirección actual del Partido Popular no ha impulsado una ruptura real. No ha habido una depuración contundente, ni una desvinculación clara de dirigentes cuestionados. Aznar y Rajoy siguen interviniendo en la vida pública del partido y marcando su discurso. Pretender regeneración sin cortar con el pasado no es de recibo.

El calendario judicial continuará y su impacto electoral será inevitable. La cuestión es si el votante de derechas reaccionará de forma distinta a como siempre ha acusado al votante de izquierdas, manteniendo el apoyo a los suyos pase lo que pase, o si castigará la corrupción con independencia de las siglas.

Porque, en realidad, el problema nunca ha sido solo de los partidos. También lo es del votante. Si la corrupción del PSOE se castiga pero la del PP se justifica, o viceversa, la impunidad de los delincuentes está garantizada.

Las vendas azules están cayendo. Falta saber si, una vez caídas, se está dispuesto a mirar de frente y actuar en consecuencia.

Cuando se cayó el Régimen del 78

Los acontecimientos de los últimos días han puesto sobre la mesa la profunda crisis en la que se encuentra España bajo una falsa apariencia de normalidad. Existían signos claros del deterioro de la sanidad, la educación, la administración de justicia, el sistema energético o la seguridad, con situaciones propias de Estados fallidos, como la impunidad con la que redes de narcotraficantes operan en el Estrecho.

Pero la tragedia de Adamuz ha revelado que, en realidad, nada funcionaba como debía. En apenas una semana hemos pasado de presumir de una de las mejores redes de alta velocidad del mundo a reconocer que en España no existe alta velocidad en condiciones operativas normales.

Nada es casual. Todos estos síntomas son manifestaciones de una enfermedad más profunda: la crisis del llamado régimen del 78. Lo que nació como un modelo de transición democrática ha degenerado en un sistema de bipartidismo corrupto, una cleptocracia en la que una casta política sin escrúpulos ha expoliado durante décadas los recursos del país, hasta el extremo de destinar fondos de infraestructuras ferroviarias al pago de prostitutas o a la adjudicación de contratas irregulares a empresas vinculadas con personajes como Koldo.

Los españoles hemos tolerado esta degradación institucional durante demasiado tiempo, quizá por una tradición cultural de indulgencia hacia la picaresca, presente en nuestra literatura desde antes de El Lazarillo de Tormes. Lo que no nos dijeron es que los ciegos acabarían ocupando carteras ministeriales. Hoy ha quedado claro que la picaresca no tiene ninguna gracia, porque la corrupción mata.

Y, de repente, hasta el poder ha caído en la cuenta de que no se puede engañar a todos todo el tiempo. Empieza a temer el despertar de una ciudadanía dispuesta a exigir responsabilidades reales, responsabilidades que en muchos casos solo pueden acabar en la prisión. Pero la reacción no ha sido de arrepentimiento ni de propósito de enmienda, sino de defensa cerrada de su estatus. Desde las alturas se advierte ahora contra los “populismos” y contra la idea de que “solo el pueblo salva al pueblo”. Mientras tanto, ese mismo pueblo solo percibe incompetencia, corrupción y descomposición institucional.

Se ha definido la crisis como el momento en que lo viejo deja de ser válido y lo nuevo aún no ha nacido. Visto así, parece evidente que España atraviesa una crisis del sistema del 78 con todas las letras: la crisis de un bipartidismo corrupto que no solo ha deteriorado los servicios públicos, sino que ha corroído las instituciones vertebrales del régimen constitucional.

Dos partidos se han repartido sin pudor el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de RTVE, la Junta Electoral Central y buena parte de los medios de comunicación, convirtiendo el Parlamento en un decorado sin control efectivo del Gobierno. El resultado es un sistema agotado, incapaz de dar respuestas y cada vez más alejado de la ciudadanía. Ni siquiera la Corona ha escapado al deterioro institucional, como demuestra el inédito rechazo de los familiares de las víctimas del accidente al Monarca y al Ejecutivo.

La pregunta ya no es si el sistema está en crisis, sino cuánto tiempo podrá sostenerse antes de que la apariencia de normalidad se derrumbe y qué modelo vendrá después. Las tendencias en Europa son claras: el agotamiento de la ideología woke y el auge de corrientes que reivindican soberanía, racionalidad económica, control de fronteras, defensa de la familia y valores tradicionales... la vuelta al sentido común. Precisamente las que el régimen en crisis intenta desacreditar bajo la etiqueta de “populistas”.

