“Nunca vayas contra la familia (política)”

 

En un post anterior hablaba de los inconvenientes del bipartidismo español, esa coreografía política que podríamos resumir con la frase: “de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas”.

Muchos aún creen que esa alternancia pactada entre “los míos” y “los tuyos” es el modelo perfecto de estabilidad: un carrusel democrático que siempre vuelve al mismo sitio, pero con diferente pegatina en la puerta.

Los últimos días, el bombardeo de noticias sobre corrupción en el PSOE, dignas de un manual de delincuencia organizada (enchufismo, chanchullos en contrataciones, fraudes en subvenciones, dinero tropical en Dominicana y Venezuela, nepotismo al cubo… aderezado con un desfile de “chicas de la vida” y grabación de películas porno en saunas gay) han puesto en cuestión este supuesto equilibrio. Parecía que, tras tantas revelaciones, había llegado el momento de pasar página y cambiar de turno, hasta que llegó la noticia que rompió el guion. La imputación de Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda del partido alternativo que gobernó tres legislaturas (y cuyo homólogo en la primera tampoco salió precisamente limpio), cambió por completo el escenario.

Montoro está siendo investigado por haber impulsado reformas tributarias presuntamente diseñadas a medida para beneficiar a grandes empresas vinculadas al despacho fiscal del que él mismo había sido socio antes de asumir el cargo. Es decir, leyes hechas “con nombre y apellidos” para quienes, casualmente, también formaban parte de la cartera de clientes de su antiguo bufete.

Este hecho, más allá de su gravedad, simboliza a la perfección lo que algunos ciudadanos sospechaban desde hace tiempo: que lo ocurrido en España durante los últimos 40 años no es un sistema de alternancia entre dos opciones políticas, sino un auténtico reparto del país y de sus recursos entre dos clanes, con distinto color corporativo pero idéntica voracidad.

Al igual que en los años 20 en USA, la Banda de Chicago, las Cinco Familas de NY o el Gang de Detroit se repartían los negocios del juego, la prostitución, la protección y el alcohol, las dos grandes familias políticas de este país, “los azules” y “los colorados”, (con el apoyo de clanes menores como los "recogenueces" o "la banda del tres per cent") han gestionado, con similar disciplina, su propio “negocio”: desde el nepotismo y la corrupción en contratos públicos hasta la prevaricación y, en algunos episodios turbios, el uso de métodos más propios de gánsteres que de políticos (de Amedo y Domínguez a los sicarios presuntamente enviados por el ministro Jorge Fernández para secuestrar en su domicilio a la familia de Bárcenas y recuperar la contabilidad B del Partido Popular).

Si acaso, podríamos reconocer al “gang colorado” un sector donde parece llevar ventaja: el mercado de saunas y clubes de ocio, así como el de las películas X, nichos que domina con notable eficiencia.

Esto, que podría parecer una exageración, no lo es con el actual Código Penal en la mano. Porque ambos partidos cumplirían sobradamente las condiciones para ser imputados como organizaciones criminales (al margen de la responsabilidad personal de los autores materiales) por varios de los delitos imputables a las personas jurídica: cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partidos políticos, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales o delitos contra la intimidad y descubrimiento de secretos, como mínimo. Multitud de sentencias y procesos penales en curso evidencian la responsabilidad por culpa “in eligendo” e “in vigilando” de ambos partidos (Filesa, Gürtel, Roldán, ERE, Púnica, Marea, Tarjetas Black, Montoro..). Y que no lo estén ya se debe fundamentalmente a que, hasta 2015, se preocuparon muy mucho de excluir a partidos y sindicatos de cualquier responsabilidad penal. Solo por presión de la Unión Europea se corrigió esa “peculiar” laguna en nuestra normativa.

¿Cómo se ha mantenido este escenario durante tanto tiempo?

Por la misma razón que en la América de la Ley Seca: políticos comprados, funcionarios complacientes, policías en nómina y una prensa demasiado cómoda para incomodar a nadie. Un sistema perfecto donde la indignación ciudadana rara vez pasaba de ser un murmullo y donde el ciclo de “quítate tú que ahora me toca a mí” parecía inquebrantable.

Por suerte, la arrogancia y torpeza de unos y otros, junto con la existencia todavía de jueces y policías honestos, pueden evitar que España acabe hundiéndose definitivamente en el lodo. No será fácil, pero la historia ofrece motivos para la esperanza. Ya hemos estado gobernados por ladrones antes: desde el Duque de Lerma —aquel que, para evitar ser ahorcado, se vistió de cardenal— hasta los Romanones o los gánsteres del Gobierno Popular de la Segunda República. Y, aun así, el país logró sobreponerse, demostrando esa fuerza de la que hablaba Bismarck cuando decía que “España es el país más fuerte del mundo, porque los españoles llevan doscientos años intentando destruirla y no lo han conseguido”.

