La prioridad nacional y las prioridades particulares.

 

El concepto de prioridad nacional está levantando ríos de tinta y ampollas, lo que suele ser señal inequívoca de que se ha rozado una verdad incómoda.

Conviene empezar aclarando que dicho principio, así en abstracto, no solo no es inconstitucional, sino que está consagrado (aunque sin mencionarlo expresamente) en nuestro texto constitucional. La Constitución española no pretende en ningún momento igualar a los nacionales con los extranjeros, como no lo hace ninguna constitución en el mundo.

Así, en el capítulo “De los españoles y los extranjeros”, diferencia claramente entre unos y otros: los primeros gozan en plenitud de las libertades reconocidas, mientras que los segundos lo hacen “en los términos que establezcan los tratados y las leyes”. Quedan, además, excluidos del derecho de voto en elecciones generales o autonómicas.

A partir de ahí, la pregunta es sencilla: ¿debe un país garantizar por ley los mismos derechos a quienes no son nacionales? ¿O, por el contrario, el principio de prioridad nacional, vigente en todos los ordenamientos hasta antes de ayer, sigue teniendo sentido?

Hace nada, todos asumíamos que para entrar en un país ajeno hacía falta un permiso, otorgado por diversas razones: turismo, trabajo, matrimonio o cuestiones familiares. Nadie se planteaba el derecho a cruzar irregularmente una frontera para, a renglón seguido, exigir prestaciones públicas como quien reclama el postre tras acabar su filete.

Porque la identidad y la esencia de un país son producto de una historia y unas vivencias comunes que no se pueden arrojar alegremente a la basura. Ni diluir en un globalismo camuflado de buenismo que sostiene ahora que las fronteras no existen.

Claro que, si uno rasca un poco, descubre que aquí cada cual tiene sus prioridades. Y ninguna pasa, curiosamente, por el interés de los que siempre pagan el pato.

La izquierda, que no consigue que los nacionales le voten, ha priorizado sustituirlos por extranjeros, más propensos a mantenerlos en el poder. Y no es la única, porque la emperatriz de Chamberí quiere perpetuarse en el poder apoyada en un par de millones de agradecidos inmigrantes, a los que considera “tan españoles como Abascal”, sin detenerse a evaluar su impacto real en transportes, servicios sociales o viviendas.

La gran patronal y las empresas del IBEX priorizan la mano de obra barata y les parecen estupendas las regularizaciones exprés, porque impulsan los costes salariales a la baja.

Las ONG priorizan un negocio millonario y fuera de control, donde se desvían millonadas de dinero público (entre 4.000 y 6.000 euros al mes nos cuesta un MENA) en contratos de urgencia.

Hasta los obispos priorizan, señalando con su dedo anillado a los díscolos, el negocio de la inmigración ilegal, frente a causas más prosaicas y menos prioritarias, como el aborto o la eutanasia.

Todos están en contra de cualquier intento de priorizar el acceso a la vivienda de los jóvenes españoles, superados por unos precios disparados ante el repentino exceso de demanda. O la atención sanitaria de quienes sufren las listas de espera de un sistema no pensado para la invasión migratoria. O la tranquilidad de quienes residían en barrios donde los vecinos vivían en paz, y ahora ven como algo normal la existencia de bandas juveniles que dirimen sus rencillas a machetazos o protagonizan, con una frecuencia alarmante, violaciones grupales.

La prioridad nacional no va a ser la panacea que resuelva los innumerables problemas que padecemos. Pero que nadie dude de que, si no se aborda con rigor el problema de la inmigración, y se repatria a delincuentes, irregulares y aprovechados, los restantes problemas van a parecer menores en comparación con lo que se nos avecina.

Y para ver el futuro, no hace falta una bola de cristal: basta con mirar a Francia, Gran Bretaña, Alemania o, más cerca, Cataluña y País Vasco.

Las vendas azules, o cuando la corrupción deja de tener color político.