Ojalá el cambio se produzca cuanto antes y al menor coste posible para los españoles.

El silencio no honra a las víctimas.

 

Cuando se produce una tragedia como el accidente ferroviario de Adamuz, lo primero es siempre solidarizarse con las víctimas y sus familias, y rogar para que sean atendidas de la forma más eficaz y rápida posible.

Dicho lo anterior, no vale el argumento de que no se trata de buscar culpables, ni de que hay que guardar un prudente silencio en respeto a los fallecidos y esperar a que se aclare lo sucedido.

No vale porque el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios había advertido en agosto de 2025 del mal estado de la red y de sus consecuencias en la degradación del material rodante y en el confort de los pasajeros. Y lo comunicó a los máximos responsables de la Seguridad Ferroviaria, solicitando la reducción de la velocidad a 250 km/h, sin que se atendieran sus demandas.

No vale porque este Gobierno había colocado a las prostitutas de cabecera del ministro de Transportes en Renfe y Adif como pago a sus servicios sexuales, dilapidando recursos que podrían haberse invertido en mejorar o vigilar la red.

No vale porque el responsable de Renfe es un individuo, sin experiencia previa en transporte ferroviario, que ha nombrado, a su vez, a una cúpula de amiguetes igualmente incompetentes para la responsabilidad encomendada.

No vale porque el gobierno heredó una red de alta velocidad con prestigio mundial y la ha convertido en una red de segunda categoría, en la que los incidentes y los retrasos son el pan de cada día.

No vale porque este gobierno criminal ha financiado cientos de millones de euros en infraestructuras ferroviarias de Marruecos y Egipto, en pago de favores —o no sabemos qué—, en lugar de invertirlos en mejorar nuestra propia red.

No vale porque no pueden pedir prudencia quienes, en anteriores tragedias, no dudaron ni un segundo en utilizar a las víctimas de la forma más miserable para obtener réditos políticos, sin esperar a las investigaciones e incluso cuando la responsabilidad recaía directamente sobre ellos (Yak, Alvia, residencias COVID, DANA…).

No vale porque es una utopía pretender que quienes todavía no han dado explicaciones sobre el apagón eléctrico del año pasado vayan a ser transparentes en un caso en el que sus responsabilidades han derivado en la pérdida de 39 vidas.

Sobre todo, no vale porque al mando tenemos un gobierno corrupto hasta la médula, que no respeta ni las leyes ni a las personas, y que nos lleva a pasos forzados al tercermundismo, donde la vida humana tiene menos valor. Y cada día que esta banda criminal sigue al mando es un día más en el que los derechos y las vidas de los españoles corren peligro.

Del narcorégimen venezolano, los yanquis y el gallinero europeo.

 

El mundo asiste a uno de los mayores cambios geopolíticos del siglo XXI. La caída del dictador Nicolás Maduro marca el principio del fin de un régimen sostenido durante años por la represión y el narcotráfico. Un acontecimiento histórico que ha provocado reacciones inmediatas en todo el mundo y que, una vez más, ha dejado al descubierto el naufragio moral, político y estratégico de la Unión Europea.

Rusia y China han reaccionado con condenas más o menos rotundas a la actuación de Estados Unidos, algo lógico dadas las relaciones geopolíticas, militares y económicas que ambos países mantienen con el régimen venezolano.

¿Y la Unión Europea? Para empezar, resulta tan increíble como revelador que ninguno de sus países, aliados de Estados Unidos en la OTAN, fuera informado previamente de la operación, y se hayan tenido que enterar por Tik Tok. Eso solo se explica por la desconfianza actual de los estadounidenses en una Europa que, sin ir más lejos, llegó a plantear en 2016 nada menos que la designación de Zapatero como enviado especial en Venezuela, con el apoyo del entonces ministro Margallo, y que solo la oposición de algunos países del este obligó a rebajar la ocurrencia al rango de una figura oficiosa y sin mandato claro.

Tras la intervención, la reacción de la Unión Europea se ha plasmado en un comunicado que insta al respeto del derecho internacional y a la calma, sin respaldo alguno a la acción estadounidense.