Llegados a este punto, la pregunta no es si se debe actuar, sino cómo. Y quizá la respuesta esté en las palabras de Malone en Los Intocables:

“Él trae un cuchillo… tú llevas un arma… si manda a uno de los tuyos al hospital, tú mandas a uno de los suyos a la morgue. ¡Así es como se hace en Chicago!”

En nuestro caso tal vez no haga falta tanta pólvora, pero sí reformas estructurales (ley electoral, transparencia, separación efectiva de poderes, control institucional) aderezadas con una escoba lo bastante grande para barrer la inmundicia acumulada por décadas de bipartidismo tóxico. Pero eso requerirá, en primer lugar, que nos quitemos la venda de los ojos, tratemos de ver la realidad como es, no como nos gustaría que fuera, y tengamos el coraje de admitir que hemos sido engañados. Y luego la determinación de no permitir que vuelva a repetirse nunca más. Porque  “no se trata solo de atrapar a Capone. Se trata de demostrar que la ley aún significa algo.”

El paraíso multicultural (Buenos días y Allah akbar, por si acaso)

 

Se dice que en cada generación hay un selecto grupo de gilipollas convencidos de que el socialismo no funcionó simplemente porque no lo dirigieron ellos. A ese grupo, plenamente vigente hoy en día, podríamos añadir otro aún más creativo: el de quienes aseguran que la integración del islam en Occidente no está funcionando… porque no la gestionan ellos.

El islam, como casi todos sabemos, ha sido siempre enemigo acérrimo de Occidente, y las diferencias se han resuelto, básicamente, con alfanjes y arcabuces. Y no podía ser de otra forma, antes y ahora. Porque, cuando una religión se presenta también como un sistema político completo —incluyendo normas sobre cómo vestir, qué comer, con quién casarse o qué castigos aplicar—, la convivencia con culturas liberales se vuelve, digamos, intensa. Y no es que quieran imponer su sistema político: es que Dios se lo ordena.

Por eso, el multiculturalismo —esa palabra mágica que arregla todo desde la distancia— empieza a hacer aguas cuando hay que integrar cosmovisiones tan diferentes. Mientras a cualquier occidental le puede parecer bien, higiene aparte, tener un kebab en la esquina, difícilmente veremos a una asociación musulmana aceptando las salchichas en el menú escolar. Y no se van a limitar a pedir que sus niños no las coman, sino que pretenderán (ya lo hacen) que se eliminen del menú, porque la simple existencia del embutido es una ofensa intolerable.

La cosa se pone más interesante cuando llegamos a la vestimenta, las manifestaciones religiosas, la igualdad de género o la orientación sexual… La receta del multiculturalismo funciona muy bien mientras los ingredientes no se repelen entre sí. Pero aquí tenemos una mezcla con una reacción química que produce, como resultado, unos compuestos muy particulares: islam combinado con homosexualidad produce ahorcamiento público; mujer más minifalda origina ramera; paseante con perro es animal impuro; o cerveza con tapa de jamón supone cárcel.

Aun así, nuestros líderes —ese selecto grupo de estrategas que nunca falla una— han decidido que hay que integrar al islam tradicional en las sociedades occidentales. Aunque, en realidad, no se trata tanto de integrarlo como de reconstruir la cultura occidental desde cero y sustituirla por un nuevo modelo dirigido por ellos mismos. Como siempre, por nuestro bien.

El problema es que esto no va a funcionar. No porque seamos malvados intolerantes, sino porque hay realidades que no se pueden reconciliar a base de eslóganes. Cuando se trata de la relación entre Occidente y el islam tradicional, la cosa es simple: o ellos, o nosotros. Y si queremos que el “nosotros” incluya libertades civiles, igualdad de género y separación entre religión y política, tendremos que tomar decisiones algo menos estéticas que los hashtags solidarios.

Eso implicará —¡qué escándalo!— reconsiderar deportaciones masivas de ilegales y delincuentes, proteger las fronteras y eliminar el negocio humanitario de ciertas ONG que, bajo apariencia de compasión, gestionan flujos de personas como si fueran operadores logísticos del caos, eso sí, cobrando sus fletes, tarifas y comisiones. Ahí está Open Arms, por ejemplo, o los acuerdos tácitos con sátrapas de países emisores que están vaciando sus cárceles para exportarnos talento en pateras. El caso de Mohamed VI es digno de estudio: alguien debería darle un premio a la externalización de la delincuencia.

