La prioridad nacional y las prioridades particulares.

 

El concepto de prioridad nacional está levantando ríos de tinta y ampollas, lo que suele ser señal inequívoca de que se ha rozado una verdad incómoda.

Conviene empezar aclarando que dicho principio, así en abstracto, no solo no es inconstitucional, sino que está consagrado (aunque sin mencionarlo expresamente) en nuestro texto constitucional. La Constitución española no pretende en ningún momento igualar a los nacionales con los extranjeros, como no lo hace ninguna constitución en el mundo.

Así, en el capítulo “De los españoles y los extranjeros”, diferencia claramente entre unos y otros: los primeros gozan en plenitud de las libertades reconocidas, mientras que los segundos lo hacen “en los términos que establezcan los tratados y las leyes”. Quedan, además, excluidos del derecho de voto en elecciones generales o autonómicas.

A partir de ahí, la pregunta es sencilla: ¿debe un país garantizar por ley los mismos derechos a quienes no son nacionales? ¿O, por el contrario, el principio de prioridad nacional, vigente en todos los ordenamientos hasta antes de ayer, sigue teniendo sentido?

Hace nada, todos asumíamos que para entrar en un país ajeno hacía falta un permiso, otorgado por diversas razones: turismo, trabajo, matrimonio o cuestiones familiares. Nadie se planteaba el derecho a cruzar irregularmente una frontera para, a renglón seguido, exigir prestaciones públicas como quien reclama el postre tras acabar su filete.

Porque la identidad y la esencia de un país son producto de una historia y unas vivencias comunes que no se pueden arrojar alegremente a la basura. Ni diluir en un globalismo camuflado de buenismo que sostiene ahora que las fronteras no existen.

Claro que, si uno rasca un poco, descubre que aquí cada cual tiene sus prioridades. Y ninguna pasa, curiosamente, por el interés de los que siempre pagan el pato.

La izquierda, que no consigue que los nacionales le voten, ha priorizado sustituirlos por extranjeros, más propensos a mantenerlos en el poder. Y no es la única, porque la emperatriz de Chamberí quiere perpetuarse en el poder apoyada en un par de millones de agradecidos inmigrantes, a los que considera “tan españoles como Abascal”, sin detenerse a evaluar su impacto real en transportes, servicios sociales o viviendas.

La gran patronal y las empresas del IBEX priorizan la mano de obra barata y les parecen estupendas las regularizaciones exprés, porque impulsan los costes salariales a la baja.

Las ONG priorizan un negocio millonario y fuera de control, donde se desvían millonadas de dinero público (entre 4.000 y 6.000 euros al mes nos cuesta un MENA) en contratos de urgencia.

Hasta los obispos priorizan, señalando con su dedo anillado a los díscolos, el negocio de la inmigración ilegal, frente a causas más prosaicas y menos prioritarias, como el aborto o la eutanasia.

Todos están en contra de cualquier intento de priorizar el acceso a la vivienda de los jóvenes españoles, superados por unos precios disparados ante el repentino exceso de demanda. O la atención sanitaria de quienes sufren las listas de espera de un sistema no pensado para la invasión migratoria. O la tranquilidad de quienes residían en barrios donde los vecinos vivían en paz, y ahora ven como algo normal la existencia de bandas juveniles que dirimen sus rencillas a machetazos o protagonizan, con una frecuencia alarmante, violaciones grupales.

La prioridad nacional no va a ser la panacea que resuelva los innumerables problemas que padecemos. Pero que nadie dude de que, si no se aborda con rigor el problema de la inmigración, y se repatria a delincuentes, irregulares y aprovechados, los restantes problemas van a parecer menores en comparación con lo que se nos avecina.

Y para ver el futuro, no hace falta una bola de cristal: basta con mirar a Francia, Gran Bretaña, Alemania o, más cerca, Cataluña y País Vasco.

Las vendas azules, o cuando la corrupción deja de tener color político.

 

El espectáculo judicial que se está desarrollando ante nuestros ojos está provocando un auténtico terremoto político, especialmente en el votante de derechas. Ese votante siempre sostuvo que el elector socialista era inmune a la corrupción de su partido e incapaz de castigarla en las urnas, pero rara vez se aplicaba a sí mismo ese criterio.