Por su parte, cada líder europeo ha dicho lo que le ha parecido, dejando en evidencia, una vez más, que la política exterior común de la UE es una milonga. Así, mientras Ursula von der Leyen llamaba al respeto del derecho internacional y a una transición pacífica, Pedro Sánchez —probablemente por lo que le va en el envite a su mujer— condenó la intervención como una violación del derecho internacional y Emmanuel Macron evitó cualquier condena directa, quedándose en tierra de nadie.

El problema de fondo es que la Unión Europea se ha convertido en un gallinero incapaz de adoptar una postura firme sobre nada, porque nadie sabe cuáles son sus objetivos. Como dice el viejo aforismo, ningún camino es bueno para quien no sabe a dónde va.

El panorama se vuelve aún más desolador al contemplar el estado del gallinero, por el que ya no se puede caminar sin pisar excrementos. Ahí está el lobby chino de Huawei, con eurodiputados —incluido nuestro González Pons— bajo sospecha de sobornos e influencias indebidas. También el lobby gasista ruso, que hasta hace muy poco operaba con total normalidad en Bruselas, pagando a unos y a otros, con el escándalo añadido de familiares de políticos europeos implicados en estructuras empresariales vinculadas a Gazprom. Desde Oriente Medio llegó el Qatargate, con sobornos millonarios, bolsas de dinero en efectivo y la vicepresidenta del Parlamento Europeo implicada. Al otro lado del Estrecho, la injerencia marroquí ha influido en resoluciones sobre derechos humanos y en la situación del Sáhara Occidental.

Y, por supuesto, la reina del gallinero: Ursula von der Leyen, investigada por sus vínculos con Pfizer y los turbocontratos de emergencia, firmados al margen de los procedimientos ordinarios, por volúmenes suficientes para vacunar diez veces a la población europea.

La mayoría de estos casos han terminado archivados, no por inexistencia de irregularidades, sino porque los líderes europeos tienen la fortuna de que la UCO no tiene competencias en Bruselas y pueden dar carpetazo a las investigaciones.

Ante este panorama, hablar de una acción exterior comunitaria resulta absurdo, porque dentro de la UE ya nadie sabe quién está sobornado por quién, ni los intereses de qué país o potencia —propios o ajenos— defiende cada uno.

Por eso, cada vez resulta más necesario poner fin a la deriva de la Unión Europea y proponer alternativas soberanistas que limiten el poder de unas instituciones alejadas del control democrático, devuelvan competencias a los Estados y recuperen los principios inspiradores de Europa, basados en la tradición grecorromana y cristiana, en lugar del globalismo woke.

Sin una limpieza profunda del gallinero, Europa seguirá cacareando sin rumbo, incapaz de influir en el exterior salvo para entonar los consabidos “deeply concerned” cuando algo ocurre en el mundo, y cada vez más desconectada —si no abiertamente enfrentada— de sus ciudadanos.

El bipartidismo, el régimen del 78… y la madre que los parió.

 

Leo estos días numerosos discursos preocupados por el auge del populismo y los extremismos, presentados como una amenaza directa al bipartidismo, a la Constitución y al llamado “régimen del 78”, elevados casi a la categoría de dogma.

Empecemos por el bipartidismo. Lo primero que puede decirse de él es que se parece mucho a un oligopolio. Y si el oligopolio económico se considera un sistema de competencia imperfecta que acaba perjudicando al consumidor, no está claro por qué el oligopolio político debería ser un modelo virtuoso en que dos partidos se alternan pacíficamente en el poder, compitiendo por ofrecer soluciones para el bienestar de los ciudadanos.

Nuestra experiencia no avala esa tesis. Así como el oligopolio económico tiende a maximizar el beneficio de las empresas, el oligopolio político se ha convertido en un sistema de maximización del beneficio del político, muchas veces al margen —cuando no en contra— de la ciudadanía. En España, este proceso se ha llevado al extremo, hasta rozar una cleptocracia, con dos partidos, PSOE y PP, dedicados durante cuatro décadas a saquear sistemáticamente los bolsillos de los españoles.

En cuanto a la Constitución y al régimen del 78, hoy presentados como el origen de todo lo bueno que tenemos, basta contrastar sus principios con la realidad. Separación de poderes, solidaridad interterritorial, una administración al servicio del ciudadano… El funcionamiento actual del sistema muestra hasta qué punto esos principios han sido vaciados de contenido.