Y todo esto no es teoría conspirativa: basta mirar a Francia, Alemania o, mejor aún, a Suecia. Ese país que fue emblema del civismo nórdico y que, gracias a sus activas políticas pro inmigración se ha convertido en un estercolero multicultural. De Thores y valquirias con estética IKEA, hemos pasado a bandas armadas resolviendo conflictos al margen de las asambleas vecinales. Así, uno de los países más seguros del mundo, en 2023 se posicionó como el segundo país con más muertes por armas de fuego por cada 100.000 habitantes ¡Quién lo podía a suponer!

En España no íbamos a ser menos. Lo de Torre Pacheco no es una excepción, es un avance: la punta del iceberg de esa añorada recuperación de Al-Ándalus (que, para los del turbante, llega hasta Covadonga). De los tiempos en que la integración consistía en “dame un segarro, amigo”, hemos pasado a violaciones grupales, ancianos asaltados por diversión y personajes con machetes deambulando por las calles como parte del mobiliario urbano. Y, además, puesto que en los barrios céntricos, donde viven nuestros solidarios dirigentes, no hay bandas de Menas asaltando a los menores para robarles el móvil o las deportivas, pues fenomenal: “ojos (de político) que no ven, corazón que no siente”.

Y los que consideran que todo esto es racismo, islamismo y xenofobia deberían darle una vuelta al tema de por qué los chinos, por ejemplo, que llevan años conviviendo con nosotros, no han dado nunca lugar a los lamentables episodios que se producen actualmente a diario, aunque los medios tradicionales traten de ocultarlos.

No quisimos ver las barbas del vecino pelar, y ahora tenemos la cuchilla del barbero pegada a nuestro cuello. O reaccionamos pronto, o descubriremos —demasiado tarde— que algunas políticas pueden revertirse, pero otras, como las invasiones culturales consentidas, no. Porque llegará un punto en que los que decidirán si la cosa tiene marcha atrás ya no seremos nosotros. Serán ellos.

La vuelta a la cesta de los pollos.

Al final va a resultar que el kit de supervivencia de 72 horas que recomendaba la Comisión Europea tenía todo el sentido… al menos en España.

Primero, por los apagones, esa agradable novedad introducida por el Gobierno de Sánchez en nuestras vidas, en pro del noble anhelo de retroceder a la Edad Media tras el pendón del cambio climático.

Pero donde de verdad están pasando la prueba del fuego los dichosos kits es en los viajes en tren. Hoy en día, subirse a un tren en España con solo una maleta es un acto de temeridad. Todo lo que no incluya un bidón de agua, una potabilizadora, raciones de emergencia, linterna, navaja suiza y botiquín básico, es un desafío al destino.

Hemos vuelto a los orígenes, sí, pero con estilo europeo: la cesta de pollos y la tortilla de patatas en los expresos del siglo pasado, hoy se llama “kit de resiliencia personal”.

Aunque ojo, tampoco es recomendable olvidarse del kit en los viajes por carretera. El estado de la red viaria hace posible que caigas en un socavón y tengas que vivir en él durante días, hasta que algún alma caritativa decida enviarte una grúa.

Que un país con infraestructuras modélicas hace apenas 15 años haya llegado a este punto, tras siete años de gobierno socialista, se explica observando atentamente a quienes han estado al frente del Ministerio de Transportes.

Primero, José Luis Ábalos, maestro de formación, cuya experiencia logística más notable fue el transporte de prostitutas en furgonetas desde Valencia al parador de Teruel.

Después, Raquel Sánchez, exalcaldesa de Gavà, que no consideró relevante que los túneles tenían que ser más anchos que los trenes que iban a circular por ellos. ¡Tanta medición ni tanta medición!

Y finalmente, Óscar Puente, el remate perfecto. Más aficionado a los Mercedes todoterreno de lujo que a los trenes, ha conseguido culminar la catástrofe ferroviaria. Hoy, montar en tren en España es como entrar en una versión moderna del cuento de la bruja, y no estaría de más colocar un cartel en cada vagón con la frase:

“De irás y no volverás.”

Eso sí, hay que reconocerles algo: han conseguido el objetivo de la igualdad ferroviaria. Las comunicaciones por tren en Extremadura se han puesto al nivel del resto de España… pero no porque hayan llevado el AVE allí, sino porque lo han desmantelado en todas partes. ¡Arreglao!

Lo único que de verdad tranquiliza es saber que, como se ha visto en las últimas horas, los transportes en furgones hacia las penitenciarías funcionan perfectamente. Esperemos, por nuestro bien, que tengan suficiente capacidad para absorber la creciente demanda.

Juanma el diplomático.