Así, evidencias que llevaban años delante de sus ojos eran ignoradas. Los casos de corrupción de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy no impidieron que ambos siguieran siendo referentes del Partido Popular, aplaudidos en mítines y utilizados como activos electorales. ¿Corrupción en el PP? Para muchos, siempre era discutible, exagerada o cosa del pasado.

Ahora los tribunales han colocado los hechos sobre la mesa con toda crudeza: la corrupción es corrupción, y tan responsable es quien se sienta en el banquillo con las siglas socialistas como quien lo hace con las populares. Además, no hablamos de episodios aislados, sino de un patrón que revela una amarga realidad: la democracia española lleva décadas secuestrada por una casta política que se ha alternado en el poder para utilizarlo en su propio beneficio.

El PSOE, pionero con el caso FILESA, acumula escándalos recientes de enorme impacto: los casos de Begoña, Ábalos-Koldo o Delcy-Plus Ultra, entre otros muchos, que alimentan la percepción de un partido estructuralmente contaminado por la corrupción.

Lo que empieza a cambiar ahora es que el votante de derechas descubre que el Partido Popular no le va a la zaga. Y las comparaciones son incómodas. ¿Qué es más grave, otorgar una cátedra a tu mujer, a pesar de su carencia de titulación académica oficial, como Sánchez, o mandar a unos matones a recuperar la contabilidad B del partido, como en el caso Kitchen? ¿Colocar a prostitutas en empresas públicas como Ábalos o diseñar beneficios fiscales a medida a cambio de mordidas, como se investiga en el entorno del exministro Cristóbal Montoro? ¿Cobrar comisiones por contratos sanitarios durante la pandemia desde el poder central, bajo la batuta de Salvador Illa, o hacerlo desde administraciones autonómicas y locales gobernadas por el PP? La conclusión es evidente: la corrupción ha sido cosa de todos y no tiene distinto rango moral según la ideología de quien la protagoniza.

Este vodevil judicial ha colocado ante el electorado conservador una realidad incómoda. José María Aznar y Mariano Rajoy ya no aparecen como referentes incuestionables, sino como símbolos de una etapa marcada por tramas, financiación irregular, condenas judiciales y operaciones policiales para ocultar pruebas. La caída de las vendas azules de los ojos está siendo dolorosa.

Ha habido reacciones propias de la fase de negación, etapa inicial del duelo, como tratar de defender que el PP actual no tiene nada que ver con el anterior. Pero, no nos engañemos, esa línea de ruptura no existe. Los actuales dirigentes fueron políticamente criados y ascendieron bajo aquellos liderazgos y, además, siguen apareciendo nuevos casos de corrupción vinculados al partido. La continuidad política es evidente.

Más significativo aún es que la dirección actual del Partido Popular no ha impulsado una ruptura real. No ha habido una depuración contundente, ni una desvinculación clara de dirigentes cuestionados. Aznar y Rajoy siguen interviniendo en la vida pública del partido y marcando su discurso. Pretender regeneración sin cortar con el pasado no es de recibo.

El calendario judicial continuará y su impacto electoral será inevitable. La cuestión es si el votante de derechas reaccionará de forma distinta a como siempre ha acusado al votante de izquierdas, manteniendo el apoyo a los suyos pase lo que pase, o si castigará la corrupción con independencia de las siglas.

Porque, en realidad, el problema nunca ha sido solo de los partidos. También lo es del votante. Si la corrupción del PSOE se castiga pero la del PP se justifica, o viceversa, la impunidad de los delincuentes está garantizada.

Las vendas azules están cayendo. Falta saber si, una vez caídas, se está dispuesto a mirar de frente y actuar en consecuencia.

Cuando se cayó el Régimen del 78

Los acontecimientos de los últimos días han puesto sobre la mesa la profunda crisis en la que se encuentra España bajo una falsa apariencia de normalidad. Existían signos claros del deterioro de la sanidad, la educación, la administración de justicia, el sistema energético o la seguridad, con situaciones propias de Estados fallidos, como la impunidad con la que redes de narcotraficantes operan en el Estrecho.

Pero la tragedia de Adamuz ha revelado que, en realidad, nada funcionaba como debía. En apenas una semana hemos pasado de presumir de una de las mejores redes de alta velocidad del mundo a reconocer que en España no existe alta velocidad en condiciones operativas normales.