Se ha impuesto un sistema partidista que se ha apropiado de las instituciones, repartiéndose el poder. Un sistema que intenta colonizar la justicia, que se ha apoderado de la administración —convertida en un aparato eficaz sólo para colocar a familiares y afines— y que ha devorado al cuarto poder, la prensa, hoy transformada en simple vocero del poder de turno.

No olvidemos Europa, raíz de nuestra civilización, hoy sustituida por una Unión Europea convertida en un engendro tecnocrático. Un espacio donde el bipartidismo, ya unido y sin tapujos, pretende gobernar nuestras vidas al margen de cualquier principio democrático. Un lugar donde una élite política, escasamente controlada y salpicada por la corrupción, decide qué debemos cultivar, qué comer, qué coche podemos usar y pretende incluso determinar qué podemos decir en las redes sociales o qué podemos hacer con nuestro dinero.

En suma, el bipartidismo corrupto que se ha adueñado de nuestra democracia es una de las principales causas de su degradación. Por eso, cualquier alternativa que lo cuestione merece, como mínimo, ser escuchada. Ni el PP ni el PSOE son valores en sí mismos que deban preservarse a toda costa. Y en cuanto al resto —Constitución, régimen del 78 o incluso la monarquía—, ninguno de estos elementos puede sobrevivir indefinidamente apoyado en un turnismo de partidos agotado, como ya se demostró en el primer tercio del siglo XX.

La regeneración democrática solo puede venir de nuevas fuerzas políticas, como las que están apareciendo por toda Europa. La única duda razonable es si el sistema que heredamos de nuestros padres sigue siendo válido, aunque necesitado de una profunda catarsis, que no va a venir de quienes originaron su crisis, o si la realidad actual ya lo ha superado y debe ser sustituido por un nuevo modelo capaz de responder a los retos del futuro.

Solo puede quedar uno.

 

Lo más destacado de las elecciones autonómicas en Extremadura es, sin duda, el ascenso de Vox, un fenómeno que se ha interpretado desde múltiples claves. Entre parte del electorado del Partido Popular se percibe una mezcla de sorpresa e incluso de satisfacción ante la posibilidad de que Vox actúe como complemento, como ese empujón que permita al PP “derechizarse” y desprenderse de algunos complejos históricos frente a la izquierda. De ahí surgen discursos sobre pactos de gobierno en comunidades autónomas, reparto de responsabilidades y entendimientos estables.

Pero la política no funciona así. Pensar que un partido político va a saltar al terreno de juego con la vocación de ser un segundón permanente, una muleta al servicio de otro, no tiene ningún sentido. Nadie crea un partido para terminar sosteniendo la escalera mientras otro ejerce el poder. Y menos aún cuando los programas del PP y Vox son distintos y, en muchos aspectos, radicalmente incompatibles. Que una parte del electorado popular no quiera asumirlo tiene probablemente más que ver con el miedo a mirar de frente la verdadera ideología del partido al que vota.

Las diferencias son profundas y estructurales. En la agenda verde, por ejemplo, el PP la ha asumido prácticamente como dogma —“el Evangelio”, en expresión del exministro García-Margallo—, mientras que para Vox es una ideología a combatir. En inmigración ilegal, el PP apuesta por fórmulas de regularización más o menos encubiertas, mientras que Vox defiende la repatriación de los irregulares.

En el modelo territorial, el PP ha interiorizado el sistema autonómico hasta convertirlo en una estructura de taifas profundamente arraigada, con barones que se equiparan al líder nacional, convertido en un primus inter pares. Para Vox, ese mismo sistema es la causa principal de la división de España y de profundas insolidaridades entre territorios.

En materia LGTBI y normativa de violencia de género, el PP pasó de una aceptación tibia a asumirla como parte de su acervo político —“líneas rojas”, en palabras de María Guardiola—. Vox, por el contrario, plantea directamente su derogación o modificación.

En fiscalidad, el PP se limita a prometer contención y límites a las subidas, mientras que Vox habla abiertamente de una “motosierra” sobre el gasto público, especialmente el político, como paso previo a una bajada sustancial de impuestos.