Hace un par de meses, el PP declaraba la guerra a las "falsas embajadas" catalanas y exigía su cierre en el Parlament. Y todo ello supuestamente en defensa de su modelo de “recortar estructuras políticas en favor de la inversión en la mejora de los servicios públicos”. Pues bien, la semana pasada nos enterábamos del fallecimiento de la “Delegada de la Junta de Andalucía en Cataluña”.  Porque resulta que Juanma Moreno, el principal barón del Partido Popular, ha montado una serie de embajadas, pero no en el exterior sino en el interior de España. Son catorce delegados en el resto de comunidades autónomas, a 65-67.000 euros por barba, según complementos, con funciones como "atender a los ciudadanos andaluces en el exterior", es decir, en Badajoz o en Pontevedra.

Este es el partido que, de vez en cuando, se escandaliza por el uso de pinganillos en el Congreso, alegando que los españoles no necesitan traducción para entenderse, y al mismo tiempo mantiene estructuras institucionales que replican entre comunidades lo que critican en el exterior. Lo irónico es que ni siquiera ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para eliminar los pinganillos. Parece que el ruido solo molesta cuando lo provocan otros.

La muerte de la delegada de la Junta de Andalucía en Cataluña ha puesto nuevamente el foco sobre estas oficinas autonómicas que no son sino parte de una red clientelar que convierte los boletines oficiales en catálogos de favores y cuotas. El problema no es la corrupción que revelan las escuchas de Koldo porque, al menos, esa puede combatirse en vía policial y judicial. El problema es la que brota todos los días y a la vista de todos en los múltiples boletines oficiales, porque goza de la impunidad más absoluta.

Vivimos en un sistema donde la corrupción no solo se tolera, sino que se administra desde las estructuras mismas del poder. Los nombramientos, contratos y subvenciones se reparten entre afines como parte de un juego político donde lo privado se suplanta por lo público y, paradójicamente, lo público se privatiza en beneficio de partidos, familias y redes de influencia.

Y mientras tanto, se repite la farsa de la alternancia: PSOE y PP se turnan el poder como si eso fuera suficiente para hablar de democracia. Pero no hay regeneración posible cuando los mecanismos politicos están controlados por quienes se benefician del deterioro institucional. La ranciedumbre de nuestro sistema político nos lleva hasta el podrido sistema de la restauración y a la frase atribuida a Alfonso XII en su lecho de muerte, dirigida a su mujer: “Cristinita, de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas”. Todos sabemos cómo acabó aquello. Porque el bipartidismo no es una garantía de estabilidad; es un dique contra cualquier transformación real. Son las dos caras de la misma moneda.

Demasiados hijos de puta.

Las comisiones de Koldo durante la pandemia; las de Santos Cerdán en las adjudicaciones de obra pública; las prostitutas de Ábalos contratadas en empresas públicas; el hermano "músico”, que no sabía dónde trabajaba, la mujer "catedrática" sin estudios; la “fontanera” de La Moncloa; las maletas de Delcy; los vuelos a la República Dominicana… y todo lo que falta por salir —Armengol, Víctor Torres y las compras COVID, el rescate de Air Europa—. La simple enumeración de los escándalos que empapan (más que salpican) al Gobierno de Sánchez bastaría para llenar una entrada de blog.

La pregunta es: ¿cómo hemos podido llegar a esta situación?

Y la respuesta, incómoda para muchos, es que lo hemos permitido desde el principio. Porque esto no empezó ayer. Lo inauguraron Juan Guerra, FILESA, Roldán, PSV, BOE-Ibercorp con González. Continuó con Gescartera, caso Aguiar, Rato, Zaplana, bajo Aznar. Siguieron los ERE, Mercasevilla, caso Campeón, caso Pretoria, las ayudas a la minería asturiana en la era Zapatero. Y con M. Rajoy llegaron Bárcenas, Gürtel, Lezo, Púnica, las tarjetas black, Nóos, Kitchen…

Recordemos la cínica frase atribuida a Franklin D. Roosevelt y popularizada luego por Henry Kissinger sobre el dictador nicaragüense Anastasio Somoza:

«Puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta».

Así, apoyando a nuestros hijos de puta, hemos conseguido que prosperen y saqueen España hasta extremos inimaginables mientras los animábamos con nuestras bufandas y banderitas.

Hubo un breve paréntesis en el que emergieron partidos como UPyD y Ciudadanos, con políticos que parecían honestos y defendían la regeneración democrática: reforma electoral, combate al nacionalismo, lucha contra la corrupción. Pero fueron flor de un día. Fracasaron —más allá de sus errores— porque, sencillamente, no eran nuestros hijos de puta.

