Cuando se cayó el Régimen del 78

Los acontecimientos de los últimos días han puesto sobre la mesa la profunda crisis en la que se encuentra España bajo una falsa apariencia de normalidad. Existían signos claros del deterioro de la sanidad, la educación, la administración de justicia, el sistema energético o la seguridad, con situaciones propias de Estados fallidos, como la impunidad con la que redes de narcotraficantes operan en el Estrecho.

Pero la tragedia de Adamuz ha revelado que, en realidad, nada funcionaba como debía. En apenas una semana hemos pasado de presumir de una de las mejores redes de alta velocidad del mundo a reconocer que en España no existe alta velocidad en condiciones operativas normales.

Nada es casual. Todos estos síntomas son manifestaciones de una enfermedad más profunda: la crisis del llamado régimen del 78. Lo que nació como un modelo de transición democrática ha degenerado en un sistema de bipartidismo corrupto, una cleptocracia en la que una casta política sin escrúpulos ha expoliado durante décadas los recursos del país, hasta el extremo de destinar fondos de infraestructuras ferroviarias al pago de prostitutas o a la adjudicación de contratas irregulares a empresas vinculadas con personajes como Koldo.

Los españoles hemos tolerado esta degradación institucional durante demasiado tiempo, quizá por una tradición cultural de indulgencia hacia la picaresca, presente en nuestra literatura desde antes de El Lazarillo de Tormes. Lo que no nos dijeron es que los ciegos acabarían ocupando carteras ministeriales. Hoy ha quedado claro que la picaresca no tiene ninguna gracia, porque la corrupción mata.

Y, de repente, hasta el poder ha caído en la cuenta de que no se puede engañar a todos todo el tiempo. Empieza a temer el despertar de una ciudadanía dispuesta a exigir responsabilidades reales, responsabilidades que en muchos casos solo pueden acabar en la prisión. Pero la reacción no ha sido de arrepentimiento ni de propósito de enmienda, sino de defensa cerrada de su estatus. Desde las alturas se advierte ahora contra los “populismos” y contra la idea de que “solo el pueblo salva al pueblo”. Mientras tanto, ese mismo pueblo solo percibe incompetencia, corrupción y descomposición institucional.

Se ha definido la crisis como el momento en que lo viejo deja de ser válido y lo nuevo aún no ha nacido. Visto así, parece evidente que España atraviesa una crisis del sistema del 78 con todas las letras: la crisis de un bipartidismo corrupto que no solo ha deteriorado los servicios públicos, sino que ha corroído las instituciones vertebrales del régimen constitucional.

Dos partidos se han repartido sin pudor el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de RTVE, la Junta Electoral Central y buena parte de los medios de comunicación, convirtiendo el Parlamento en un decorado sin control efectivo del Gobierno. El resultado es un sistema agotado, incapaz de dar respuestas y cada vez más alejado de la ciudadanía. Ni siquiera la Corona ha escapado al deterioro institucional, como demuestra el inédito rechazo de los familiares de las víctimas del accidente al Monarca y al Ejecutivo.

La pregunta ya no es si el sistema está en crisis, sino cuánto tiempo podrá sostenerse antes de que la apariencia de normalidad se derrumbe y qué modelo vendrá después. Las tendencias en Europa son claras: el agotamiento de la ideología woke y el auge de corrientes que reivindican soberanía, racionalidad económica, control de fronteras, defensa de la familia y valores tradicionales... la vuelta al sentido común. Precisamente las que el régimen en crisis intenta desacreditar bajo la etiqueta de “populistas”.

Ojalá el cambio se produzca cuanto antes y al menor coste posible para los españoles.