350.000 desahucios desde el
comienzo de la crisis asustan a cualquiera, incluido un gobierno que ha
empezado a estudiar a toda prisa los cambios legislativos para evitarlos. Se
suponía que nuestros gobernantes actuales son conocedores de que en España, tradicionalmente,
las normas en materias tan importantes como la propiedad inmobiliaria eran
fruto de un largo proceso de reflexión. Pero hoy los políticos legislan a golpe
de alarma social, lo que suele dar lugar a injusticias mayores que las que se
trata de evitar.
Este es un tema lo
suficientemente serio como para abordarlo con las meninges en lugar de con la demagogia. Es curioso que se hable de
modificar la Ley Hipotecaria cuando probablemente la principal causa de los
desahucios es su incumplimiento sistemático por todos: vendedores, compradores,
bancos y autoridades bancarias. Porque la Ley era y es muy clara, y establece el
límite de la responsabilidad hipotecaria en el 80% del valor la vivienda. Si ese
límite se hubiera respetado, en lugar de inflar las tasaciones al gusto de los
interesados para financiar el 100%, anunciando además esas prácticas ilegales a
bombo y platillo en la publicidad de las entidades financieras, seguramente no
estaríamos hablando de burbuja inmobiliaria y de desahucios.
Y lo más grave, y de lo
que nadie habla por cierto, es de que la ley se sigue incumpliendo con el mayor descaro
por los bancos, que tratan de deshacerse de sus activos tóxicos mediante el
ilegal procedimiento de negar la financiación a quienes pretendan
comprar una vivienda que no sea de su stock. Por el contrario, anuncian sin
ningún pudor la financiación al 100% de sus pisos en venta, pasándose por el
forro la norma en una dinámica perversa. Así, además de practicar impunemente la competencia desleal, sanean sus balances sin ningún riesgo pues el dinero que prestan por un lado lo cobran por el otro, conciertan créditos
hipotecarios con intereses dos o tres puntos por encima del euribor (se acabó el Euribor más el 0,75%) y si el
deudor falla no hay problema porque tienen el piso, más lo que cobraron y la
responsabilidad personal del obligado.
Así que mejor nos serenamos y
comenzamos por hacer cumplir las leyes, especialmente a los bancos, que ya no
pueden alegar errores de cálculo en sus prácticas abusivas, evitando sembrar la
semilla de futuros desahucios. Eso es más urgente que empezar a cambiarlas a
toda prisa por otras inspiradas en el pánico a los titulares de prensa y la
pérdida de votos. Porque como dijo Tolstoi, “es más fácil hacer leyes que
gobernar”.
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