Quizá ha llegado el momento de dejar de otorgar nuestra confianza a hijos de puta, propios o ajenos. No solo porque desprecian a quienes los votan y los usan en beneficio propio, sino porque España no se merece tanto hijo de puta.

La ´NdranghAEAT

 

Que Hacienda somos todos… aunque unos más que otros, es algo sabido por cualquier español mínimamente informado.

Pero parece que ha llegado la hora de que lo sepan también en el resto de Europa. Así, el bufete Amsterdam & Partners LLP ha presentado en Madrid una macro causa colectiva contra la AEAT —esa institución que alegra tus mañanas con requerimientos certificados— ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El despacho acusa a Hacienda de violar sistemáticamente los derechos fundamentales de los contribuyentes españoles. ¿Y cómo lo hace? Pues con una serie de prácticas que harían las delicias de la mafia calabresa:

Persecución selectiva, sin garantías ni controles previos, en lo que vendría siendo una “caza del contribuyente” indiscriminada.

Utilización de medios propios de un thriller, como geolocalizar el móvil de Shakira para probar su residencia fiscal, husmear en redes sociales o emplear inteligencia artificial para detectar perfiles de defraudadores. (¿Big Brother? No, Big Hacienda).

Elusión del control judicial en casos de grandes liquidaciones. Esto se logra disuadiendo al contribuyente del recurso a la vía contencioso-administrativa mediante la amenaza de acciones penales si no acepta el “acuerdo” propuesto. Ahí tenemos el caso de Xabi Alonso, quien —a diferencia de Cristiano o Messi— se negó a pactar y fue perseguido con tenacidad bíblica. Todavía le buscan las cosquillas, a pesar de haber sido revolcados en los tribunales una y otra vez.

Y si a los grandes contribuyentes les aplican técnicas de caza, a los pequeños les aplican técnicas de pesca. Pero no de curricán, sino de arrastre. ¿Te equivocaste en una casilla del IVA? ¿Te faltó un punto y coma en una declaración trimestral? ¡Enhorabuena! Hacienda te premia con una sanción de 100 €, que saben que no vas a recurrir porque cuesta más el café con el asesor que la propia multa. Y así, millones de pequeñas sanciones injustas van llenando el estómago insaciable del fisco. Porque todo es bueno para el convento, que decía el fraile.

Para hacer funcionar este sistema perverso se ha implantado un sistema de bonus igualmente retorcido: inspectores con incentivos económicos por abrir expedientes según volumen de recaudación, rapidez y acuerdos con los contribuyentes. La calidad técnica, la equidad o la seguridad jurídica son, al parecer, cuestiones secundarias. En Hacienda, abrir una investigación injustificada también tiene premio. Y, como en Los Soprano, los de abajo llenan el sobre de los de arriba, mientras reciben el suyo propio.

Por no hablar del goteo constante de casos de corrupción individual que se suceden discretamente. El último afecta nada menos que al presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central, acusado de recibir sobornos a cambio de estimar recursos. Todo un ejemplo para los contribuyentes.

Lo preocupante no es que la AEAT actúe como un organismo sin control judicial real, con un poder desproporcionado y una capacidad de presión propia de regímenes totalitarios. Lo más grave es que este sistema se aplica de forma desigual, según las ideas o contactos del contribuyente. Si eres un youtuber independiente, que quiere escapar del infierno fiscal, te geolocalizarán el móvil o revisarán las cámaras de la frontera, a ver si pueden residenciarte en España por haber ido al IKEA de Badalona. Pero si eres hermano del Presidente del Gobierno puedes percibir un sueldo fijo de la Diputación de Badajoz y declarar que resides en Portugal. Y los inspectores de la AEAT redactarán un informe jurídico que certifique que este fenómeno paranormal de bilocación tributaria es perfectamente legal. ¡Con un par! Tanto es así, que un exdirector de la propia AEAT, el prestigioso Ignacio Ruiz-Jarabo, ha afirmado que la Agencia presentó un informe falso.

Ahora, con la causa colectiva en marcha y la opinión pública internacional atenta, se abre la posibilidad de que el Estado español tenga que responder en Estrasburgo por su trato a los contribuyentes. Sería el momento de poner sobre la mesa reformas como suprimir el viciado sistema de incentivos, recuperar el carácter vinculante de los planes de inspección —para poner coto a la arbitrariedad y garantizar la seguridad jurídica— o reforzar los canales de denuncia y protección frente a represalias.

Pero, siendo honestos, no tengo demasiadas esperanzas. La ´Ndrangheta lleva siglos operando en Calabria sin que se haya podido poner fin a sus desmanes, hasta el punto de que un informe de Europol la considera la organización criminal más rica del mundo. Eso es que Europol todavía no ha investigado a la ´NdranghAEAT.

