Yo no he sido (a mí que me registren)

Parecen lejanos los tiempos en que los encargados de la cosa pública dimitían cuando su gestión se veía salpicada por el escándalo o el fracaso. En España recuerdo el caso del ministro Asunción quien, en un gesto que le honra aunque nadie agradeció, dimitió con ocasión de la fuga de Roldán. En Japón, que son más suyos, en una fecha tan próxima como 2007 se suicidó el ministro de agricultura, ahorcándose por un escándalo de supuestas irregularidades en libros contables. Al final, este tipo de gestos no son sino manifestaciones del principio formulado por el gran jurista francés Duguit, según el cual “donde está el poder está la responsabilidad”.

Pero eso ya no se estila. El principio de responsabilidad del derecho público ha sido sustituído por uno más llano y comprensible, resumido en la castiza frase “que me quiten lo bailao”. Como muestra, los centenares de casos de personajes públicos que hacen gala de una incapacidad total para la autocrítica.

Que los mismos responsables de la quiebra de las centenarias cajas de ahorro, motivada por inversiones tan ilógicas como aeropuertos sin pasajeros, se repartan los puestos en los consejos de administración de las entidades resultantes de las fusiones, reflotadas con nuestros impuestos, es sencillamente escandaloso.

Que los dirigentes autonómicos que han despilfarrado los fondos públicos hasta dejar a sus regiones al borde de la suspensión de pagos se permitan, sólo un par de meses después de dejar el cargo, dar lecciones y pedir cuentas sobre un déficit público provocado por ellos es intolerable.

Y que el presidente más inepto de nuestra democracia tenga la frivolidad de quitarse de en medio de la dramática escena que ha provocado, diciendo que "el mejor destino es el de supervisor de nubes acostado en una hamaca y mirando al cielo", es un caso de desfachatez inadmisible en un país serio.

Aunque algunos digan que la primera tarea de los nuevos gobiernos es mirar hacia adelante y trabajar en los retos del futuro, no está de más comenzar aclarando el punto de partida. A los ciudadanos no se les puede pedir sacrificios cuando se les oculta la verdad, aunque sea en un pretendido intento de evitar el “revanchismo”. Tenemos derecho a saber qué ha pasado y a exigir responsabilidades de todo tipo, incluídas las penales si fuera el caso. Pero desde luego las que no pueden faltar son las políticas.

Es inadmisible que los responsables de la ruina de España sigan ocupando poltronas públicas como si la cosa no fuera con ellos. No podemos correr un velo sobre los abusos cometidos, porque ello significa poner los cimientos de abusos futuros.