Solo puede quedar uno.

 

Lo más destacado de las elecciones autonómicas en Extremadura es, sin duda, el ascenso de Vox, un fenómeno que se ha interpretado desde múltiples claves. Entre parte del electorado del Partido Popular se percibe una mezcla de sorpresa e incluso de satisfacción ante la posibilidad de que Vox actúe como complemento, como ese empujón que permita al PP “derechizarse” y desprenderse de algunos complejos históricos frente a la izquierda. De ahí surgen discursos sobre pactos de gobierno en comunidades autónomas, reparto de responsabilidades y entendimientos estables.

Pero la política no funciona así. Pensar que un partido político va a saltar al terreno de juego con la vocación de ser un segundón permanente, una muleta al servicio de otro, no tiene ningún sentido. Nadie crea un partido para terminar sosteniendo la escalera mientras otro ejerce el poder. Y menos aún cuando los programas del PP y Vox son distintos y, en muchos aspectos, radicalmente incompatibles. Que una parte del electorado popular no quiera asumirlo tiene probablemente más que ver con el miedo a mirar de frente la verdadera ideología del partido al que vota.

Las diferencias son profundas y estructurales. En la agenda verde, por ejemplo, el PP la ha asumido prácticamente como dogma —“el Evangelio”, en expresión del exministro García-Margallo—, mientras que para Vox es una ideología a combatir. En inmigración ilegal, el PP apuesta por fórmulas de regularización más o menos encubiertas, mientras que Vox defiende la repatriación de los irregulares.

En el modelo territorial, el PP ha interiorizado el sistema autonómico hasta convertirlo en una estructura de taifas profundamente arraigada, con barones que se equiparan al líder nacional, convertido en un primus inter pares. Para Vox, ese mismo sistema es la causa principal de la división de España y de profundas insolidaridades entre territorios.

En materia LGTBI y normativa de violencia de género, el PP pasó de una aceptación tibia a asumirla como parte de su acervo político —“líneas rojas”, en palabras de María Guardiola—. Vox, por el contrario, plantea directamente su derogación o modificación.

En fiscalidad, el PP se limita a prometer contención y límites a las subidas, mientras que Vox habla abiertamente de una “motosierra” sobre el gasto público, especialmente el político, como paso previo a una bajada sustancial de impuestos.

A todo ello se suma un factor no ideológico, pero determinante para cualquier pacto serio de gobierno: la regeneración democrática de las instituciones. Ambos partidos la exigen pero resulta difícilmente compatible con uno de ellos,  salpicado por múltiples escándalos de corrupción que afectan a todas sus estructuras: desde la sede nacional, reformada con dinero procedente de mordidas en la contratación pública, hasta diputaciones provinciales —la de Almería es el último ejemplo—, pasando por redes de corrupción calificadas judicialmente como organización criminal en comunidades como Madrid.

Desde estas premisas se entiende que Vox no tenga especial interés en entrar en gobiernos regionales, máxime cuando los antecedentes demuestran la escasa voluntad real del Partido Popular de compartir poder. Y también se entiende que el PP mire a Vox con una mezcla de necesidad y recelo, deseando en el fondo su desaparición.

Veremos cómo lo ocurrido en estas elecciones se replica y amplifica en próximas citas autonómicas, con un tercer actor, el PSOE, en caída libre. La prueba de fuego llegará en las elecciones generales, cuando Vox exija entrar en un gobierno nacional conforme a su representación parlamentaria, que —si las encuestas no se equivocan— podría situarse en torno a 110–130 escaños para el PP y entre 70–90 para Vox. En ese momento comprobaremos si el PP es capaz de pactar con Vox, lo que implicaría un giro radical de sus políticas nacionales y una ruptura de facto con sus aliados europeo, o si, por el contrario, opta por seguir el ejemplo de otros partidos conservadores europeos y buscar un acuerdo con un PSOE ya sin Sánchez.

La pista la dio un peso pesado de la ejecutiva popular, Esteban González Pons, en un debate televisado durante la campaña electoral de 2023, cuando recordó, “por si alguien no se había enterado”, que “en Bruselas el PP es coalición con el PSOE y con los Verdes y seguiremos siendo coalición con el Partido Socialista y los Verdes”.