A todo ello se suma un factor no ideológico, pero determinante para cualquier pacto serio de gobierno: la regeneración democrática de las instituciones. Ambos partidos la exigen pero resulta difícilmente compatible con uno de ellos,  salpicado por múltiples escándalos de corrupción que afectan a todas sus estructuras: desde la sede nacional, reformada con dinero procedente de mordidas en la contratación pública, hasta diputaciones provinciales —la de Almería es el último ejemplo—, pasando por redes de corrupción calificadas judicialmente como organización criminal en comunidades como Madrid.

Desde estas premisas se entiende que Vox no tenga especial interés en entrar en gobiernos regionales, máxime cuando los antecedentes demuestran la escasa voluntad real del Partido Popular de compartir poder. Y también se entiende que el PP mire a Vox con una mezcla de necesidad y recelo, deseando en el fondo su desaparición.

Veremos cómo lo ocurrido en estas elecciones se replica y amplifica en próximas citas autonómicas, con un tercer actor, el PSOE, en caída libre. La prueba de fuego llegará en las elecciones generales, cuando Vox exija entrar en un gobierno nacional conforme a su representación parlamentaria, que —si las encuestas no se equivocan— podría situarse en torno a 110–130 escaños para el PP y entre 70–90 para Vox. En ese momento comprobaremos si el PP es capaz de pactar con Vox, lo que implicaría un giro radical de sus políticas nacionales y una ruptura de facto con sus aliados europeo, o si, por el contrario, opta por seguir el ejemplo de otros partidos conservadores europeos y buscar un acuerdo con un PSOE ya sin Sánchez.

La pista la dio un peso pesado de la ejecutiva popular, Esteban González Pons, en un debate televisado durante la campaña electoral de 2023, cuando recordó, “por si alguien no se había enterado”, que “en Bruselas el PP es coalición con el PSOE y con los Verdes y seguiremos siendo coalición con el Partido Socialista y los Verdes”.

Al final del camino, los votantes de derechas tendrán que elegir. Y, como en la película de Los Inmortales, el desenlace es inexorable a medio plazo: solo puede quedar uno.

Extremadura, la tierra donde nacieron los dioses, tumba del bipartidismo.

Tras las elecciones en Extremadura hay tantos análisis como analistas, aunque la mayoría adolecen del sesgo ideológico de quien los firma. Para entender lo que realmente ha sucedido, conviene alejarse del ruido y basarnos estrictamente en los hechos, analizando en primer lugar la perspectiva regional.

Hay datos indiscutibles: hace apenas dos años, María Guardiola era una desconocida que se enfrentaba a un peso pesado como Guillermo Fernández Vara, un candidato con buena imagen transversal que partía desde la posición de poder y sobre quien no pesaba sombra alguna de corrupción. En aquel entonces, el PSOE nacional padecía unos niveles de escándalo que podrían considerarse "soportables".

Sin embargo, el escenario de este domingo era radicalmente distinto. La convocante era la propia María Guardiola desde la presidencia de la Junta, contando con todo el aparato institucional a su favor y una maquinaria mediática regada con generosa publicidad institucional. Enfrente tenía a un candidato, Miguel Ángel Gallardo, imputado por corrupción y, de tal ineptitud, que no ha conseguido ser el más votado ni en su propia localidad de origen, encabezando a un Partido Socialista en plena descomposición y lastrado por un aluvión de escándalos.

En este contexto de absoluta ventaja, y sin negar el hecho indudable de que Guardiola ha ganado las elecciones, nada menos que 10.000 de los votantes que la apoyaron hace dos años han decidido ahora darle la espalda. Considerar esto un éxito y actuar como si se hubiera obtenido una gran victoria demuestra una soberbia o una ceguera que suelen ser la antesala de sucesivos batacazos. Ningún atleta que, tras competir en las condiciones óptimas y en el mejor escenario posible, empeora su propia marca, se permite el lujo de felicitarse por el resultado.

Pero lo verdaderamente trascendente de estas elecciones es su impacto a nivel nacional. Los datos permiten extraer conclusiones demoledoras: el desplome del PSOE ya no es una conjetura, sino una realidad incontestable. Si, en uno de sus graneros de votos tradicionales, el socialismo no logra superar el 25%, la extrapolación de estos resultados al resto de España es terrorífica para el partido de Gobierno.

