sábado, 9 de abril de 2011
Lo dice el alcalde ... y punto!
Un amigo comentaba en Facebook el disparate regulador de las autoridades, a propósito de la noticia publicada en La Vanguardia sobre el procedimiento de asignación de estatuas humanas en la Rambla de Barcelona, y protestaba contra los gobiernos que se creen con derecho a regularlo todo.
Estoy totalmente de acuerdo. El exceso de normas no hace sino empeorar las condiciones de vida de los obligados a cumplirlas. Eso lo sabían bien nuestros clásicos, siendo muy oportuna la frase de Montesquieu “las leyes inútiles debilitan a las necesarias”.
Mi percepción particular es que la ciudadanía no está preocupada excesivamente por el exceso de normas y las acepta con resignación, cuando no con un entusiasmo más propio de borregos que de personas libres. Resultaba reveladora una encuesta-trampa en televisión en que se pedía la opinión sobre la necesidad de una “ley sobre los metales metálicos”, que los entrevistados aprobaban alegremente.
Por eso quizá sea bueno examinar con detalle la noticia de la Rambla, para dejar patente que, no sólo es una prueba más del exceso regulatorio que atenta directamente contra la libertad individual, sino que es un derroche de recursos y un insulto a la inteligencia de los contribuyentes.
Efectivamente en la noticia se dicen cosas como las siguientes:
“William (uno de los dos dragones que se ubican a mitad del paseo de Barcelona) ha cumplido uno de los principales requisitos: tener documentación que acredite formación o experiencia profesional en arte dramático o artes escénicas.”
“El próximo miércoles está previsto que el Ayuntamiento de Barcelona realice el sorteo … Un proceso de regulación que comenzó el año pasado”.
O sea, un procedimiento que ha durado meses y en el que se han despilfarrado recursos públicos para seleccionar a los mimos de las Ramblas. ¿Os imagináis las reuniones y comités para estudiar el numero de estatuas y los puntos de localización?¿Habrán pedido informes jurídicos? ¿Y medioambientales? ¿Un tribunal de selección examinando los currículos de los aspirantes?¿Requerirán subsanación de la documentación si alguno ha olvidado presentar el DNI o el certificado de empadronamiento? Por no hablar de las medidas de control posteriores para evitar que se cuele alguna estatua no autorizada.
Yo me pregunto si durante el proceso ninguno de sus promotores o ejecutores se ha sentido ridículo. Pero, al margen del espectáculo protagonizado por un atajo de políticos y burócratas haciendo el gilipollas (lo siento, tenía que decirlo) lo peor es la cara de idiota que se nos pone a los contribuyentes al enterarnos de que nuestros impuestos sirven para financiar cosas como ésta.
Una vez más se pone de manifiesto el axioma de que “es más fácil hacer leyes que gobernar.”
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