Nada es casual. Todos estos síntomas son manifestaciones de una enfermedad más profunda: la crisis del llamado régimen del 78. Lo que nació como un modelo de transición democrática ha degenerado en un sistema de bipartidismo corrupto, una cleptocracia en la que una casta política sin escrúpulos ha expoliado durante décadas los recursos del país, hasta el extremo de destinar fondos de infraestructuras ferroviarias al pago de prostitutas o a la adjudicación de contratas irregulares a empresas vinculadas con personajes como Koldo.

Los españoles hemos tolerado esta degradación institucional durante demasiado tiempo, quizá por una tradición cultural de indulgencia hacia la picaresca, presente en nuestra literatura desde antes de El Lazarillo de Tormes. Lo que no nos dijeron es que los ciegos acabarían ocupando carteras ministeriales. Hoy ha quedado claro que la picaresca no tiene ninguna gracia, porque la corrupción mata.

Y, de repente, hasta el poder ha caído en la cuenta de que no se puede engañar a todos todo el tiempo. Empieza a temer el despertar de una ciudadanía dispuesta a exigir responsabilidades reales, responsabilidades que en muchos casos solo pueden acabar en la prisión. Pero la reacción no ha sido de arrepentimiento ni de propósito de enmienda, sino de defensa cerrada de su estatus. Desde las alturas se advierte ahora contra los “populismos” y contra la idea de que “solo el pueblo salva al pueblo”. Mientras tanto, ese mismo pueblo solo percibe incompetencia, corrupción y descomposición institucional.

Se ha definido la crisis como el momento en que lo viejo deja de ser válido y lo nuevo aún no ha nacido. Visto así, parece evidente que España atraviesa una crisis del sistema del 78 con todas las letras: la crisis de un bipartidismo corrupto que no solo ha deteriorado los servicios públicos, sino que ha corroído las instituciones vertebrales del régimen constitucional.

Dos partidos se han repartido sin pudor el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de RTVE, la Junta Electoral Central y buena parte de los medios de comunicación, convirtiendo el Parlamento en un decorado sin control efectivo del Gobierno. El resultado es un sistema agotado, incapaz de dar respuestas y cada vez más alejado de la ciudadanía. Ni siquiera la Corona ha escapado al deterioro institucional, como demuestra el inédito rechazo de los familiares de las víctimas del accidente al Monarca y al Ejecutivo.

La pregunta ya no es si el sistema está en crisis, sino cuánto tiempo podrá sostenerse antes de que la apariencia de normalidad se derrumbe y qué modelo vendrá después. Las tendencias en Europa son claras: el agotamiento de la ideología woke y el auge de corrientes que reivindican soberanía, racionalidad económica, control de fronteras, defensa de la familia y valores tradicionales... la vuelta al sentido común. Precisamente las que el régimen en crisis intenta desacreditar bajo la etiqueta de “populistas”.

Ojalá el cambio se produzca cuanto antes y al menor coste posible para los españoles.

El silencio no honra a las víctimas.

 

Cuando se produce una tragedia como el accidente ferroviario de Adamuz, lo primero es siempre solidarizarse con las víctimas y sus familias, y rogar para que sean atendidas de la forma más eficaz y rápida posible.

Dicho lo anterior, no vale el argumento de que no se trata de buscar culpables, ni de que hay que guardar un prudente silencio en respeto a los fallecidos y esperar a que se aclare lo sucedido.

No vale porque el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios había advertido en agosto de 2025 del mal estado de la red y de sus consecuencias en la degradación del material rodante y en el confort de los pasajeros. Y lo comunicó a los máximos responsables de la Seguridad Ferroviaria, solicitando la reducción de la velocidad a 250 km/h, sin que se atendieran sus demandas.

No vale porque este Gobierno había colocado a las prostitutas de cabecera del ministro de Transportes en Renfe y Adif como pago a sus servicios sexuales, dilapidando recursos que podrían haberse invertido en mejorar o vigilar la red.

No vale porque el responsable de Renfe es un individuo, sin experiencia previa en transporte ferroviario, que ha nombrado, a su vez, a una cúpula de amiguetes igualmente incompetentes para la responsabilidad encomendada.

No vale porque el gobierno heredó una red de alta velocidad con prestigio mundial y la ha convertido en una red de segunda categoría, en la que los incidentes y los retrasos son el pan de cada día.

No vale porque este gobierno criminal ha financiado cientos de millones de euros en infraestructuras ferroviarias de Marruecos y Egipto, en pago de favores —o no sabemos qué—, en lugar de invertirlos en mejorar nuestra propia red.

