La piel de toro de esta España
que nos cobija anda para pocos puyazos a las alturas de la lidia en que andamos.
Pero como a perro flaco todo se vuelven pulgas, últimamente se está viendo sacudida
por mareas de los colores más diversos. Comenzó la marea verde de los maestros,
cabreados porque los nuevos horarios les impedían impartir una formación de
calidad. Le siguieron las batas blancas contra los recortes que impiden una
atención de calidad a los enfermos. Y ahora, como éramos pocos, nos invade la
marea del poder judicial, que está sin bautizar pero a la que le viene al pelo el
nombre de marea negra, por lo oscuro de sus ropajes y lo tóxico de sus
sentencias. Estos, además de calidad, también
piden independencia, como Daoíz y Velarde.
Así, el denominador común de estas mareas no es la luna, como en las marítimas, sino la calidad del servicio
público que, según los mareantes, se verá irremediablemente afectada por los
recortes. Lo sorprendente es que los colectivos implicados suelen darse cuenta
de esa escasez de medios coincidiendo con los decretos que recortan sus
sueldos, licencias y permisos ("moscosos", "canosos" y demás "osos" de los que está
poblado el estatuto funcionarial, que parece un río salmonero de Alaska).
Cierto que hay funcionarios
ejemplares, cumplidores y motivados, y que en todas partes cuecen habas. Si no que
le pregunten al CEO de una compañía extranjera de visita en una empresa
española que, sorprendido por el tamaño de las instalaciones, preguntó
a su interlocutor “cuánta gente trabaja aquí?”, recibiendo la respuesta… “pues
más o menos la mitad, como en todas partes”. Coincido con la marea en la necesidad
de medidas para mejorar los servicios públicos, pero me permito discrepar,
desde mi condición de funcionario en excedencia, en la prioridad de los medios a
aplicar.
Para empezar se podían poner los
medios de control horario, léase tarjeta de fichar o similares. Pues, siendo
razonable que un bombero, un policía o un médico del 112 no fichen la entrada y
salida del centro de trabajo, no hay justificación para que un cirujano, un
maestro o un juez, que prestan sus servicios en un edificio público con un
horario determinado, estén exentos de una medida de supervisión común al resto
del funcionariado y, por supuesto, a los trabajadores del sector privado. La
calidad del servicio público tiene mucho más que ver con el cumplimiento de horarios que con el cobro de la paga extra.
Además, guste o no a los
empleados públicos, la empresa que paga sus nóminas está quebrada y la forma de
evitar su colapso no es pedir más derechos que recaen sobre las espaldas de los
contribuyentes, sino poner más esfuerzo. Cuando vea una propuesta de mejora que
comience por reclamar sistemas para impedir que los funcionarios que cumplen
a rajatabla su jornada laboral sean estafados por quienes no lo hacen, creeré que
luchan por mis derechos en lugar de por los suyos. Y mejor si lo hacen con una
huelga a la japonesa!
¿Controles horarios en la Administración de Justicia? ¿Fichar los jueces, oficiales,...?
ResponderEliminarJijijijiji... jojojojojo... juajuajuajuajua... ¡Hay que me parto!