No hay dos sin tres. Y en fraude electoral tampoco.

 

“No se pueden robar unas elecciones en Estados Unidos”, dijo Nixon, tras ver a JFK alcanzar la presidencia gracias a un fraude monumental en Texas e Illinois, facilitado por algunos colaboradores influyentes y la inestimable ayuda de la Mafia.

En España, muchos repiten el mantra de que aquí tampoco es posible robar unas elecciones. ¡Ah, la democracia española! Ese sistema tan robusto, tan confiable, tan transparente… Los americanos deberían aprender de nosotros. Resulta curioso que en un país con una arraigada tradición en el fraude electoral, hasta el punto de tener una palabra propia —pucherazo—, se piense que eso es cosa de los antiguos y no nos puede pasar a nosotros.

Tal vez es por ello que la UCO tiene abiertas investigaciones por presunto fraude electoral en la mitad del territorio, desde Tenerife hasta Mojácar. O que hay directivos de Correos que denuncian prácticas tan inusuales en la gestión del voto por correo como que fuera Leira Díaz, responsable del área de filatelia puesta a dedo, quien lo validara con su firma, en lugar del director de operaciones.

Según el propio CIS (sí, el oráculo de Tezanos), el voto por correo al PSOE y Sumar fue estadísticamente muy superior al presencial. Concretamente del 51% por correo, mientras se quedaba en el 44% en mesa. Anomalía estadística que solo cabe explicar porque, como todo el mundo sabe, los votantes del PSOE y Sumar son los más ocupados de España y no tienen un domingo libre para acercarse a una urna. ¿O vais a hacer que Pepe Álvarez, el incombustible secretario de UGT, interrumpa la preparación del arroz con bogavante y vaya a votar presencialmente?

En las películas policiacas el detective de homicidios siempre anda a vueltas cuadrando los tres elementos del crimen: móvil, oportunidad y medios.

Aquí el móvil es claro: había que seguir gobernando. O como dicen en Ferraz, “seguir transformando España desde el BOE”. Porque una vez se ha probado el Falcon, cuesta volver al cercanías. O al trullo.

La oportunidad la tenían en el verano de 2023, con media España en la playa y la otra media en modo automático. Era el momento oportuno para que un aumento en el voto por correo pasase desapercibido. Igual que los ladrones aprovechan el estío para desvalijar casas, algunos supieron aprovecharlo para desvalijar las sacas de votos que durmieron días bajo custodia de Correos. Esa institución cuya profesionalidad es tan incuestionable como la de su presidente, nombrado por Sanchez como premio por acompañarle en el periplo para su vuelta a la Secretaría del PSOE.

En cuanto a los medios, ahí tenemos, entre otros, a Leire Díez, la fontanera del PSOE, que se presentaba a sí misma como responsable de más de 2.500 oficinas de Correos, presumiendo de estar “mano a mano” con el voto por correo el 23J. Una exconcejala sin experiencia conocida en logística ni procesos electorales, pero con el carné del partido en vigor. Y miles de empleados colocados a dedo, estómagos agradecidos entre los que no parece muy difícil encontrar a algunos dispuestos a devolver los favores y a hacer carrera en la administración. Meritocracia en estado puro.

—"Tonterías", dirán algunos. "No se pueden manipular millones de votos."—
Es que no hacen falta millones. Basta con unos pocos miles bien distribuidos en circunscripciones clave. En el Congreso, muy pocos escaños arriba o abajo pueden marcar la diferencia entre un "Gobierno Progresista" y un “vuelvan ustedes mañana”. En las del 23, concretamente, bastaba con cambiar el sentido de seis escaños.

Por supuesto, el castillo de naipes se desmorona si consideramos que Sánchez nunca haría algo así. ¿Cómo iba a hacerlo quien trató de colocar una urna tras un biombo para realizar una votación secreta en su propio partido?

Tal vez la UCO se aburra y los funcionarios exageren. Tal vez sean todo coincidencias y cosas de conspiranoicos. Pero se me ocurre que, si anda como un pato, nada como un pato y grazna como un pato, tal vez sea un pato.

Y si hubo un pato en las elecciones que auparon al poder al Frente Popular en 1936, otro en las del verano de 2023, y la oposición sigue en la inopia, esperando que la democracia se autorregule sola... nos podemos encontrar con el tercer pato en las siguientes.

Mientras tanto, sigamos confiando en el sistema. Total, ¿qué podría salir mal cuando el zorro cuida del gallinero y los votos duermen en sobres apilados en el sótano de la oficina de correos, junto a la máquina de café?

 

El problema no es Sánchez.