Por su parte, el Partido Popular acaba de mostrar su actual techo electoral. Nunca un partido lo tuvo tan fácil ni, seguramente, lo volverá a tener y, a pesar de ello, ha empeorado sus resultados brutos, siendo el escaño adicional un consuelo menor en una de las pocas regiones donde, además, el tema de la inmigración ilegal es todavía tangencial. Cabe señalar el detalle de que en Talayuela —el único municipio extremeño con un porcentaje de inmigración sustancial— VOX ha sido la fuerza más votada. Pensar que el PP va a superar a nivel nacional los 137 escaños de julio de 2023 es, hoy por hoy, una utopía.

Porque, además, al PP se le plantean dos problemas añadidos. En primer lugar, el mantra del "voto útil", que funcionaba como un eficaz dique de contención frente al trasvase de apoyos hacia VOX, se ha derrumbado definitivamente; ya nadie puede sostener que votar a esta formación sea un voto desperdiciado electoralmente. En segundo lugar, ha quedado desarticulado el mecanismo de uso partidista de las encuestas demoscópicas publicadas en medios afines —regados con dinero público— como herramientas de orientación del voto, en tanto que todas ellas han quedado en evidencia al errar estrepitosamente, otorgándole a VOX apenas la mitad de los sufragios que finalmente obtuvo.

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el bipartidismo ha muerto. En esta tierra, que forjó imperios y vio nacer figuras legendarias, se ha firmado el domingo su acta de defunción política. No hay nada que permita suponer que el tsunami iniciado en tierras extremeñas no vaya a continuar en Aragón, Castilla y León, Andalucía y, más pronto que tarde, en unas elecciones generales. Su final es una buena noticia, en cuanto que el sistema había devenido en una estructura podrida desde sus cimientos. Ahora queda por ver si las nuevas alternativas serán capaces de dar soluciones a los graves problemas que afronta España. Esperemos que así sea.

Valencia: de la tragedia a la farsa.

 

Se habla poco del esperpento que han tenido que padecer los familiares de las víctimas de la DANA de Valencia con ocasión de la conmemoración del primer aniversario de la catástrofe.

A la puesta en escena, dentro del Museo Felipe VI de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, no le faltaba de nada: esculturas de colores, sillas de picnic, presidentes autonómicos con sus banderitas correspondientes, rosas blancas y un discurso vacío pronunciado como oficiante por Felipe VI, “el preparao”, asistido por los sacristanes Sánchez y Mazón. Méritos no les faltaban: al uno, que en plena catástrofe andaba de pagafantas con una periodista; y al otro, que podría haber pronunciado la frase: “Si queréis ayuda, no tenéis más que pedirla.”  

No quiero entrar en el fondo del asunto, es decir, en el desparpajo con que unos líderes políticos que abandonaron al pueblo valenciano tras la catástrofe —como antes abandonaron a los de La Palma— comparecen un año después sin soluciones, pero con un cinismo sin límites y lágrimas de cocodrilo, para capitalizar políticamente el dolor de las víctimas.

En su lugar, me voy a referir exclusivamente al castigo añadido para las víctimas desde las formas y la estética. Porque en Valencia tienen una magnífica Catedral, que data del siglo XIII, tras la conquista de la ciudad por Jaime I de Aragón, donde podría haberse celebrado un acto absolutamente apolítico, pero profundo y comprensible para todos los ciudadanos.

En lugar de ello, han preferido la exaltación de la paparrucha woke, eliminando cualquier traza de trascendencia y espiritualidad en favor de una especie de convención de concesionarios de automóviles o corredores de seguros. En mi opinión, para coronar el espectáculo faltaban unas banderas palestinas y LGTBI colgando de los techos del pabellón.

Por supuesto no hubo salmos ni lecturas bíblicas. Parece que palabras como “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”, “este es mi consuelo en medio del dolor: que tu promesa me da vida” o “aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado” no están a la altura de la tragedia.

En su lugar, el sermón regio contenía frases tan conmovedoras como “la Reina y yo queremos que lo sepáis: estamos, ahora y siempre, con vosotros”, “qué difícil es transformar las palabras en abrazos” y “ojalá nuestras palabras lleguen como un abrazo”. Parece que les gustó la muletilla de las palabras y los abrazos. Solo faltó darle un abrazo a Sánchez.

Cierto que la farsa se vio algo deslucida por los gritos y abucheos proferidos por algunos asistentes, de los que no se libraron ni los responsables de la catástrofe —Sánchez y Mazón— ni, novedad, la comparsa que se prestó a la ópera bufa, el “preparao”. Este último debería tomar nota porque, en España, los abucheos al Rey se sabe donde empiezan pero no donde terminan, que puede ser embarcando en un crucero rumbo a Italia o en un avión camino de Abu Dabi.

