Puede que me equivoque, pero me pega que nos queda una mitad de año calentita. El sector privado está aguantando el chaparrón como puede (y los que pueden, porque el reguero de cadáveres da vértigo) y las empresas que están vivas o las que están surgiendo son distintas de las de hace tres años: más austeras, más competitivas y más duras.
Pero ¿qué pasa con el sector público? Decía el PP antes de las elecciones que 500 municipios de menos de 10.000 habitantes (son casi el 7% de los 8.114 que hay en España) no podrán pagar la luz ni las nóminas, y que se avecina una catarata de impagos. La cuestión no es que lo diga el PP, que dicho sea de paso tiene también ayuntamientos con más agujeros que un queso de Gruyère, sino que sea verdad. Los impagos a los proveedores municipales son moneda corriente, aunque éstos últimos están dejando de servirles en justa correspondencia, pero es que ya hablamos de impagos a la plantilla, lo que son palabras mayores. Y en las arcas autonómicas parece que, a expensas de lo que digan las auditorías que se anuncian, hay más trampas que en un película de chinos.
Además, se barrunta un nuevo aluvión de desempleados cuando se liquiden (que se liquidarán en mayor o menor medida) las empresas del aparatoso sector público empresarial, mantenidas a la sombra de los presupuestos, y que no durarían en el mercado ni tres días.
Extremadura es especialmente sensible al previsible tsunami que se nos viene encima, dado el peso que tiene la cosa pública. Vamos, que tendremos que apurar el cáliz hasta las heces. Yo pienso que sobreviviremos, porque no queda otra, y que será el último susto gordo de los que llevamos en estos últimos años. Confío en que la iniciativa privada sea capaz de poner al país en marcha, pero habrá que apretar nuevamente los dientes y el cinturón. ¡Qué no decaigan los ánimos!
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