El espectáculo judicial que se
está desarrollando ante nuestros ojos está provocando un auténtico terremoto
político, especialmente en el votante de derechas. Ese votante siempre sostuvo
que el elector socialista era inmune a la corrupción de su partido e incapaz de
castigarla en las urnas, pero rara vez se aplicaba a sí mismo ese criterio.
Así, evidencias que llevaban años
delante de sus ojos eran ignoradas. Los casos de corrupción de los gobiernos de
José María Aznar y Mariano Rajoy no impidieron que ambos siguieran siendo
referentes del Partido Popular, aplaudidos en mítines y utilizados como activos
electorales. ¿Corrupción en el PP? Para muchos, siempre era discutible,
exagerada o cosa del pasado.
Ahora los tribunales han colocado
los hechos sobre la mesa con toda crudeza: la corrupción es corrupción, y tan
responsable es quien se sienta en el banquillo con las siglas socialistas como
quien lo hace con las populares. Además, no hablamos de episodios aislados,
sino de un patrón que revela una amarga realidad: la democracia española lleva
décadas secuestrada por una casta política que se ha alternado en el poder para
utilizarlo en su propio beneficio.
El PSOE, pionero con el caso
FILESA, acumula escándalos recientes de enorme impacto: los casos de Begoña, Ábalos-Koldo o Delcy-Plus Ultra, entre otros muchos, que alimentan la percepción de un partido
estructuralmente contaminado por la corrupción.
Lo que empieza a cambiar ahora es
que el votante de derechas descubre que el Partido Popular no le va a la zaga.
Y las comparaciones son incómodas. ¿Qué es más grave, otorgar una cátedra a tu mujer,
a pesar de su carencia de titulación académica oficial, como Sánchez, o mandar
a unos matones a recuperar la contabilidad B del partido, como en el caso
Kitchen? ¿Colocar a prostitutas en empresas públicas como Ábalos o diseñar
beneficios fiscales a medida a cambio de mordidas, como se investiga en el
entorno del exministro Cristóbal Montoro? ¿Cobrar comisiones por contratos
sanitarios durante la pandemia desde el poder central, bajo la batuta de Salvador
Illa, o hacerlo desde administraciones autonómicas y locales gobernadas por el
PP? La conclusión es evidente: la corrupción ha sido cosa de todos y no tiene
distinto rango moral según la ideología de quien la protagoniza.
Este vodevil judicial ha colocado
ante el electorado conservador una realidad incómoda. José María Aznar y
Mariano Rajoy ya no aparecen como referentes incuestionables, sino como
símbolos de una etapa marcada por tramas, financiación irregular, condenas
judiciales y operaciones policiales para ocultar pruebas. La caída de las
vendas azules de los ojos está siendo dolorosa.
Ha habido reacciones propias de
la fase de negación, etapa inicial del duelo, como tratar de defender que el PP
actual no tiene nada que ver con el anterior. Pero, no nos engañemos, esa línea
de ruptura no existe. Los actuales dirigentes fueron políticamente criados y ascendieron bajo
aquellos liderazgos y, además, siguen apareciendo nuevos casos de corrupción
vinculados al partido. La continuidad política es evidente.
Más significativo aún es que la
dirección actual del Partido Popular no ha impulsado una ruptura real. No ha
habido una depuración contundente, ni una desvinculación clara de dirigentes
cuestionados. Aznar y Rajoy siguen interviniendo en la vida pública del partido
y marcando su discurso. Pretender regeneración sin cortar con el pasado no es de
recibo.
El calendario judicial continuará
y su impacto electoral será inevitable. La cuestión es si el votante de
derechas reaccionará de forma distinta a como siempre ha acusado al votante de
izquierdas, manteniendo el apoyo a los suyos pase lo que pase, o si castigará
la corrupción con independencia de las siglas.
Porque, en realidad, el problema
nunca ha sido solo de los partidos. También lo es del votante. Si la corrupción
del PSOE se castiga pero la del PP se justifica, o viceversa, la impunidad de
los delincuentes está garantizada.
Las vendas azules están cayendo.
Falta saber si, una vez caídas, se está dispuesto a mirar de frente y actuar en consecuencia.