Esto pasa cuando unos políticos viven alejados de la realidad y creen que pueden sustituir la historia y la tradición de un pueblo por nuevas religiones que no atraen a nadie salvo a quienes viven de ellas. Porque no me cabe ninguna duda de que, si la ceremonia se hubiera celebrado en la Catedral, con la solemnidad propia de la ocasión, ningún asistente se habría atrevido a interrumpirla con gritos, aunque estuviera justificada su indignación.

Al menos, en el pecado, llevan la penitencia.

La “Flotilla por la Libertad”, o la Armada Brancaleone.

 

Tras un mes de travesía para una ruta que, con las condiciones de mar y viento reinantes, no debería haber llevado más de doce días, la Flotilla por la Libertad se acerca finalmente a las costas de Gaza. Lo que en los comunicados iniciales se presentaba como una misión trascendental y urgente —romper el bloqueo con ayuda humanitaria— se ha convertido  en un crucero mediterráneo, con capítulos que podrían haber firmado Santiago Segura o Fernando Esteso.

La aventura arrancó en Barcelona envuelta en la más pura épica progre. Entre sirenas y banderas palestinas, la escuadra se hizo a la mar en olor, que no en loor, de multitudes. Pero se desinfló a pocas millas de la costa, probablemente por el mareo de unos tripulantes más curtidos en batucadas de barrio y comunas humeantes que en aventuras marineras.

Para sobreponerse del mal trago inicial, hicieron escala en Menorca por supuestos “problemas técnicos”. Lo que no previeron es que la aplicación Marine Traffic los delataría, mostrando que, en lugar de reparar averías en puerto, estaban tomando el sol y dándose baños en las calas menorquinas: Palestina puede esperar.

La ruta continuó hacia Túnez, escala oficialmente destinada a “incorporar nuevos barcos”. El tiempo de espera de los nuevos argonautas se llenó con clases improvisadas de bailes regionales y, para añadir dramatismo, un supuesto ataque de drones israelíes. Y como los derviches entraban en trance religioso para la batalla, los aguerridos marineros por la libertad la afrontaron en trance psicotrópico. Porque, de otra forma, no se explica que los supuestos drones fueran en realidad bengalas de emergencia, lanzadas alegremente por algún eufórico tripulante, que estuvieron a punto de hundir uno de los barcos.

El avance, desesperadamente lento, provocó incluso cambios en el liderazgo. Greta Thunberg anunció su “dimisión simbólica” como madrina ambiental, denunciando que la flotilla produce más memes que resistencia. Las malas lenguas dicen que ya ni los del sector vegano la soportaban. En su lugar emergió la surrealista Barbie Gaza, con chaleco salvavidas de quita y pon, pañuelo palestino y mucho contoneo de caderas para marcar el rumbo. 

También hubo algo más que dimes y diretes entre las “distintas sensibilidades”. Así el coordinador de la flotilla, un tal Khaled Boujemâa, dimitió en protesta por la presencia de activistas LGBTQI en la flotilla. Según manifestó, nadie le había avisado de que en los barcos había tanto ambiente.

A las pausas técnicas y de reagrupamiento se sumó la “gran tormenta”: olas de tres metros que —según la propia Barbie— ponían en riesgo la misión. Aquí otra vez la aplicación Windy reveló que eran menos metros, apenas uno, lo que apunta a que el oleaje era producido por el calimocho o por la falta de ánimo de quienes saben que cada milla hacia Gaza los acerca a las patrulleras israelíes.

Hubo un momento de euforia cuando Italia, España y Turquía anunciaron el envío de unidades navales en apoyo de la Invencible. Pero poco dura la alegría en casa del okupa y pronto los supuesto salvadores avisaron de que no iban a gastar pólvora en la aventura, y aconsejaron a los aventureros dar la vuelta para casa, que se enfría la cena.

Así, la flotilla ha terminado convertida en una Armada Brancaleone náutica. Como aquel ejército de andrajosos medievales, estos perroflautas avanzan entre cánticos, percances y ridículos, convencidos de estar escribiendo una epopeya. Lo que debía ser cruzada ha devenido en sainete, y lo que aspiraba a ser gesta se parece más a una comparsa flotante en busca de tiktoks e historias de Instagram.