No vale porque no pueden pedir prudencia quienes, en anteriores tragedias, no dudaron ni un segundo en utilizar a las víctimas de la forma más miserable para obtener réditos políticos, sin esperar a las investigaciones e incluso cuando la responsabilidad recaía directamente sobre ellos (Yak, Alvia, residencias COVID, DANA…).

No vale porque es una utopía pretender que quienes todavía no han dado explicaciones sobre el apagón eléctrico del año pasado vayan a ser transparentes en un caso en el que sus responsabilidades han derivado en la pérdida de 39 vidas.

Sobre todo, no vale porque al mando tenemos un gobierno corrupto hasta la médula, que no respeta ni las leyes ni a las personas, y que nos lleva a pasos forzados al tercermundismo, donde la vida humana tiene menos valor. Y cada día que esta banda criminal sigue al mando es un día más en el que los derechos y las vidas de los españoles corren peligro.

Del narcorégimen venezolano, los yanquis y el gallinero europeo.

 

El mundo asiste a uno de los mayores cambios geopolíticos del siglo XXI. La caída del dictador Nicolás Maduro marca el principio del fin de un régimen sostenido durante años por la represión y el narcotráfico. Un acontecimiento histórico que ha provocado reacciones inmediatas en todo el mundo y que, una vez más, ha dejado al descubierto el naufragio moral, político y estratégico de la Unión Europea.

Rusia y China han reaccionado con condenas más o menos rotundas a la actuación de Estados Unidos, algo lógico dadas las relaciones geopolíticas, militares y económicas que ambos países mantienen con el régimen venezolano.

¿Y la Unión Europea? Para empezar, resulta tan increíble como revelador que ninguno de sus países, aliados de Estados Unidos en la OTAN, fuera informado previamente de la operación, y se hayan tenido que enterar por Tik Tok. Eso solo se explica por la desconfianza actual de los estadounidenses en una Europa que, sin ir más lejos, llegó a plantear en 2016 nada menos que la designación de Zapatero como enviado especial en Venezuela, con el apoyo del entonces ministro Margallo, y que solo la oposición de algunos países del este obligó a rebajar la ocurrencia al rango de una figura oficiosa y sin mandato claro.

Tras la intervención, la reacción de la Unión Europea se ha plasmado en un comunicado que insta al respeto del derecho internacional y a la calma, sin respaldo alguno a la acción estadounidense.

Por su parte, cada líder europeo ha dicho lo que le ha parecido, dejando en evidencia, una vez más, que la política exterior común de la UE es una milonga. Así, mientras Ursula von der Leyen llamaba al respeto del derecho internacional y a una transición pacífica, Pedro Sánchez —probablemente por lo que le va en el envite a su mujer— condenó la intervención como una violación del derecho internacional y Emmanuel Macron evitó cualquier condena directa, quedándose en tierra de nadie.

El problema de fondo es que la Unión Europea se ha convertido en un gallinero incapaz de adoptar una postura firme sobre nada, porque nadie sabe cuáles son sus objetivos. Como dice el viejo aforismo, ningún camino es bueno para quien no sabe a dónde va.

El panorama se vuelve aún más desolador al contemplar el estado del gallinero, por el que ya no se puede caminar sin pisar excrementos. Ahí está el lobby chino de Huawei, con eurodiputados —incluido nuestro González Pons— bajo sospecha de sobornos e influencias indebidas. También el lobby gasista ruso, que hasta hace muy poco operaba con total normalidad en Bruselas, pagando a unos y a otros, con el escándalo añadido de familiares de políticos europeos implicados en estructuras empresariales vinculadas a Gazprom. Desde Oriente Medio llegó el Qatargate, con sobornos millonarios, bolsas de dinero en efectivo y la vicepresidenta del Parlamento Europeo implicada. Al otro lado del Estrecho, la injerencia marroquí ha influido en resoluciones sobre derechos humanos y en la situación del Sáhara Occidental.

Y, por supuesto, la reina del gallinero: Ursula von der Leyen, investigada por sus vínculos con Pfizer y los turbocontratos de emergencia, firmados al margen de los procedimientos ordinarios, por volúmenes suficientes para vacunar diez veces a la población europea.

