El misterio de la economía sumergida.

 

La  estimación, por el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), de las cifras de economía sumergida en España, ha hecho saltar las alarmas y la sorpresa. Alarma por el volumen de negocio no  declarado que, al margen de la exactitud de una cifra que mide precisamente lo que se le ha escapado a dichos técnicos, asciende nada menos que al 25% del PIB. Sorpresa  al comparar las cifras de economía sumergida de la comunidad más rica, Madrid, con un 17% y de la más pobre, Extremadura, que casi la duplica con un 31%.

Las explicaciones barajadas por dicho sindicato son la corrupción, el desempleo por la caída de la construcción, los altos impuestos y la falta de transparencia pública. En cuanto a las diferencias entre comunidades, hablan de la concentración en Madrid de las grandes fortunas y empresas del IBEX, que disfrutan de exenciones fiscales y tributan en la capital, mientras producen y defraudan en las restantes regiones.

Vayamos por partes. Es evidente que los altos impuestos son la causa principal de la economía sumergida. Como bien se dice, “no habría paraísos fiscales si no existieran los infiernos fiscales”. Y España, por obra y desgracia de Montoro, es el primer infierno fiscal de Europa. En cuanto a las restantes causas que se aducen habría mucho que discutir pues, a fuerza de ser políticamente correctas, rayan en el disparate.

Decir que es desempleo produce economía sumergida es una tontería solemne. Cómo la inactividad va a producir economía sumergida? Quien no hace nada, no produce economía de ningún tipo. “Pero es que muchos desempleados trabajan en negro”, alegarán algunos. Cierto, pero entonces no es el desempleo la causa, sino las subvenciones a los falsos desempleados, que trabajan en B para no perderlas.

En cuanto a las exenciones de las grandes empresas, resulta increible que un técnico de Hacienda confunda tributación a tipos reducidos o beneficios fiscales con economía sumergida, que es aquella que no tributa a ningún tipo porque no se declara. Pero mucho más lo es no caer en la cuenta de que las grandes empresas no son los grandes defraudadores, entre otras cosas debido a que, precisamente por sus beneficios fiscales, no necesitan defraudar. Alguien conoce a un solo cliente de Telefónica, Endesa o Iberdrola que pague en negro la luz o el teléfono? Acaso en la cola de Zara, DIA o El Corte Inglés ofrecen al comprador no cobrar el IVA si se compra sin ticket? Existe algún empleado de Mercadona o Ferrovial en España que cobre en negro? Ni siquiera hace falta salir del estudio de Gestha para darse cuenta de la falacia, pues en Extremadura no operan las grandes empresas del IBEX, sino funcionarios, pymes y desempleados.

Por eso, mejor dejarnos de tonterías e ir a la verdadera clave del fraude, que no es otra que defrauda a Hacienda quien no tiene nada que perder al defraudar. Y el autónomo o PYME, frito a impuestos y cotizaciones aunque pierda dinero (es atroz que se retenga el 21% de sus ingresos a quien empieza una actividad aunque tenga pérdidas) no tienen nada que perder defraudando. Porque, si pagaran la totalidad de tributos y cotizaciones que les exigen quienes no tienen ni idea de lo que es emprender, aunque se les llene la boca con esa palabra, cerrarían antes de empezar a ganar un euro. Tampoco el desempleado del andamio, que cobra indefinidamente una prestación por desempleo, va a renunciar a hacer chapuzas en B si darse de alta supone dejar de percibirla y pagar cuotas de autónomo, a las que no puede hacer frente.

Así, resulta una paradoja que el mismo poder que penaliza el trabajo legal y subvenciona la economía sumergida, se sorprenda de que ésta exista. “Falta conciencia ciudadana”, dicen sesudos catedráticos y  políticos con labia. Son los mismos que, con cargo a nuestros impuestos, no renuncian a sueldazos ni coches oficiales, a enchufar a familiares y amigos, y a corromper los contratos públicos, una fuente innegable de economía sumergida.

A muchos no les gustará esta explicación, pues es más fácil echarle la culpa del fraude a los ricos que al gobierno y los modestos. Pero es la única explicación posible a que Extremadura tenga el doble de economía sumergida que Madrid.

Ante esto hay dos alternativas. La primera es disminuir la presión sobre PYMES y autónomos, y restringir las prestaciones a quienes no producen, pero eliminando las cargas que impiden su incorporación a la economía legal. Al mismo tiempo, dar ejemplo de moralidad, evitando el despilfarro y persiguiendo de verdad la corrupción. De esta forma se conseguirá que aflore el dinero de quienes defraudan porque no tienen otra alternativa. La segunda es seguir estrujando e intimidando a quienes están al borde de la asfixia, para sostener un estado elefantiásico, mientras se reparten migajas, en forma de subsidios y subvenciones, para comprar votos y perpetuarse en el poder.

Mucho me temo que la ceguera de nuestros políticos les hará seguir la segunda opción. Pero se equivocan al pensar que así acabarán con el fraude. Pues, como sabe cualquier estratega mediocre, cuando al “enemigo” no se le da ninguna opción, solo cabe esperar una defensa a muerte. Y, la defensa de quien no puede mantener a su familia si paga unos impuestos abusivos e injustos, no es otra que sumergirse y dejar de pagarlos.