En la película de Monicelli, Vittorio Gassman lideraba a un grupo de famélicos convencidos de su misión caballeresca. Aquí, no hay nadie en el puente y la única la brújula de la armada improvisada es el wokismo de manual y los vapores del cannabis. No tengo claro que, con semejantes coordenadas, puedan desafiar al poder militar más sofisticado de Oriente Medio.

Ahora, frente a Gaza, se avecina el desenlace. El telón está a punto de caer y el aire huele a clímax trágico. Porque, en toda tragicomedia, lo que empieza en risas suele terminar en llanto. Y la historia y el cine coinciden: en estas empresas al final se muere el más tonto. El problema es que en la flotilla hay muchos candidatos al puesto.

Menores, millones y contratos: los tratos con la trata.

En España, la protección de los menores extranjeros no acompañados (los conocidos como MENAs) supone cada año cientos de millones de euros. Y lo hace a precios que harían sonrojar a cualquier gestor sensato: más de 4.500 euros al mes por plaza, llegando en algunos expedientes —como uno de los últimos de la Comunidad de Madrid— a 5.855 €/mes por menor.

Si lo comparamos con situaciones más cercanas, las cifras llaman la atención. Mantener a una familia española ronda los 3.000 €/mes, según estudios solventes. Incluso en una gran ciudad, una familia de cuatro miembros con colegios privados no supera los 4.500 €. Y un estudiante en Madrid, viviendo en un colegio mayor y en una universidad privada, paga unos 2.800 € al mes. ¿Cómo puede ser que cuidar de un menor tutelado cueste el doble?

La explicación parece estar en un enredo de contratos y convenios: adjudicaciones de emergencia, prórrogas, falta de transparencia… Todo funciona en un terreno opaco y, al final, el contribuyente paga sin saber qué. Harían falta auditorías externas, criterios claros sobre costes y calidad, y procedimientos para saber, entre otras cosas, si el beneficiario es realmente menor. Porque, esa es otra, según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2024 solo la mitad de las personas sometidas a pruebas de edad resultaron ser menores.

No se trata de criminalizar a los jóvenes acogidos —víctimas de migraciones peligrosas—, sino de preguntarse quién gana este negocio y por qué ningún responsable político parece dispuesto a ordenar la casa. La acogida de los menores vulnerables es misión del Estado, pero eso no da patente de corso para el despilfarro. Sobre todo cuando se trata de menores extranjeros, llegados no se sabe muy bien cómo y por qué razón.

Surgen preguntas obvias: ¿por qué y para qué se les acoge?, ¿quiénes son sus familias?, ¿quién permite que arriesguen su vida en travesías tan peligrosas?, ¿qué destino tienen una vez aquí? Y, sobre todo, ¿por qué nadie revisa con rigor cómo funciona todo este engranaje? La Historia, como siempre, puede darnos algunas pistas:  del Medievo a la Edad Moderna, África estuvo conectada con el mundo islámico y europeo mediante redes esclavistas que movían a miles de personas. Niños y adolescentes fueron una parte significativa de esos cautivos.

Aunque con motivaciones distintas—económicas, militares, políticas—, el denominador común era la utilización de la infancia como un recurso explotable. Solo los movimientos abolicionistas de los siglos XVIII y XIX empezaron, poco a poco, a erradicar esas prácticas.

Hoy, bajo el camuflaje del buenismo, recorremos un camino inverso y muchos parecen estar haciendo su agosto con este mercadeo de personas. Pensar que, en pleno siglo XXI, alguien pueda lucrarse con el tráfico de niños —y que parte de ese dinero salga de fondos públicos— repugna a cualquier persona de bien. Pero, cuando hemos visto cómo se ha tapado el abuso y corrupción de menores en centros públicos por personas que ocupan actualmente cargos institucionales de primer nivel (sí, me refiero a la Presidencia del Congreso), o cómo un ministro de Hacienda vendía favores fiscales al mejor postor, pocas cosas pueden sorprendernos.

Hace poco leí a un periodista que decía: “El día que salga a la luz la corrupción en el gasto social, nos llevaremos las manos a la cabeza”. Quizá ha llegado el momento de abrir ese melón, antes de que los motivos para avergonzarnos por mirar hacia otro lado se vuelvan insoportables.