 

A estas alturas del juego, culpar a Pedro Sánchez de la deriva democrática de España es como culpar al peón por perder una partida de ajedrez. El problema no es el peón. El problema es el tablero. Y en este tablero, la Unión Europea no solo mueve fichas: las fabrica, las pinta y, cuando conviene, las barre debajo de la alfombra.

Es cierto que Sánchez hace y deshace a su antojo en España, sin reparar en gastos, corruptelas, nepotismo ni desvergüenza, hasta el punto de que no hay delito que no le sea imputable a él y los suyos. Pero no nos engañemos: su margen de maniobra es el que le dan quienes realmente mandan. Y esos están en Bruselas. Si hubieran querido, ya habrían hecho sonar la campana hace tiempo.

¿Se acuerdan de cuando la sombra de los hombres de negro planeaba sobre las cuentas públicas españolas por superar el déficit del 3%? Ahora Sánchez se chulea alegremente los fondos Next Generation, sin informar siquiera de a quién se ha pagado, y no pasa nada. ¿Y las advertencias sobre la politización del poder judicial? Todavía estamos esperando las sanciones. Corrupción, ataques a la independencia judicial, asaltos a las instituciones, incluida la policía… Todo eso suena muy grave, hasta que lo comete alguien de la familia.

Porque si Europa pusiera pie en pared con Sánchez, ¿qué haríamos entonces con Von der Leyen y sus conversaciones con Pfizer, guardadas bajo más llaves que los archivos del Vaticano? ¿O con la votación anulada en Rumanía porque, según el comisariado, los bots rusos suplantaron la voluntad de los electores, como si estuviéramos en una secuela de La invasión de los ultracuerpos? ¿O con la utilización de esa nueva Stasi alemana, camuflada de Oficina para la Protección de la Constitución, para elaborar informes que permitan ilegalizar a los partidos políticos contrarios al régimen?

Sánchez no es un cáncer aislado. Es el síntoma más claro de una enfermedad sistémica.

La UE se rasga las vestiduras con Orbán o Meloni, pero la Emperatriz de la Galaxia invita a Pedro a cenar y le pone caritas, sin importarle que en España se haya normalizado la demolición del Estado de derecho hasta extremos de náusea. Porque Sánchez, al fin y al cabo, es un peón obediente. Uno de los suyos que hace lo que se espera de él. No molesta a los grandes fondos de capital, ni a los burócratas, ni a los gigantes farmacéuticos. Ni se le ocurre.

Y mientras en España no deja a nadie indiferente —los de su banda le quieren, aunque él los desprecie, y la mayoría lo detesta— en Bruselas lo ven como lo que realmente es: prescindible. Sustituible. Perfectamente intercambiable por otra marioneta con buena facha y cero escrúpulos. Sin ir más lejos, Feijoó acaba de confirmar su disposición a ocupar el puesto, votando en contra de la comisión de investigación sobre los contratos de Úrsula con Pfizer. Porque lo importante no es el nombre del presidente del gobierno. Lo importante es que el engranaje siga girando.

Así que mejor no nos engañemos, el problema no es Sánchez. El problema es el ecosistema que lo hace posible. Un ecosistema que no solo tolera la corrupción, la opacidad y el autoritarismo, sino que las cultiva de forma intensiva, mientras se envuelve en banderas azules con estrellitas doradas.

Feijóo y cierra España.

 

Ante el panorama desolador que se nos presenta en esta España desgobernada por un lunático pendiente solo de sí mismo —y a cuyo paso el caballo de Atila parece el corderito de Norit—, un rayo de luz atraviesa el cielo tenebroso. Viniendo de Galicia, como el apóstol, el caudillo del Partido Popular cierra filas con los suyos para arreglar el desaguisado.

Corrupción, independentismo, deuda pública, descrédito internacional, inmigración descontrolada, apagones, colapso ferroviario, ataques al Poder Judicial… No es fácil el desafío para el campeón. Pero, rodeado de un selecto grupo de fieles —Cuca, la logroñesa moderadita, Borja, el de la sombrilla de Verano Azul, Cayetana, encarnación del ardor guerrero, y González Porn, encarnación del otro ardor— no parece haber obstáculo que se le resista.

Y, sin necesidad de esperar a que termine el Congreso que ha de cohesionar a sus huestes, ya tiene entre manos la piedra filosofal para solucionar los males de España. Porque Feijóo ha decidido abordar de manera inmediata los dos grandes dramas que desvelan a la nación: va a dar 600 € a los celíacos y a armonizar la EBAU en las comunidades autónomas. ¿Qué corrupción ni qué separación de poderes? Una vez arreglemos lo de las harinas sin gluten y los exámenes de acceso a la universidad, lo demás caerá por su propio peso.