Al final del camino, los votantes de derechas tendrán que elegir. Y, como en la película de Los Inmortales, el desenlace es inexorable a medio plazo: solo puede quedar uno.

Extremadura, la tierra donde nacieron los dioses, tumba del bipartidismo.

Tras las elecciones en Extremadura hay tantos análisis como analistas, aunque la mayoría adolecen del sesgo ideológico de quien los firma. Para entender lo que realmente ha sucedido, conviene alejarse del ruido y basarnos estrictamente en los hechos, analizando en primer lugar la perspectiva regional.

Hay datos indiscutibles: hace apenas dos años, María Guardiola era una desconocida que se enfrentaba a un peso pesado como Guillermo Fernández Vara, un candidato con buena imagen transversal que partía desde la posición de poder y sobre quien no pesaba sombra alguna de corrupción. En aquel entonces, el PSOE nacional padecía unos niveles de escándalo que podrían considerarse "soportables".

Sin embargo, el escenario de este domingo era radicalmente distinto. La convocante era la propia María Guardiola desde la presidencia de la Junta, contando con todo el aparato institucional a su favor y una maquinaria mediática regada con generosa publicidad institucional. Enfrente tenía a un candidato, Miguel Ángel Gallardo, imputado por corrupción y, de tal ineptitud, que no ha conseguido ser el más votado ni en su propia localidad de origen, encabezando a un Partido Socialista en plena descomposición y lastrado por un aluvión de escándalos.

En este contexto de absoluta ventaja, y sin negar el hecho indudable de que Guardiola ha ganado las elecciones, nada menos que 10.000 de los votantes que la apoyaron hace dos años han decidido ahora darle la espalda. Considerar esto un éxito y actuar como si se hubiera obtenido una gran victoria demuestra una soberbia o una ceguera que suelen ser la antesala de sucesivos batacazos. Ningún atleta que, tras competir en las condiciones óptimas y en el mejor escenario posible, empeora su propia marca, se permite el lujo de felicitarse por el resultado.

Pero lo verdaderamente trascendente de estas elecciones es su impacto a nivel nacional. Los datos permiten extraer conclusiones demoledoras: el desplome del PSOE ya no es una conjetura, sino una realidad incontestable. Si, en uno de sus graneros de votos tradicionales, el socialismo no logra superar el 25%, la extrapolación de estos resultados al resto de España es terrorífica para el partido de Gobierno.

Por su parte, el Partido Popular acaba de mostrar su actual techo electoral. Nunca un partido lo tuvo tan fácil ni, seguramente, lo volverá a tener y, a pesar de ello, ha empeorado sus resultados brutos, siendo el escaño adicional un consuelo menor en una de las pocas regiones donde, además, el tema de la inmigración ilegal es todavía tangencial. Cabe señalar el detalle de que en Talayuela —el único municipio extremeño con un porcentaje de inmigración sustancial— VOX ha sido la fuerza más votada. Pensar que el PP va a superar a nivel nacional los 137 escaños de julio de 2023 es, hoy por hoy, una utopía.

Porque, además, al PP se le plantean dos problemas añadidos. En primer lugar, el mantra del "voto útil", que funcionaba como un eficaz dique de contención frente al trasvase de apoyos hacia VOX, se ha derrumbado definitivamente; ya nadie puede sostener que votar a esta formación sea un voto desperdiciado electoralmente. En segundo lugar, ha quedado desarticulado el mecanismo de uso partidista de las encuestas demoscópicas publicadas en medios afines —regados con dinero público— como herramientas de orientación del voto, en tanto que todas ellas han quedado en evidencia al errar estrepitosamente, otorgándole a VOX apenas la mitad de los sufragios que finalmente obtuvo.

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el bipartidismo ha muerto. En esta tierra, que forjó imperios y vio nacer figuras legendarias, se ha firmado el domingo su acta de defunción política. No hay nada que permita suponer que el tsunami iniciado en tierras extremeñas no vaya a continuar en Aragón, Castilla y León, Andalucía y, más pronto que tarde, en unas elecciones generales. Su final es una buena noticia, en cuanto que el sistema había devenido en una estructura podrida desde sus cimientos. Ahora queda por ver si las nuevas alternativas serán capaces de dar soluciones a los graves problemas que afronta España. Esperemos que así sea.