El concepto de prioridad nacional está levantando ríos de
tinta y ampollas, lo que suele ser
señal inequívoca de que se ha rozado una verdad incómoda.
Conviene empezar aclarando que dicho principio, así en
abstracto, no solo no es inconstitucional, sino que está consagrado (aunque sin
mencionarlo expresamente) en nuestro texto constitucional. La Constitución española
no pretende en ningún momento igualar a los nacionales con los extranjeros,
como no lo hace ninguna constitución en el mundo.
Así, en el capítulo “De los españoles y los extranjeros”,
diferencia claramente entre unos y otros: los primeros gozan en plenitud de las
libertades reconocidas, mientras que los segundos lo hacen “en los términos que
establezcan los tratados y las leyes”. Quedan, además, excluidos del derecho de voto en elecciones generales o autonómicas.
A partir de ahí, la pregunta es sencilla: ¿debe un país
garantizar por ley los mismos derechos a quienes no son nacionales? ¿O resulta
que el principio de prioridad nacional, vigente en todos los ordenamientos
hasta antes de ayer, tiene algún sentido?
Hasta hace nada, todos asumíamos que para entrar en un país
ajeno hacía falta un permiso, otorgado por diversas razones: turismo, trabajo,
matrimonio o cuestiones familiares. Nadie se planteaba el derecho a cruzar
irregularmente una frontera para, a renglón seguido, exigir prestaciones
públicas como quien reclama el postre tras acabar su filete.
Porque la identidad y la esencia de un país son producto de
una historia y unas vivencias comunes que no se pueden arrojar alegremente a la
basura. Ni diluir en un globalismo camuflado de buenismo que sostiene ahora que
las fronteras no existen.
Claro que, si uno rasca un poco, descubre que aquí cada cual
tiene sus prioridades. Y ninguna pasa, curiosamente, por el interés de los que
siempre pagan el pato.
La izquierda, que no consigue que los nacionales le voten, ha
priorizado sustituirlos por extranjeros, más propensos a mantenerlos en el
poder. Y no es la única, porque la emperatriz de Chamberí quiere perpetuarse en
el poder apoyada en un par de millones de agradecidos inmigrantes, a los que
considera “tan españoles como Abascal”, sin detenerse a evaluar su impacto real
en transportes, servicios sociales o viviendas.
La gran patronal y las empresas del IBEX priorizan la mano de
obra barata y les parecen estupendas las regularizaciones exprés, porque
impulsan los costes salariales a la baja.
Las ONG priorizan un negocio millonario y fuera de control,
donde se desvían millonadas de dinero público (entre 4.000 y 6.000 euros al mes
nos cuesta un MENA) en contratos de urgencia.
Hasta los obispos priorizan, señalando con su dedo anillado a
los díscolos, el negocio de la inmigración ilegal, frente a causas más
prosaicas y menos prioritarias, como el aborto o la eutanasia.
Todos están en contra de cualquier intento de priorizar el
acceso a la vivienda de los jóvenes españoles, superados por unos precios
disparados ante el repentino exceso de demanda. O la atención sanitaria de
quienes sufren las listas de espera de un sistema no pensado para la invasión
migratoria. O la tranquilidad de quienes residían en barrios donde los vecinos vivían
en paz, y ahora ven como algo normal la existencia de bandas juveniles que
dirimen sus rencillas a machetazos o protagonizan, con una frecuencia
alarmante, violaciones grupales.
La prioridad nacional no va a ser la panacea que resuelva los
innumerables problemas que padecemos. Pero que nadie dude de que, si no se
aborda con rigor el problema de la inmigración, y se repatria a delincuentes,
irregulares y aprovechados, los restantes problemas van a parecer menores en
comparación con lo que se nos avecina.
Y para ver el futuro, no hace falta una bola de cristal:
basta con mirar a Francia, Gran Bretaña, Alemania o, más cerca, Cataluña y País
Vasco.
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