Nada de reformas estructurales, ni propuestas sobre la vivienda, los inmigrantes ilegales, la energía, el campo o la lucha contra la corrupción. Eso es para políticos vulgares. Feijóo ha venido a darnos lo que de verdad importa: pan sin gluten y una selectividad igual para todos. España, respira tranquila porque, si no se arregla el país, al menos se arreglarán las dietas.

No tengo claro que el mensaje cale entre los electores hasta el punto de darle la mayoría que necesita. Sobre todo porque Sánchez, otra mente preclara, está ocupado ahora con su particular cruzada por corregir el voto televisivo en Eurovisión, lo que demuestra que, en estrategia, no le va a la zaga al gallego. Porque el mensaje de Alberto puede calar entre los alérgicos al gluten, pero el de Sánchez va dirigido a los idiotas. Y estos superan ampliamente en número a aquellos.

La corrupción y la primera piedra.

Salta la noticia de que la empresa catalana FCS Select Products, principal proveedor de mascarillas del Gobierno, ha tomado la de Villadiego tras cobrar 253 millones de euros sin presentar sus cuentas desde 2020. Nadie podrá decir que esto no se podía saber, porque bastaba con leer el BOE durante la pandemia para intuir que el latrocinio que se venía iba a superar todo lo conocido hasta el momento.

Cuando, por ejemplo, en 2020 se publicó la adjudicación de un contrato para compra de hisopos, por importe de 4,3 millones de euros,  a una empresa sin dirección, con dos empleados y especializada en moda, quedó claro que lo que se avecinaba no era una crisis sanitaria, sino un saqueo de manual. Nuestros políticos, con gran generosidad, debieron pensar que no bastaba con meternos el palito sólamente por la nariz.

Parece ser que hasta los chinos alucinaban viendo las comisiones y sobrecostes que aplicaban los contratistas locales a suministros tan sofisticados como una mascarilla o un bastoncillo con un algodón. ¿Quién nos iba a decir a los españoles que ahora nos tocaba a nosotros entregar el oro a cambio de baratijas? Aunque ojo, que no era solo cosa nuestra, porque la contratación de vacunas por parte de la emperatriz Von der Leyen daría para un capítulo del Buscón. La pandemia supuso un salto cualitativo en los métodos de enriquecimiento ilícito. ¿Qué 3% ni qué 3%? Se añade un cero y todo queda mucho más redondo... y divisible.

El problema de la corrupción en la contratación pública es que se parece mucho al crimen perfecto. Quienes la niegan suelen alegar que no hay pruebas, como si las corruptelas se documentaran con contratos, facturas, recibís y pólizas notariales. Y eso de pedir factura por el pago de comisiones para desgravarlas, solo lo ha hecho un club de fútbol al vicepresidente de los árbitros. Spoiler, no salió bien del todo.

Los corruptos que siguen el procedimiento reglamentario lo hacen con más pudor. Se licita un contrato por un importe hinchado, se establecen criterios de adjudicación a medida del contratista “adecuado”, se adjudica, se ejecuta, se paga, y el contratista abona la comisión al político o funcionario trincón mediante una transferencia a una empresa interpuesta. Si, además, la empresa está radicada en el extranjero —pongamos, la República Dominicana—, miel sobre hojuelas.

¿Y no se pueden detectar estos delitos?, dirán algunos. Pues sí. Y es bien fácil, porque basta con aplicar la coplilla chulapa: “¿De dónde saca pa tanto como destaca?”. No nos engañemos: cualquier político, o sus familiares y allegados sin oficio conocido, que llevan un tren de vida muy por encima del que permiten sus ingresos oficiales deberían estar en el punto de mira. Nos referimos a expresidentes que compran caballos con billetes de 500 euros, ministros que se hacen con pisos en el centro de Madrid sin hipoteca, o los áticos puestos a nombre de sociedades administradas por el abogado del novio.

Un conocido gay decía: “Todos los que lo parecemos, lo somos… y muchos que no lo parecen, también”. Podemos aplicar su frase a la política sin temor a equivocarnos: todos los políticos que parecen corruptos lo son… y muchos que no lo parecen, también.

La prueba de lo dicho es que, si de verdad se pretendiera perseguir estos delitos, existen mecanismos de sobra. Siguiendo el rastro del blanqueo saltarían sorpresas que, paradójicamente, no sorprenderían a nadie. El problema es la falta de voluntad. Porque, a estas alturas, lo único vigente es la frase bíblica: “El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”. Y no parece que gobiernos —estatales, autonómicos o locales— ni oposición estén muy por la labor de acercarse a la cantera.