La mayoría de estos casos han terminado archivados, no por inexistencia de irregularidades, sino porque los líderes europeos tienen la fortuna de que la UCO no tiene competencias en Bruselas y pueden dar carpetazo a las investigaciones.

Ante este panorama, hablar de una acción exterior comunitaria resulta absurdo, porque dentro de la UE ya nadie sabe quién está sobornado por quién, ni los intereses de qué país o potencia —propios o ajenos— defiende cada uno.

Por eso, cada vez resulta más necesario poner fin a la deriva de la Unión Europea y proponer alternativas soberanistas que limiten el poder de unas instituciones alejadas del control democrático, devuelvan competencias a los Estados y recuperen los principios inspiradores de Europa, basados en la tradición grecorromana y cristiana, en lugar del globalismo woke.

Sin una limpieza profunda del gallinero, Europa seguirá cacareando sin rumbo, incapaz de influir en el exterior salvo para entonar los consabidos “deeply concerned” cuando algo ocurre en el mundo, y cada vez más desconectada —si no abiertamente enfrentada— de sus ciudadanos.

El bipartidismo, el régimen del 78… y la madre que los parió.

 

Leo estos días numerosos discursos preocupados por el auge del populismo y los extremismos, presentados como una amenaza directa al bipartidismo, a la Constitución y al llamado “régimen del 78”, elevados casi a la categoría de dogma.

Empecemos por el bipartidismo. Lo primero que puede decirse de él es que se parece mucho a un oligopolio. Y si el oligopolio económico se considera un sistema de competencia imperfecta que acaba perjudicando al consumidor, no está claro por qué el oligopolio político debería ser un modelo virtuoso en que dos partidos se alternan pacíficamente en el poder, compitiendo por ofrecer soluciones para el bienestar de los ciudadanos.

Nuestra experiencia no avala esa tesis. Así como el oligopolio económico tiende a maximizar el beneficio de las empresas, el oligopolio político se ha convertido en un sistema de maximización del beneficio del político, muchas veces al margen —cuando no en contra— de la ciudadanía. En España, este proceso se ha llevado al extremo, hasta rozar una cleptocracia, con dos partidos, PSOE y PP, dedicados durante cuatro décadas a saquear sistemáticamente los bolsillos de los españoles.

En cuanto a la Constitución y al régimen del 78, hoy presentados como el origen de todo lo bueno que tenemos, basta contrastar sus principios con la realidad. Separación de poderes, solidaridad interterritorial, una administración al servicio del ciudadano… El funcionamiento actual del sistema muestra hasta qué punto esos principios han sido vaciados de contenido.

Se ha impuesto un sistema partidista que se ha apropiado de las instituciones, repartiéndose el poder. Un sistema que intenta colonizar la justicia, que se ha apoderado de la administración —convertida en un aparato eficaz sólo para colocar a familiares y afines— y que ha devorado al cuarto poder, la prensa, hoy transformada en simple vocero del poder de turno.

No olvidemos Europa, raíz de nuestra civilización, hoy sustituida por una Unión Europea convertida en un engendro tecnocrático. Un espacio donde el bipartidismo, ya unido y sin tapujos, pretende gobernar nuestras vidas al margen de cualquier principio democrático. Un lugar donde una élite política, escasamente controlada y salpicada por la corrupción, decide qué debemos cultivar, qué comer, qué coche podemos usar y pretende incluso determinar qué podemos decir en las redes sociales o qué podemos hacer con nuestro dinero.

En suma, el bipartidismo corrupto que se ha adueñado de nuestra democracia es una de las principales causas de su degradación. Por eso, cualquier alternativa que lo cuestione merece, como mínimo, ser escuchada. Ni el PP ni el PSOE son valores en sí mismos que deban preservarse a toda costa. Y en cuanto al resto —Constitución, régimen del 78 o incluso la monarquía—, ninguno de estos elementos puede sobrevivir indefinidamente apoyado en un turnismo de partidos agotado, como ya se demostró en el primer tercio del siglo XX.

La regeneración democrática solo puede venir de nuevas fuerzas políticas, como las que están apareciendo por toda Europa. La única duda razonable es si el sistema que heredamos de nuestros padres sigue siendo válido, aunque necesitado de una profunda catarsis, que no va a venir de quienes originaron su crisis, o si la realidad actual ya lo ha superado y debe ser sustituido por un nuevo modelo capaz de responder a los retos del futuro.