 

El espectáculo judicial que se está desarrollando ante nuestros ojos está provocando un auténtico terremoto político, especialmente en el votante de derechas. Ese votante siempre sostuvo que el elector socialista era inmune a la corrupción de su partido e incapaz de castigarla en las urnas, pero rara vez se aplicaba a sí mismo ese criterio.

Así, evidencias que llevaban años delante de sus ojos eran ignoradas. Los casos de corrupción de los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy no impidieron que ambos siguieran siendo referentes del Partido Popular, aplaudidos en mítines y utilizados como activos electorales. ¿Corrupción en el PP? Para muchos, siempre era discutible, exagerada o cosa del pasado.

Ahora los tribunales han colocado los hechos sobre la mesa con toda crudeza: la corrupción es corrupción, y tan responsable es quien se sienta en el banquillo con las siglas socialistas como quien lo hace con las populares. Además, no hablamos de episodios aislados, sino de un patrón que revela una amarga realidad: la democracia española lleva décadas secuestrada por una casta política que se ha alternado en el poder para utilizarlo en su propio beneficio.

El PSOE, pionero con el caso FILESA, acumula escándalos recientes de enorme impacto: los casos de Begoña, Ábalos-Koldo o Delcy-Plus Ultra, entre otros muchos, que alimentan la percepción de un partido estructuralmente contaminado por la corrupción.

Lo que empieza a cambiar ahora es que el votante de derechas descubre que el Partido Popular no le va a la zaga. Y las comparaciones son incómodas. ¿Qué es más grave, otorgar una cátedra a tu mujer, a pesar de su carencia de titulación académica oficial, como Sánchez, o mandar a unos matones a recuperar la contabilidad B del partido, como en el caso Kitchen? ¿Colocar a prostitutas en empresas públicas como Ábalos o diseñar beneficios fiscales a medida a cambio de mordidas, como se investiga en el entorno del exministro Cristóbal Montoro? ¿Cobrar comisiones por contratos sanitarios durante la pandemia desde el poder central, bajo la batuta de Salvador Illa, o hacerlo desde administraciones autonómicas y locales gobernadas por el PP? La conclusión es evidente: la corrupción ha sido cosa de todos y no tiene distinto rango moral según la ideología de quien la protagoniza.

Este vodevil judicial ha colocado ante el electorado conservador una realidad incómoda. José María Aznar y Mariano Rajoy ya no aparecen como referentes incuestionables, sino como símbolos de una etapa marcada por tramas, financiación irregular, condenas judiciales y operaciones policiales para ocultar pruebas. La caída de las vendas azules de los ojos está siendo dolorosa.

Ha habido reacciones propias de la fase de negación, etapa inicial del duelo, como tratar de defender que el PP actual no tiene nada que ver con el anterior. Pero, no nos engañemos, esa línea de ruptura no existe. Los actuales dirigentes fueron políticamente criados y ascendieron bajo aquellos liderazgos y, además, siguen apareciendo nuevos casos de corrupción vinculados al partido. La continuidad política es evidente.

Más significativo aún es que la dirección actual del Partido Popular no ha impulsado una ruptura real. No ha habido una depuración contundente, ni una desvinculación clara de dirigentes cuestionados. Aznar y Rajoy siguen interviniendo en la vida pública del partido y marcando su discurso. Pretender regeneración sin cortar con el pasado no es de recibo.

El calendario judicial continuará y su impacto electoral será inevitable. La cuestión es si el votante de derechas reaccionará de forma distinta a como siempre ha acusado al votante de izquierdas, manteniendo el apoyo a los suyos pase lo que pase, o si castigará la corrupción con independencia de las siglas.

Porque, en realidad, el problema nunca ha sido solo de los partidos. También lo es del votante. Si la corrupción del PSOE se castiga pero la del PP se justifica, o viceversa, la impunidad de los delincuentes está garantizada.

Las vendas azules están cayendo. Falta saber si, una vez caídas, se está dispuesto a mirar de frente y actuar en consecuencia.